El Gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, reactivó esta semana las negociaciones para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permitiría regularizar a cerca de 470.000 inmigrantes ilegales en el país.
Se trata de la mayor propuesta de este tipo desde 2005 y, según sus impulsores, busca reconocer la "realidad de miles de personas que ya residen y trabajan en el país sin papeles". Sin embargo, el proyecto no está exento de críticas y generó preocupación por sus posibles efectos negativos en el sistema migratorio, el mercado laboral y la cohesión social.
Impulsada por los grupos de extrema izquierda, la iniciativa había estado congelada durante más de un año en el Congreso de los Diputados, hasta que en septiembre de 2024 la Mesa del Congreso decidió desbloquear su tramitación legislativa, permitiendo que avanzara el debate parlamentario.
