El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto firmar una nueva orden ejecutiva el lunes, en un esfuerzo por intensificar su ofensiva contra los llamados ''estados y ciudades santuario'' que se niegan a cooperar plenamente con las autoridades federales de inmigración.
Según informó un funcionario de la Casa Blanca, la orden instruiría al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional a identificar, en un plazo de 30 días, a aquellas jurisdicciones que no están cumpliendo con las leyes federales de inmigración.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de Trump para imponer su agenda de ''ley y orden'', enfrentando principalmente a gobiernos locales dirigidos por demócratas que han adoptado políticas más tolerantes hacia los inmigrantes indocumentados.
La orden ejecutiva incluiría un conjunto de siete reformas importantes, según documentos internos de la administración, dirigidas tanto a reforzar la aplicación de la ley como a facilitar la deportación de inmigrantes ilegales.
Entre las reformas destacadas se encuentra la creación de un mecanismo legal para apoyar a los agentes del orden que enfrenten gastos legales considerados injustos en el cumplimiento de sus funciones.
Esto incluiría asistencia legal pro bono y, posiblemente, indemnización. Asimismo, la orden propone aumentar el acceso de las agencias policiales locales a excedentes de equipo militar, revirtiendo restricciones impuestas por gobiernos demócratas anteriores.
Otra sección significativa de la orden permitiría al gobierno federal emprender acciones legales contra funcionarios estatales o locales que obstruyan la aplicación de las leyes criminales o migratorias.
