El ''regimen abierto'' tendrá capacidad para 800 internos, carecerá de rejas y utilizará tarjetas electrónicas y reconocimiento facial, en un complejo de 13.000 m² con gimnasio, salas de lectura y espacios comunes.
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En medio de un giro progresivo hacia políticas penitenciarias ultraizquierdistas en España, las administraciones regionales avanzan con iniciativas que buscan redefinir el concepto tradicional de prisión. Bajo el argumento de la ''reinserción social'', estos proyectos plantean modelos menos restrictivos que, para sus críticos, evidencian una preocupante relajación del sistema penal en el marco de la nefasta gestión del Gobierno comunista de Pedro Sánchez y de Salvador Illa en Cataluña.
En este contexto, la Generalitat de Cataluña abrirá en Barcelona una nueva prisión de régimen abierto sin rejas, con capacidad para albergar hasta 800 internos en situación de semilibertad. El centro, ubicado en la Zona Franca, comenzará a operar a finales de este año y estará destinado a personas que cumplen el tramo final de su condena en tercer grado, quienes únicamente acuden a dormir o a realizar controles de seguimiento.
La prisión sin rejas en Barcelona
El complejo se levanta sobre un solar de 6.500 metros cuadrados y cuenta con cerca de 13.000 metros cuadrados construidos. Con su puesta en marcha, se unificarán en un único espacio las plazas actualmente distribuidas entre la antigua prisión de la Trinitat y la sección masculina de Wad-Ras, además de sumar unas 200 camas adicionales.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su diseño, que rompe deliberadamente con la imagen tradicional de las cárceles. Desde el exterior, el edificio podría confundirse con un centro sanitario o administrativo. Está compuesto por tres bloques en tonos grises y blancos, mientras que en el interior predominan colores vivos como el azul, el amarillo y el naranja, con el objetivo de generar un entorno más “amable”.
En línea con esta concepción, las habitaciones —evitando incluso el término «celdas»— carecen de cerraduras convencionales y se accede mediante tarjetas electrónicas. Este sistema también regula el paso por las distintas áreas del recinto, incluidos los tornos de control, donde se incorpora tecnología de reconocimiento facial. No hay rejas ni llaves tradicionales, reforzando la idea de un espacio “más abierto y menos restrictivo”.
Salvador Illa y Pedro Sánchez
Las zonas residenciales se organizan en módulos de varias plantas conectados entre sí, con espacios comunes que incluyen comedores, salas de lectura, aulas formativas, áreas de entrevistas y un pequeño gimnasio. Además, el complejo dispone de patios interiores abiertos a la luz natural, sin elementos de seguridad visibles, lo que acentúa su apariencia más cercana a un edificio residencial que a una prisión convencional.
El proyecto ha requerido una inversión de 35,6 millones de euros y ha sido ejecutado con materiales sostenibles y de bajo mantenimiento, como la cerámica esmaltada. El mobiliario, por su parte, está siendo fabricado por internos a través del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Cire), dependiente de la Consejería de Justicia.
Desde el Govern defienden este modelo como «clave para la reintegración social». El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, sostiene que el régimen abierto permite una transición progresiva hacia la libertad, manteniendo el vínculo con el entorno laboral y social. En esa línea, diversos estudios indican que quienes pasan por este sistema presentan menores índices de reincidencia, aunque el debate político sigue abierto frente a lo que muchos consideran una deriva excesivamente permisiva del sistema penitenciario.
