Una jueza demócrata suspendió una medida del presidente Trump respecto a Harvard

El viernes, una jueza federal de Estados Unidos, Allison Burroughs, bloqueó temporalmente la decisión de la administración Trump de revocar la capacidad de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros.

En una demanda presentada el mismo día, Harvardcalificó incorrectamente la decisión del gobierno como una ''violación flagrante'' de la Constitución y las leyes federales, argumentando que la medida formaba parte de un esfuerzo más amplio para castigar a la universidad por defender su independencia académica.

Harvard señaló que más del 27 % de sus estudiantes son internacionales y que su exclusión tendría un efecto ''devastador''. La administración Trump podría apelar la decisión.

En una decisión sin precedentes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la eliminación del programa de visas estudiantiles de la Universidad de Harvard, debido a las reiteradas conductas pro-terrorista en protestas estudiantiles y la negativa de la institución a entregar información solicitada sobre estudiantes internacionales.

La medida fue anunciada por la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien acusó a Harvard de fomentar violencia, antisemitismo y de colaborar con el Partido Comunista Chino.

Harvard no sería capaz de inscribir estudiantes internacionales para el año académico 2025-2026. Los actuales estudiantes extranjeros deberán transferirse a otras universidades o abandonar el país antes del inicio del próximo ciclo académico, a menos que se revierta la medida.

Noem justificó la decisión como una respuesta directa a la negativa de Harvard de proporcionar registros de conducta de estudiantes con visa, incluyendo imágenes de protestas y expedientes disciplinarios de los últimos cinco años.

Noem advirtió que la administración de Trump está dispuesta a imponer consecuencias severas a las universidades que no cumplan con las regulaciones federales, afirmando que tener estudiantes extranjeros en sus campus ''es un privilegio, no un derecho.''

También ofreció a Harvard un plazo de 72 horas para entregar la información requerida si desea recuperar su certificación del programa de visas.

Por su parte, Harvard calificó la decisión como ''ilegal'' y argumentó que amenaza seriamente su misión académica y de investigación. En un comunicado, la universidad defendió el valor de su comunidad internacional, compuesta por estudiantes y académicos de más de 140 países, y afirmó estar trabajando para brindar apoyo y orientación a los afectados.

La administración Trump ya había congelado cerca de USD 3 mil millones en fondos federales destinados principalmente a investigaciones científicas en Harvard, y ha iniciado investigaciones en varios departamentos por sus vínculos con el antisemitismo y políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Además, se alega que al menos una docena de estudiantes de Harvard ya han perdido su autorización para estudiar en Estados Unidos debido a su participación en protestas relacionadas con el conflicto Israel-Hamás.

Las protestas, en su mayoría en apoyo a Gaza y en contra de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, han generado tensiones en campus universitarios de todo el país.

La administración también acusa a Harvard de vínculos con instituciones chinas conectadas con el ejército chino. Según el DHS, la universidad ignoró múltiples solicitudes de información sobre antecedentes delictivos de estudiantes internacionales. La falta de cooperación llevó a la cancelación de la certificación de su programa de visas.

En otra respuesta a la medida, un juez federal en California, Jeffrey S. White, emitió una orden judicial que bloquea temporalmente la revocación del estatus legal de los estudiantes internacionales de Harvard.

El fallo impide a las autoridades de inmigración detener o deportar a estos estudiantes mientras se resuelve una demanda pendiente presentada por más de veinte alumnos cuyos visados habían sido cancelados en abril.

En abril, Noem ya había retirado USD 2,7 millones en subvenciones de investigación a Harvard y envió una carta a la directora de servicios de inmigración de la universidad, Maureen Martin, solicitando información sobre el historial criminal de los estudiantes del programa SEVP. Harvard respondió con lo que el DHS consideró una respuesta ''insuficiente e inaceptable''.

El gobierno también ha citado un aumento del 55% en la criminalidad en el campus de Harvard entre 2022 y 2023, incluyendo un aumento del 295% en agresiones agravadas, muchas de ellas relacionadas con tensiones entre estudiantes judíos y manifestantes pro-palestinos.