Bukele ofreció un intercambio de prisioneros a Maduro y el venezolano lo rechazó

La situación de varios de los presos políticos mencionados por Bukele ha sido denunciada en las últimas semanas. Mariana González, hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, pidió la liberación de su esposo Rafael Tudares, quien lleva más de 100 días desaparecido tras ser detenido arbitrariamente. En un comunicado, González exigió una fe de vida y denunció la angustia provocada por su ausencia.

Asimismo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que Rocío San Miguel, arrestada en febrero de 2024, sufre una fractura en el hombro desde hace más de siete meses y no ha recibido atención médica especializada, lo cual representa una grave violación a sus derechos humanos.

También se desconoce el paradero y las condiciones del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre tras ingresar a Venezuela desde Colombia.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso un codicioso acuerdo humanitario al régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro: repatriar a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y actualmente detenidos en territorio salvadoreño, a cambio de la liberación de un número equivalente de presos políticos encarcelados en Venezuela.

El ofrecimiento fue realizado directamente por Bukele a través de su cuenta en la red social X, donde destacó que los migrantes detenidos en su país enfrentan graves cargos criminales, como homicidios y violaciones, y que no se trata de presos políticos.

“A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos”, escribió Bukele, enfatizando que los detenidos en Venezuela lo están por razones políticas, por oponerse al régimen y a fraudes electorales.

Mencionó casos emblemáticos como el del periodista Roland Carreño, la activista Rocío San Miguel, y Rafael Tudares, yerno del presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia.

También incluyó en su lista a ciudadanos de otras nacionalidades detenidos en Venezuela, entre ellos estadounidenses, alemanes, argentinos, mexicanos, colombianos, españoles, entre otros.

La reacción del régimen chavista fue inmediata. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, designado por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, calificó la propuesta como “cínica” y atacó duramente a Bukele.

Acusó al presidente salvadoreño de actuar de manera dictatorial y de mantener secuestrados a los migrantes venezolanos, exigiendo pruebas de vida, listas de identificación, estatus judicial y reportes médicos de los detenidos.

Además, Saab negó rotundamente y de manera hipócrita la existencia de presos políticos en Venezuela, afirmando que los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes o por conspiración.

Esta afirmación contradice lo sostenido por organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Misión Internacional Independiente de la ONU, que han documentado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

La propuesta de Bukele se produce en un contexto de creciente presión internacional contra el régimen de Maduro, que inició un tercer mandato en enero de 2024 en medio de denuncias de fraude electoral.

Según el Foro Penal Venezolano, actualmente hay más de 270 presos políticos en el país, incluyendo líderes opositores, activistas y ciudadanos sin filiación partidista. La Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por altos funcionarios venezolanos.

Por su parte, más de 200 venezolanos han sido deportados recientemente desde Estados Unidos hacia El Salvador, muchos de ellos señalados por vínculos con la organización criminal Tren de Aragua, calificada como grupo terrorista por Washington.

El gobierno estadounidense ha financiado su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad creada por Bukele en el marco de su política de mano dura contra las pandillas.

Maduro ha condenado estas deportaciones, acusando a Estados Unidos y a El Salvador de cometer “secuestros” y violaciones masivas de derechos humanos. En respuesta, Bukele insistió en que su país actúa conforme a la ley y reiteró que enviará una comunicación oficial con la propuesta de canje, concluyendo su mensaje con una bendición al pueblo venezolano.

Aunque el régimen de Maduro rechazó la oferta, la propuesta de Bukele ha puesto nuevamente en el centro del debate internacional la situación de los derechos humanos en Venezuela y el destino de miles de migrantes forzados a huir del país.