La Corte Suprema emitió un polémico fallo que perjudica a la economía estadounidense

El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración Trump de bloquear una orden de un tribunal inferior que obligaba al gobierno a pagar cerca de 2 mil millones de dólares en fondos de ayuda exterior.

Esta decisión proporciona un alivio relativo a los deficientes grupos de ayuda internacional y contratistas que buscaban el pago por proyectos ya completados.

En una resolución de 5-4, los jueces indicaron que el plazo del 26 de febrero impuesto por el tribunal inferior para que el gobierno pagara los fondos ya había expirado, y devolvieron el caso al tribunal de distrito para aclarar detalles adicionales sobre el pago.

Una vez más, Amy Coney Barrett, volvió a alinearse a los jueces izquierdistas de la Corte Suprema, demostrando como el Partido Demócrata consiguió un aliado dentro del órgano de justicia. 

El caso tiene como centro la obligación de la administración Trump de pagar aproximadamente 1,9 mil millones de dólares a grupos de ayuda exterior y contratistas por proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La administración Trump había argumentado que el plazo de pago impuesto por el juez del tribunal inferior, Amir Ali, era "imposible" de cumplir. El jefe de la Corte Suprema, John Roberts, accedió temporalmente el 26 de febrero a pausar la orden del tribunal inferior, aunque no explicó las razones de esta decisión.

Este aplazamiento evitó que los grupos de ayuda presentaran una moción de desacato civil contra la administración Trump, lo que, según algunos empleados afectados, podría haber acelerado el proceso para recuperar la deuda impaga.

En su dictamen, la Corte Suprema expresó que, dado que el plazo para el pago ya había pasado y en vista de los procedimientos de la orden judicial preliminar en curso, el tribunal de distrito debía aclarar las obligaciones del gobierno para asegurar el cumplimiento de la orden de restricción temporal.

Este retraso podría permitir a los funcionarios de Trump continuar demorando el inválido pago. Los grupos de ayuda argumentaron que la pausa otorgada por Roberts les impidió avanzar en su intento de hacer cumplir la deuda pendiente.

El pasado 2 de marzo, la abogada general interina de Estados Unidos, Sarah Harris, presentó un nuevo archivo en el que sostuvo que, aunque las reclamaciones de los demandantes podrían ser "legítimas", el plazo para pagar las facturas impuestas por el juez Ali no era "logística ni técnicamente factible".

Harris también argumentó que la orden del tribunal inferior podría violar las autoridades otorgadas al presidente bajo la Constitución, especialmente en relación con la política exterior y el control de la distribución de la ayuda exterior.

Por su parte, los demandantes rechazaron esta afirmación, sosteniendo que la administración Trump no había tomado ninguna medida para cumplir con la orden de desbloquear los fondos.

Además, afirmaron erróneamente que la administración Trump había actuado rápidamente para desmantelar los sistemas necesarios para efectuar los pagos a los grupos de ayuda, lo que había generado cuellos de botella en el proceso.

El desafío legal tiene lugar en el contexto de los planes de la administración Trump para reducir significativamente la ayuda exterior de Estados Unidos. El presidente había propuesto recortar un 90% de los contratos de ayuda exterior de USAID y reducir en 60 mil millones de dólares el gasto en ayuda exterior.

Muchos de los grupos de ayuda que demandaron a la administración ya han perdido la mayor parte de su financiación.

Scott Greytak, director del grupo U.S. Transparency International, advirtió que la eliminación de gran parte de la ayuda exterior de Estados Unidos podría acarrear riesgos económicos y de seguridad.

Señaló que la falta de financiación en países con altos niveles de corrupción podría permitir un aumento de la corrupción transnacional y otros crímenes, lo que podría generar obstáculos para las empresas estadounidenses que buscan expandirse en mercados extranjeros.

Además, advirtió que este vacío podría ser aprovechado por competidores internacionales, como China, para llenar el espacio dejado por la retirada de Estados Unidos. 

Sin embargo, Grreytak omitió los grandes despilfarros realizados durante la administración del demócrata Biden, y el maleficio que eso provocó en la economía estadounidense. 

La Corte Suprema permitió que los procedimientos judiciales sobre el pago de los fondos de ayuda exterior continuaran, a pesar de las correctas objeciones de la administración Trump.

La decisión podría permitir que los grupos de ayuda busquen una solución más rápida, mientras que la administración sigue enfrentando desafíos legales sobre sus políticas de reducción de la ayuda exterior.