La persecución contra la familia Bolsonaro suma un nuevo capítulo. La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) planea juzgar antes de fin de 2025 al diputado Eduardo Bolsonaro(PL-SP) por supuestos intentos de interferencia en el juicio contra su padre. La acusación, considerada por juristas independientes como un artificio político, podría costarle su banca y su posible futura candidatura presidencial en 2026.
El caso se origina en agosto pasado, cuando tanto Eduardo como Jair Bolsonaro fueron acusados de “coacción en el curso del proceso” por haber promovido sanciones internacionales contra funcionarios del STF, con el objetivo de frenar un proceso claramente parcial. La Policía Federal tipificó el hecho como delito, con una pena de 1 a 4 años de prisión, aunque reconoce que la eventual condena no depende de que esas sanciones hubieran tenido efecto.
El clima en la Cámara de Diputados es similar: Eduardo enfrenta pedidos de impeachment impulsados por la izquierda, mientras sus aliados en el Congreso barajan la creación de una secretaría de Estado para blindar su mandato frente a la arremetida del Supremo.
Jair y Eduardo Bolsonaro.
El escenario político se vuelve aún más grave a raíz de la confirmación de la condena contra Jair Bolsonaro. El STF ratificó una pena de 27 años y 3 meses de cárcel en el llamado “juicio por el golpe de Estado de 2022”, una narrativa considerada inventada por Lula y sus operadores judiciales para eliminar al principal referente de la oposición.
La votación fue de 4 a 1 en la Primera Sala. Se alinearon Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Cristiano Zanin, exabogado personal de Lula y hoy juez de la Corte, cuyo voto resultó decisivo. El único magistrado que se opuso fue Luiz Fux, quien advirtió sobre la improcedencia de que el STF asumiera un caso de esta naturaleza. “Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, justificó Zanin, en lo que muchos analistas consideran un giro orwelliano: la verdadera ruptura institucional es encarcelar a un expresidente en un proceso sin garantías.
Jair Bolsonaro.
La narrativa oficial sostiene que Bolsonaro intentaba “perpetuarse en el poder”. Sin embargo, desde el bolsonarismo se denuncia un proceso fabricado para criminalizar la disidencia, mientras Lula –con un historial de corrupción y cárcel– consolida su dominio absoluto sobre un Supremo colonizado por el Partido de los Trabajadores.
El escándalo traspasó fronteras. Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, condenó la decisión y apuntó directamente a Alexandre de Moraes: “La persecución política del violador de derechos humanos sancionado Alexandre de Moraes continúa, ya que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil han decidido injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta cacería de brujas”.
