La parálisis de la infraestructura pública afectó gravemente la economía y la circulación en diversas regiones de Francia. En la ciudad de Lille, la actividad comercial se vio forzada al cierre, registrándose comercios tapiados en la estación Lille Flandres y locales cerrados en el centro comercial Euralille. En materia de transporte regional, el reporte confirmó la suspensión de la mitad (50%) de los servicios TER en el norte del país.
Paralelamente, los focos de violencia se multiplicaron en otras localidades. En Lyon, integrantes del grupo antifa incendiaron contenedores de basura y levantaron barricadas en plena vía pública. En Nantes, se registraron enfrentamientos directos entre manifestantes y la policía antidisturbios, observándose el uso de gases lacrimógenos y pancartas satíricas como “Bravos, por supuesto”.
Las protestas, articuladas por la CGT y la Confederación Democrática Francesa del Trabajo (CFDT), centraron su discurso en el deterioro del poder adquisitivo, la situación salarial y la gestión de los servicios públicos. La secretaria general de la CFDT, Marylise Léon, afirmó en entrevistas para BFMTV: “Tenemos indicadores dentro de las empresas, en diversos sectores, que demuestran que la gente quiere alzar la voz”. Léon justificó las medidas de fuerza señalando: “Tenemos problemas con el poder adquisitivo, nos cuesta llegar a fin de mes. De hecho, nos cuesta incluso subsistir con nuestro trabajo”.
Sin embargo, esta nueva oleada de protestas se suma a los antecedentes inmediatos de agitación social en el país, como los disturbios y saqueos registrados el pasado 17 de octubre, los cuales causaron severos daños en comercios y edificios públicos.
