El 1 de agosto, el Gobierno destituyó a la responsable de las alertas del Departamento de Seguridad Nacional tras difundir un comunicado oficial que informaba el ingreso de 49.000 inmigrantes.
En un movimiento que demuestra la fragilidad democrática del socialista Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha destituido con efecto inmediato a la funcionaria responsable de la difusión de las alertas informativas del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de la Presidencia del Gobierno.
El motivo de este cese fulminante no es otro que la distribución de una comunicación oficial, el pasado viernes 31 de julio, en la que se reconocía de forma temprana que el número de inmigrantes ilegales que habían asaltado la frontera en Ceutaalcanzaba ya las 49.000 personas.
Comunicado brindado por la funcionaria
La gestión de la crisis migratoria por parte del gobierno de Sánchez queda retratada por su intento de silenciar los datos que incomodan al relato oficial.
La información difundida por el DSN, que causó un "profundo malestar" entre los responsables políticos, citaba directamente fuentes del Ministerio del Interior y señalaba la llegada de más de 49.000 inmigrantes por el espigón y la playa del Tarajal, una cifra que, según se ha sabido posteriormente, terminó superando los 60.000 inmigrantes ilegales.
Esta transparencia inicial fue corregida de inmediato por la censura monclovita: el mensaje fue borrado de inmediato del sitio oficial y, desde ese día 31, la web del DSN no ha vuelto a publicar nuevas noticias.
Los detalles del cese revelan las formas dictatoriales empleadas desde la Presidencia:
La decisión fue adoptada por la general Loreto Hurtado, jefa del Departamento de Seguridad Nacional, y comunicada a la afectada mediante una llamada telefónica mientras esta se encontraba disfrutando de sus vacaciones.
La orden entró en vigor el 1 de agosto con carácter inmediato, permitiéndose a la empleada únicamente regresar a su despacho para "recoger sus efectos personales".
Ceuta, España.
Se ha roto con la "práctica habitual" de Presidencia; lo normal es acordar el regreso de los funcionarios de carrera a su administración de origen (en este caso, el Ministerio de Defensa). Sin embargo, la funcionaria ha quedado en situación de "disponible sin destino", sufriendo además una "merma en sus retribuciones".
Este atropello administrativo se produce en un contexto donde el Gobierno se ve desbordado y tendrá que "reubicar a centenares de menores" en la península en un plazo de 15 días.
Mientras agencias internacionales como Reuters ya habían reproducido la cifra de los 49.000 antes de las 10 de la mañana del viernes, el equipo de Sánchez prefirió castigar a quien cumplió con su deber de informar sobre la "magnitud de la avalancha migratoria" y las "dimensiones extraordinarias" que había alcanzado la situación.
Este episodio es una prueba más de cómo el Gobierno socialista prioriza el control del daño político sobre la transparencia debida a la nación. A pesar de que la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, ha llegado a felicitar a Sánchez, también le ha reprochado que "no usara el apoyo europeo" durante la crisis.
