El presidente de la República Checa, Petr Pavel, ha firmado una enmienda al código penal que criminaliza la promoción de la ideología comunista, equiparándola legalmente con la propaganda nazi. Esta medida entrará en vigencia a partir del primero de enero del año 2026.
La legislación revisada establece penas de hasta cinco años de prisión para quienes ''establezcan, apoyen o promuevan movimientos nazis, comunistas u otros que demuestren buscar la supresión de los derechos y libertades humanos o inciten al odio racial, étnico, nacional, religioso o de clase''.
Esta medida surge tras años de presión por parte de instituciones como el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, que alegaban una ''desigualdad legal'' al sancionarse con severidad la apología del nazismo pero no la del comunismo. Estas instituciones argumentan que ambos regímenes causaron graves violaciones a los derechos humanos y que debían ser tratados por igual en el sistema legal.
La excelente medida ha generado grandes elogios por parte de la sociedad, pero también incertidumbre, especialmente entre sectores de izquierda. La principal crítica proviene del Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM), actualmente liderado por la eurodiputada Kateřina Konečná.
El partido, que recientemente se ha aliado con otras fuerzas en la coalición ''Stačilo'' (''Suficiente''), calificó la legislación como un ''intento de marginar políticamente a la izquierda comunista'' y de intimidar a los críticos del gobierno.
