La megabanda movió casi USD 1.000 millones y exportaba el mineral robado a China.
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En un operativo sin precedentes, las autoridades del gobierno de José Antonio Kast lograron desarticular la mayor organización criminal dedicada al robo de cobre en la historia del país, dejando al descubierto la magnitud que ha alcanzado este delito en una de las economías más estratégicas de América Latina.
La llamada “Operación Alto Voltaje”, llevada adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) junto al Ministerio Público, Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, culminó con la detención de 22 personas tras allanamientos simultáneos en al menos siete regiones del país.
El resultado del operativo fue contundente: se incautaron 187 toneladas de cobre, más de 40 vehículos y armamento, además de intervenir decenas de empresas y viviendas vinculadas a la red.
El cobre siendo incautado por la Aduana
Pero lo más alarmante no fue solo el volumen incautado, sino la escala del negocio ilícito. Según las investigaciones, la organización logró mover cerca de USD 917 millones entre 2020 y 2025, operando con un nivel de sofisticación propio del crimen organizado internacional.
El mecanismo era tan simple como efectivo: el cobre era robado principalmente de infraestructura crítica, como redes eléctricas, luego procesado para evitar su trazabilidad y finalmente trasladado hasta el puerto de Iquique, desde donde era enviado en contenedores a China.
La investigación también reveló un entramado empresarial clave para sostener la operatoria. A través de empresas fachada y chatarrerías, la banda lograba blanquear el origen ilegal del metal mediante facturación falsa y maniobras tributarias, integrando así el dinero ilícito al circuito formal.
Toneladas de cobre siendo incautadas por el PDI
Otro dato relevante es la estructura interna de la organización: se identificaron al menos dos clanes familiares con presencia en distintas zonas del país, coordinados por intermediarios encargados del traslado del cobre desde el sur hacia el norte para su exportación.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente: el avance del crimen organizado sobre sectores estratégicos. En un país como Chile, principal productor mundial de cobre, este tipo de delitos no solo implica pérdidas millonarias, sino que afecta directamente a servicios esenciales como la energía y las telecomunicaciones.
La contundencia del operativo muestra que el gobierno de Kast cumple sus promesas de enfrentar estructuras criminales complejas. Sin embargo, también deja en evidencia el enorme desafío que representa contener redes que operan con lógica empresarial, conexiones internacionales y capacidad para infiltrarse en la economía formal.
