El gobierno de Estados Unidos confirmó este sábado que el narco-dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron formalmente imputados por múltiples delitos federales tras haber sido capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación militar de alto riesgo ejecutada en la madrugada.
La fiscal general Pam Bondi informó que ambos enfrentan cargos en el Distrito Sur de Nueva York, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y artefactos destructivos, y conspiración para utilizarlos contra Estados Unidos.
En un mensaje publicado en la red social X, Bondi afirmó que Maduro y Flores ''pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en tribunales estadounidenses'', subrayando que la operación fue el resultado de años de investigación y de la determinación del gobierno de exigir responsabilidades a quienes considera responsables de introducir drogas, violencia y terrorismo en territorio norteamericano.
La fiscal general agradeció explícitamente al presidente Donald Trump por ''tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense'' y a las fuerzas armadas por llevar a cabo una misión que calificó de ''increíblemente exitosa''.

Según las autoridades, Maduro, de 63 años y en el poder desde 2013, fue detenido tras una serie de ataques aéreos ordenados por Trump contra instalaciones militares estratégicas en Caracas.
Las explosiones comenzaron alrededor de las 2:00 a.m., afectando complejos como Fuerte Tiuna, el mayor recinto militar del país, donde se registraron incendios de gran magnitud. Funcionarios estadounidenses sostienen que estas acciones tuvieron como objetivo proteger a las fuerzas encargadas de ejecutar la orden de arresto y neutralizar amenazas inmediatas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Maduro fue arrestado para ser juzgado en Estados Unidos, según declaró el senador Mike Lee tras mantener una conversación directa con él. Lee sostuvo que la operación se enmarca en la autoridad inherente del presidente bajo el Artículo II de la Constitución para proteger al personal estadounidense frente a ataques reales o inminentes.











