El Comando Vermelho extendió su control sobre una actividad esencial en el municipio de Banabuiú, en el estado brasileño de Ceará, donde comerciantes denunciaron amenazas y exigencias de pagos para poder vender agua mineral. La organización criminal habría impuesto tarifas semanales de entre 200 y 750 reales a los establecimientos que comercializaban garrafones, bajo la advertencia de que quienes se negaran sufrirían represalias.
Las intimidaciones comenzaron a circular el 19 de octubre mediante mensajes atribuidos a la facción. En ellos, los integrantes del grupo exigían autorización para vender y distribuir agua, además de establecer restricciones sobre determinadas marcas comerciales.
