Córdoba: la Corte Suprema confirmó la extradición del exgerente de PDVSA
Luis Abraham Benito Bastidas Ramírez fue capturado por la Policía Federal en 2018 en Córdoba
porRedacción
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El máximo tribunal ratificó el traslado de Luis Bastidas Ramírez a Andorra para ser juzgado por lavado de activos.
La justicia argentina concluyó el proceso legal para enviar a Luis Abraham Benito Bastidas Ramírez, el exgerente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ante los tribunales del principado de Andorra. El implicado había sido capturado por la Policía Federal en 2018 mientras atendía un comercio en las cercanías de la Terminal de Ómnibus de Córdoba. El operativo se ejecutó tras una circular roja de Interpol que señalaba al sujeto como pieza clave en una red de corrupción pública internacional.
Durante su estancia en la capital provincial, el hombre mantenía un perfil bajo conviviendo con su familia en un departamento de la calle Balcarce. Las autoridades andorrenas lo requieren por participar en el blanqueo de capitales provenientes de fondos ilícitos gestionados en la firma energética PDVSA. La resolución final de la Corte Suprema desestima los recursos de la defensa y deja firme la sentencia de envío dictada originalmente en Córdoba.
El esquema delictivo bajo investigación consistía en el ingreso de sumas millonarias al sistema financiero a través de la Banca Privada de Andorra. Según el expediente, el acusado utilizó una sociedad panameña para recibir transferencias que superan ampliamente los ingresos de un funcionario público promedio. Las sospechas se centran en su rol como gerente y sus vínculos familiares directos con la cúpula que dirigió la petrolera entre 2004 y 2013.
El exgerente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberá comparecer ante los tribunales del principado de Andorra
Millonarias transferencias bajo la lupa de Andorra
La investigación detectó dos movimientos bancarios sospechosos realizados entre los años 2011 y 2012 por un total acumulado de 3,4 millones de dólares. El primer envío registrado fue por 600.000 dólares, mientras que el segundo alcanzó los 2,8 millones de dólares mediante contratos de asesoría dudosos. Estos pagos fueron justificados con supuestos servicios de gestión para proyectos eléctricos que la justicia europea considera una fachada para el blanqueo.
El procurador Eduardo Casal sostuvo que el delito consistió en integrar una organización criminal dedicada a ocultar dinero de la corrupción venezolana sistemática. A pesar de los intentos por presentar contratos por una contraprestación de 5.000.000 de dólares, los investigadores no hallaron sustento real para tales servicios. La estructura utilizaba firmas como Tellancourt SA y Highland Assets para triangular los fondos y darles una apariencia de legitimidad contable.
Finalmente, el fallo del máximo tribunal nacional rechazó los cuestionamientos sobre la competencia de Andorra y la supuesta falta de claridad en los hechos imputados. El juez federal Miguel Vaca Narvaja ya había declarado procedente el traslado, decisión que ahora adquiere el carácter de firme e irreversible para el acusado. Con esta medida, el exgerente deberá enfrentar penas que oscilan entre los 5 y 8 años de prisión según el Código Penal del país requirente.
