La Comunidad de Madrid supera los 215 casos de eutanasia en solo 5 años, desde su aprobación como ley

El caso de Noelia Castillo se convirtió en un punto de inflexión dentro de una discusión que ya venía creciendo en España sobre la aplicación de la eutanasia. La joven, de 25 años, falleció tras un procedimiento que se concretó luego de un proceso administrativo y judicial que se extendió durante veinte meses desde la solicitud inicial, en el marco de la Ley Orgánica 3/2021, normativa que regula la prestación de ayuda para morir bajo condiciones estrictamente definidas. Entre ellas, la ley establece que debe acreditarse la existencia de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante, debidamente certificado por el sistema sanitario.

En medio de la conmoción generada por el caso, comenzaron a conocerse cifras que reflejan cómo se ha aplicado esta legislación desde su entrada en vigor. Según se informó, los datos muestran una tendencia progresiva al alza en el número de eutanasias concedidas tanto en el conjunto del país como en distintas comunidades autónomas. En particular, la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, se ubica por encima de la media nacional en este indicador.

Entre 2021 y finales de 2025, un total de 215 personas accedieron a la eutanasia en la región madrileña. La evolución anual evidencia un crecimiento sostenido desde la aprobación de la ley: cuatro casos en 2021, 38 en 2022, 35 en 2023, 62 en 2024 y 76 en 2025. Estas cifras reflejan cómo la práctica se fue consolidando progresivamente dentro del sistema sanitario.

El análisis de los expedientes también permite observar el funcionamiento del proceso administrativo que regula la ley. Durante 2024, en la Comunidad de Madrid se resolvieron 129 expedientes vinculados a solicitudes de eutanasia. De ese total, el 48,06% culminó con la prestación efectiva del procedimiento. Por otro lado, un 18,60% de las solicitudes fueron denegadas por no cumplir con los requisitos clínicos exigidos por la normativa vigente, mientras que un 8,53% fueron revocadas por los propios solicitantes durante la tramitación. Además, en 32 casos el fallecimiento del paciente se produjo antes de que se emitiera la resolución definitiva.

Otro dato que alimenta la discusión pública es la comparación con el resto del país. La Comunidad de Madrid se sitúa por encima de la media nacional en tasa de mortalidad asociada a la eutanasia. En 2024, esta tasa alcanzó el 0,13%, mientras que en el conjunto de España se registró un 0,10%.

La forma en que se llevan a cabo estos procedimientos también muestra patrones claros dentro del sistema sanitario. En Madrid, el 51,6% de las eutanasias se realizaron en hospitales, consolidándose como el principal ámbito donde se ejecuta la práctica. En segundo lugar aparece el domicilio del paciente, con un 43,5% de los casos, mientras que las residencias representan una proporción mucho menor, con apenas el 4,8% de los procedimientos.

A nivel nacional, los datos revelan además cuál es el perfil predominante de las personas que solicitan la eutanasia en España. Más del 77% de los casos corresponden a personas mayores de 60 años, lo que muestra que la práctica se concentra principalmente en edades avanzadas. Las patologías de base más frecuentes que motivan estas solicitudes son enfermedades neurológicas y oncológicas, y prácticamente la totalidad de los procedimientos se realizan dentro del sistema sanitario público.

Sin embargo, el caso de Noelia Castillo, por su edad y por el contexto en el que se produjo, rompió con ese perfil estadístico habitual y reavivó un debate político, moral y social mucho más amplio. Mientras las cifras oficiales muestran una expansión progresiva de la eutanasia desde 2021, sectores críticos sostienen que el caso evidencia las tensiones de un modelo que, bajo el actual marco legal impulsado durante el mandato de Pedro Sánchez, continúa generando profundas divisiones en la sociedad española.