El presidente de los Estados Unidos hará efectiva la firma de una orden ejecutiva para acabar con el estatus de estas ciudades para los inmigrantes ilegales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto firmar una nueva orden ejecutiva el lunes, en un esfuerzo por intensificar su ofensiva contra los llamados ''estados y ciudades santuario'' que se niegan a cooperar plenamente con las autoridades federales de inmigración.
Según informó un funcionario de la Casa Blanca, la orden instruiría al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional a identificar, en un plazo de 30 días, a aquellas jurisdicciones que no están cumpliendo con las leyes federales de inmigración.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de Trump para imponer su agenda de ''ley y orden'', enfrentando principalmente a gobiernos locales dirigidos por demócratas que han adoptado políticas más tolerantes hacia los inmigrantes indocumentados.
La orden ejecutiva incluiría un conjunto de siete reformas importantes, según documentos internos de la administración, dirigidas tanto a reforzar la aplicación de la ley como a facilitar la deportación de inmigrantes ilegales.
Entre las reformas destacadas se encuentra la creación de un mecanismo legal para apoyar a los agentes del orden que enfrenten gastos legales considerados injustos en el cumplimiento de sus funciones.
Esto incluiría asistencia legal pro bono y, posiblemente, indemnización. Asimismo, la orden propone aumentar el acceso de las agencias policiales locales a excedentes de equipo militar, revirtiendo restricciones impuestas por gobiernos demócratas anteriores.
El decreto firmado por Trump facilitaría la deportación de inmigrantes ilegales
Otra sección significativa de la orden permitiría al gobierno federal emprender acciones legales contra funcionarios estatales o locales que obstruyan la aplicación de las leyes criminales o migratorias.
Este punto representa un intento directo de presionar legalmente a las jurisdicciones santuario que limitan su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Además, la orden ejecutiva exige una revisión de los decretos de consentimiento federales, acuerdos extrajudiciales y órdenes judiciales que, según Trump, obstaculizan a la policía.
La ley también provocaría que las jurisdicciones ''santuario'' colaboren con el servicio de inmigración
Muchos de estos decretos se implementaron para corregir patrones de discriminación racial en departamentos de policía a lo largo del país. La administración Trump considera que estas intervenciones federales han limitado injustamente la capacidad operativa de las fuerzas del orden.
Otro cambio relevante se refiere al enfoque de las investigaciones por discriminación racial: la orden exige que se centren en pruebas directas y no en disparidades estadísticas.
La orden también busca canalizar más recursos federales hacia las fuerzas policiales locales y concentrar los esfuerzos de la fiscalía federal en delitos violentos, tráfico de drogas y reincidentes con armas ilegales.
En sus primeros cien días en el cargo, Trump ya había impulsado múltiples medidas para limitar la inmigración ilegal, eliminando además programas humanitarios implementados por la administración anterior y revocando visas a miles de estudiantes por participar en protestas o por tener antecedentes criminales o terroristas.
El presidente Trump ya había firmado distintas leyes enfocadas en facilitar la deportación de inmigrantes ilegales
