El proceso de regularización de inmigrantes ilegales impulsado por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez en España alcanzó cifras que duplican las previsiones iniciales, superando las 900.000 solicitudes.
Desde su puesta en marcha en abril, casi un millón de inmigrantes ilegales, la mayoría proveniente de países africanos, presentaron el pedido para la regularización, superando ampliamente cualquier antecedente en España.
De acuerdo con datos oficiales, hasta el momento se han admitido a trámite 360.000 expedientes. Sin embargo, el volumen total de solicitudes continúa en aumento y se espera que la cifra experimente un nuevo repunte en las dos semanas restantes hasta el cierre del plazo, previsto para el 30 de junio.
Inmigrantes ilegales en las costas de España.
El crecimiento acelerado del número de peticiones no solo marca un récord histórico, sino que también deja atrás el anterior proceso de regularización masiva realizado en 2005.
En aquella oportunidad se registraron 691.655 solicitudes, de las cuales finalmente se concedieron 576.506 permisos, cifras que ya han sido ampliamente superadas por el actual esquema.
Las denuncias contra la regularización masiva
En paralelo, el alcance de la regularización generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales. Uno de los principales cuestionamientos apunta al efecto que podría tener la medida a nivel internacional.
Legalizar a casi un millón de personas envía un mensaje equivocado al exterior y podría fomentar nuevas oleadas de inmigración irregular, además de incentivar las redes de tráfico de personas.
Pedro Sánchez.
Además, si bien la normativa exige la presentación de un certificado de antecedentes penales, la oposición pone en duda la capacidad del Estado español para verificar de manera rigurosa los historiales reales, considerando el volumen masivo de solicitudes en curso y la falta de información en los países de origen.
Otro eje de preocupación se centra en el impacto sobre los servicios públicos. La incorporación masiva de personas generará una fuerte presión sobre la infraestructura estatal. En particular, la saturación del sistema de salud y educativo, así como dificultades adicionales en el acceso a la vivienda.
Con el plazo aún abierto y la posibilidad de que las solicitudes continúen en aumento, el proceso de regularización masiva se consolida como uno de los más extensos y polémicos de las últimas décadas en España.
