El Parlamento de Suecia aprobó este lunes una ley que permite a las autoridades revocar permisos de residencia a inmigrantes por motivos de mala conducta, en una nueva señal del giro hacia la derecha en el que avanza en Europa frente a los problemas de inmigración masiva y falta de integración que la izquierda quiso ignorar por años.
La norma habilita al Estado sueco a revisar permisos cuando existan conductas consideradas incompatibles con la permanencia en el país. Entre los ejemplos mencionados por el Gobierno aparecen el impago de deudas o impuestos, el empleo no declarado, la comisión de delitos y los vínculos con organizaciones extremistas.
La inmigración en Suecia provocó un gran deteriorio en la calidad de vida.
La ley alcanza tanto a los permisos de residencia pendientes como a aquellos que ya fueron concedidos, lo que marca un cambio relevante en la política migratoria sueca. La Agencia de Migración será la encargada de analizar cada caso, mientras que las decisiones podrán ser apeladas ante un tribunal migratorio.
El ministro de Migración, Johan Forssell, ya había resumido el espíritu del proyecto al presentarlo en marzo, cuando sostuvo que quienes no se esfuerzan por hacer lo correcto no deberían dar por garantizada su permanencia en Suecia. El permiso de residencia no estará desligado de la conducta del beneficiario.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno sueco y por los Demócratas de Suecia, el partido nacionalista que sostiene parlamentariamente a la administración. La aprobación llega además en la antesala de las elecciones parlamentarias de septiembre, en las que la inmigración y la seguridad volverán a ocupar un lugar central en la agenda pública.
La inmigración en Suecia provocó un gran deteriorio en la calidad de vida.
La oposición y organizaciones de izquierda criticaron la norma por considerar que puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias. Civil Rights Defenders, con sede en Estocolmo, advirtió que la ley puede generar incertidumbre sobre qué acciones o expresiones podrían ser utilizadas contra una persona.
Sin embargo, el avance de la norma refleja un cambio político más amplio en Europa y la toma de conciencia sobre el impacto de la inmigración indiscriminada. Países que durante años promovieron modelos migratorios laxos ahora enfrentan presiones sociales, inseguridad, desequilibrios fiscales y dificultades crecientes para integrar a poblaciones incompatibles con la vida occidental.
