El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración Trump de bloquear una orden de un tribunal inferior que obligaba al gobierno a pagar cerca de 2 mil millones de dólares en fondos de ayuda exterior.
Esta decisión proporciona un alivio relativo a los deficientes grupos de ayuda internacional y contratistas que buscaban el pago por proyectos ya completados.
En una resolución de 5-4, los jueces indicaron que el plazo del 26 de febrero impuesto por el tribunal inferior para que el gobierno pagara los fondos ya había expirado, y devolvieron el caso al tribunal de distrito para aclarar detalles adicionales sobre el pago.
Una vez más, Amy Coney Barrett, volvió a alinearse a los jueces izquierdistas de la Corte Suprema, demostrando como el Partido Demócrata consiguió un aliado dentro del órgano de justicia.
El caso tiene como centro la obligación de la administración Trump de pagar aproximadamente 1,9 mil millones de dólares a grupos de ayuda exterior y contratistas por proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La administración Trump había argumentado que el plazo de pago impuesto por el juez del tribunal inferior, Amir Ali, era "imposible" de cumplir. El jefe de la Corte Suprema, John Roberts, accedió temporalmente el 26 de febrero a pausar la orden del tribunal inferior, aunque no explicó las razones de esta decisión.
Este aplazamiento evitó que los grupos de ayuda presentaran una moción de desacato civil contra la administración Trump, lo que, según algunos empleados afectados, podría haber acelerado el proceso para recuperar la deuda impaga.
En su dictamen, la Corte Suprema expresó que, dado que el plazo para el pago ya había pasado y en vista de los procedimientos de la orden judicial preliminar en curso, el tribunal de distrito debía aclarar las obligaciones del gobierno para asegurar el cumplimiento de la orden de restricción temporal.
Este retraso podría permitir a los funcionarios de Trump continuar demorando el inválido pago. Los grupos de ayuda argumentaron que la pausa otorgada por Roberts les impidió avanzar en su intento de hacer cumplir la deuda pendiente.
El pasado 2 de marzo, la abogada general interina de Estados Unidos, Sarah Harris, presentó un nuevo archivo en el que sostuvo que, aunque las reclamaciones de los demandantes podrían ser "legítimas", el plazo para pagar las facturas impuestas por el juez Ali no era "logística ni técnicamente factible".
Harris también argumentó que la orden del tribunal inferior podría violar las autoridades otorgadas al presidente bajo la Constitución, especialmente en relación con la política exterior y el control de la distribución de la ayuda exterior.
