La hija okupa de Zapatero: denuncian que protegió a su hija tras ocupar una vivienda en Sevilla

El historial de privilegios del socialismo español suma un capítulo negro que pone en evidencia la doble vara de medir de quienes han ostentado el poder en Moncloa. Según fuentes conocedoras de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces Presidente del Gobierno no dudó en instrumentalizar a las fuerzas de seguridad del Estado para fines estrictamente personales y familiares, protegiendo conductas que para cualquier otro ciudadano habrían supuesto consecuencias legales inmediatas.

Corría el año 2010 cuando la hija mayor de Zapatero, que entonces contaba con apenas 17 años, decidió abandonar el complejo presidencial para instalarse en Sevilla. Lo que podría haber quedado en una rebeldía juvenil se convirtió en un asunto de Estado cuando la joven se instaló junto a su novio en una vivienda ocupada. El hecho de que la hija de quien debía velar por el cumplimiento de la ley en España participara en una usurpación de propiedad generó un pánico absoluto en el núcleo duro del Gobierno socialista.

La situación alcanzó su punto crítico cuando el legítimo propietario del edificio ocupado presentó una denuncia formal. Sin embargo, el brazo de la justicia fue cercenado desde el poder político. Aunque la Policía llegó a personarse en el inmueble con la intención de ejecutar el desalojo, la intervención fue abortada de forma fulminante. Diversas fuentes confirman que la orden de no actuar llegó directamente desde Moncloa, motivada exclusivamente por el pánico a que el incidente trascendiera a la prensa. Según explican testigos de aquel episodio, el motivo fue claro: «Tenían miedo de que saltase a la opinión pública».

Este uso de las instituciones para tapar las vergüenzas familiares no fue un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de permisividad que terminó volviéndose contra el propio Zapatero. Apenas un año después, en 2011, coincidiendo con el estallido del Movimiento 15-M, las hijas del presidente simpatizaron abiertamente con las protestas que cuestionaban, paradójicamente, la gestión de su propio padre y los privilegios institucionales que ellas mismas estaban disfrutando.

Aunque se les impidió acampar en la Puerta del Sol, las jóvenes realizaron una "protesta" de salón pasando la noche en el gimnasio de Moncloa, una anécdota que el propio exministro José Bono relató en sus memorias.

Hoy, esa sombra de impunidad se extiende hacia horizontes aún más turbios. Mientras se revelan estos abusos de poder del pasado, la UDEF investiga actualmente los vínculos de Julio Martínez, señalado como presunto testaferro de Zapatero, en operaciones opacas relacionadas con minas de oro en Venezuela.

Las investigaciones apuntan a proyectos estratégicos como Minerven, la comercialización de «Amarillo» (término que la policía vincula al oro venezolano) y contactos con los llamados «del desierto» en los Emiratos Árabes Unidos.

Incluso el exjefe de la inteligencia chavista, Hugo «El Pollo» Carvajal, ha señalado ante la Audiencia Nacional que Zapatero sería propietario de una mina de oro en el país caribeño.

Desde la protección de una hija okupa en Sevilla hasta las oscuras tramas de oro en Venezuela, el legado del socialismo sigue demostrando que, para sus líderes, las instituciones del Estado no son más que herramientas al servicio de su beneficio personal y la protección de su propia casta.