El gobierno de Biden obligó a los aeropuertos a alojar a inmigrantes ilegales pese a advertencias de seguridad

De acuerdo con el informe, al menos 11 aeropuertos, entre ellos Logan (Boston), O’Hare (Chicago) y JFK (Nueva York), fueron instados o presionados para habilitar terminales, hangares o edificios auxiliares.

Funcionarios de la FAA reconocieron que este uso no convencional de instalaciones aeroportuarias normalmente requeriría una autorización formal debido a las reglas de subvenciones federales, pero el comité afirma que dichas normas fueron ignoradas ''la mayor parte del tiempo'', lo que, según los investigadores, expuso vulnerabilidades de seguridad evitables.

Las advertencias de los propios aeropuertos tampoco habrían detenido la medida. Massport, operador de Boston Logan, alertó de que la infraestructura ''no está diseñada ni equipada'' para manejar la recepción de migrantes y que la decisión podría crear consecuencias de seguridad. Aun así, hasta 352 migrantes pasaron la noche en la Terminal E, generando gastos cercanos a los 780.000 dólares solo en seguridad, limpieza y transporte.

Un informe del Senado estadounidense generó fuertes críticas contra la administración Biden, acusándola de haber ejercido presión sobre aeropuertos de todo el país para convertir instalaciones aéreas en refugios improvisados para migrantes, pese a reiteradas advertencias internas sobre riesgos para la seguridad y el funcionamiento del transporte aéreo.

El reporte de 47 páginas, titulado ''Flight Risk'', fue publicado por el Comité de Comercio del Senado y señala que la decisión había sido impulsada desde la Casa Blanca.

Según el documento, la administración ordenó al Departamento de Transporte (DOT) y a varias de sus agencias, incluidas la FAA, FMCSA y FTA, que identificaran espacios disponibles en aeropuertos federales y locales para albergar o procesar inmigrantes ilegales recién llegados.

Correos internos citados en el informe reflejan sorpresa y preocupación entre el personal: un funcionario de la FAA describió la solicitud como una instrucción ''inmediata'' proveniente de la Casa Blanca, mientras otro empleado del DOT reconoció que la medida era ''material de Fox News en potencia'', mostrando que incluso dentro del aparato federal había conciencia del carácter polémico de la directriz.

En Chicago O’Hare, la situación fue aún más compleja: hasta 900 ilegales fueron albergados en una terminal de autobuses durante meses. En ese periodo, la policía registró 329 llamadas de servicio y 26 arrestos, que incluyeron casos de robos, alteración del orden y una investigación por fallecimiento.

Las autoridades locales admitieron que los solicitantes de asilo no estaban restringidos a la zona designada, lo que aumentó las preocupaciones sobre el control del entorno.

El reporte también subraya un incidente de seguridad en 2024 en el JFK, cuando un ciudadano ecuatoriano burló un puesto de seguridad y accedió a una zona restringida próxima a dos pistas; al ser detenido, portaba un cúter y unas tijeras. Para los autores del informe, este episodio simboliza los riesgos que pudieron haberse agravado bajo la política analizada.

Más allá de los aeropuertos, el comité sostiene que agencias del DOT fueron dirigidas a apoyar operaciones relacionadas con inmigrantes en otros ámbitos, desde la elaboración de folletos informativos hasta la coordinación del transporte interestatal. La FTA, además, habría alentado a recordar a las redes de transporte local que podían usar fondos federales para trasladar a estos migrantes.

El comité concluye que la administración Biden incurrió en una ''peligrosa desviación'' de recursos y que sus decisiones ''hicieron menos seguros los aeropuertos y la aviación'', citando la presencia de ilegales en terminales, el transporte de personas insuficientemente evaluadas y la reasignación de agentes federales a la frontera.

El senador Ted Cruz, presidente del comité, afirmó que el informe revela cómo el gobierno ''cooptó'' a agencias federales y autoridades locales para gestionar migrantes ''a expensas del contribuyente'' y ''poniendo en riesgo a los ciudadanos estadounidenses''.