Córdoba: Passerini se ensañó contra los trabajadores y podría dejar en la calle a 150 empleados de Dioxitek
El intendente Daniel Passerini se negó a habilitar la empresa nuclear argentina Dioxitek en la ciudad de Córdoba y podría dejar en la calle a 150 trabajadores.
Por un capricho político, el municipio prohibió la producción de uranio y frena un plan histórico de inversión estratégica con generación de empleo
Compartir:
La gestión de Daniel Passeriniha cruzado un límite peligroso al ensañarse contra la continuidad de la empresa nuclear argentina Dioxitek en la ciudad de Córdoba. Al calificar como "inadmisible" el pedido de prórroga para la planta de Alta Córdoba, el municipio ignora la estabilidad de 150 trabajadores altamente calificados.
Esta postura inflexible no responde a criterios técnicos, sino a una maniobra política contra el Gobierno de Javier Milei frente a los gastos municipales desmesurados que ejecuta el mandatario local en su gestión.
Daniel Passerini se encaprichó contra el gobierno de Milei y se niega a habilitar a Dioxitek
Dioxitek es una sociedad anónima de capital estatal y la única instalación en el país capaz de producir dióxido de uranio para las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Lejos de estar obsoleta, la compañía está implementando un millonario plan de inversiones que en 2025 permitió alcanzar un récord de producción de 190 toneladas.
Sin embargo, el intendente cordobés prefiere el cese de una industria estratégica antes que facilitar la transición técnica hacia la nueva planta en Formosa.
La planta ha operado durante décadas cumpliendo con las normativas internacionales de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
La destrucción de este capital humano especializadoes una decisión de Passerini que afectará a decenas de familias y pymes proveedoras de Córdoba. Los técnicos y químicos de la firma no pueden ser absorbidos por el mercado administrativo local tras una clausura arbitraria. El orgullo industrial que representa la planta para la soberanía energética está siendo utilizado como moneda de cambio en una puja política de turno.
La falacia ambiental para justificar el intervencionismo
Passerini utiliza denuncias de supuestas fallas técnicas para alimentar un relato pro Agenda 2030 que justifique el desalojo inmediato. No obstante, la planta ha operado durante décadas cumpliendo con las normativas internacionales de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Negar los 8 años necesarios para finalizar la obra en el norte es, en los hechos, empujar a la empresa al cese de actividades.
Este capricho político ignora que cerrar una industria estratégica destruye el conocimiento acumulado y la estabilidad económica de toda una comunidad. La gestión municipal se encamina a transformar una planta productiva en un baldío abandonado, despreciando el sustento de 150 familias cordobesas. El respeto por la propiedad y la iniciativa productiva queda sepultado bajo un intervencionismo estatal que asfixia el desarrollo de la ciudad.
