El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación criminal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un gran caso de fraude hipotecario relacionado con dos propiedades inmobiliarias: una casa unifamiliar en Virginia y una vivienda multifamiliar en Brooklyn.
La investigación fue iniciada tras una denuncia formal del director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), William Pulte, designado por la administración Trump. El caso ha suscitado una fuerte controversia política y jurídica, especialmente por el historial de ataque judiciales de James hacia el presidente Donald Trump.
Según información obtenida por los medios Fox News y The Washington Post, un gran jurado en el Distrito Este de Virginia ha emitido citaciones para obtener información sobre las acusaciones contra James.
La investigación se da luego de una denuncia iniciada por el director de FHFA Bill Pulte
Se alega que la fiscal general presentó de manera fraudulenta la casa de Virginia como su residencia principal para obtener condiciones crediticias más favorables. También se le acusa de haber falseado el número de unidades habitables en una propiedad en Brooklyn para obtener mejores términos de financiamiento.
Estas acciones podrían constituir delitos federales, como fraude bancario, fraude por correo, declaraciones falsas a instituciones financieras y fraude electrónico.
El FBI y la Oficina del Fiscal Federal en Albany, en el Distrito Norte de Nueva York, también están llevando a cabo una investigación criminal paralela sobre las mismas acusaciones.
La fiscal general de Nueva York está acusada de un masivo fraude inmobiliario en Virginia y Nueva York
Esta oficina está dirigida por John Sarcone III, un aliado político de Trump. La congresista republicana Elise Stefanik, que representa el distrito donde se originó la investigación, ha elogiado públicamente el proceso, calificándolo como “un paso vital hacia la justicia” y acusando a los líderes demócratas de corrupción.
Letitia James ha rechazado rotundamente las acusaciones. Su abogado, Abbe David Lowell, quien también representa a Hunter Biden en su investigación federal, calificó falsamente la investigación como un acto de ''represalia política'' por parte de Trump, señalando que los hechos fueron previamente aclarados en una carta enviada al Departamento de Justicia el 24 de abril.
Según Lowell, James nunca tuvo la intención de usar la propiedad en Virginia como su residencia principal y aclaró este punto en varios documentos. La confusión habría surgido por un error en una carta de poder.
Elise Stefanik ha elogiado en gran medida el proceso judicial de James
En cuanto a la propiedad de Brooklyn, Lowell afirmó que la documentación más reciente indica que es una residencia multifamiliar de cuatro unidades, contradiciendo el certificado de ocupación de 2001 utilizado por Pulte para sustentar sus alegaciones.
Lowell denunció que las acusaciones resurgieron poco después de que Trump atacara públicamente a James, lo que, según él, demuestra el carácter político del proceso.
También señaló la ironía en que Trump, quien se ha quejado repetidamente de la politización del Departamento de Justicia por parte de la administración Biden, ahora esté utilizando la institución para ''perseguir'' a una funcionaria que lo ha llevado a juicio con éxito.
El abogado contratado por la demócrata es el mismo que representa al drogadicto hijo del expresidente Joe Biden
Además del proceso penal, la organización legal conservadora America First Legal presentó una denuncia contra James ante el Comité de Normas Profesionales del sistema judicial del estado de Nueva York.
El grupo argumenta que, si James cometió fraude para obtener beneficios financieros indebidos, habría violado el código de ética profesional de los abogados y podría enfrentar sanciones del Colegio de Abogados del estado.
La fiscal general ha contratado a Lowell a través de su oficina oficial, lo que significa que los contribuyentes neoyorquinos podrían cubrir parte de los honorarios legales.
Está previsto que los legisladores demócratas en Albany aprueben una provisión para crear un fondo de defensa legal de USD 10 millones, destinado a cubrir gastos legales razonables, incluso en casos no directamente vinculados a la labor oficial de los funcionarios.
La fiscal demócrata ha llevado una intensa persecución política y judicial contra el presidente Trump
