La administración del presidente Donald Trump ha adoptado una nueva y contundente estrategia contra el narcotráfico, al autorizar el uso de fuerza letal contra grupos criminales vinculados a carteles de droga en América Latina.
La decisión se basa en una opinión legal clasificada emitida por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia, que considera a estos cárteles como amenazas inminentes a la seguridad nacional, equiparándolos a grupos terroristas o combatientes ilegales.
Este dictamen, aún no divulgado públicamente, permite al presidente ordenar ataques letales sin necesidad de autorización judicial previa, ampliando de forma significativa las capacidades del Poder Ejecutivo para combatir al narcotráfico en el extranjero.
De acuerdo con fuentes familiarizadas con el documento, la lista de cárteles contemplados en esta política va más allá de aquellos que han sido designados públicamente como organizaciones terroristas.
La medida ha tenido consecuencias inmediatas: el Pentágono ha confirmado al menos cuatro ataques contra embarcaciones en el Caribe, con resultados letales para personas que estaban afiliadas a los carteles designados. El más reciente ocurrió la semana pasada, cuando un ataque ordenado por el Departamento de Defensa mató a cuatro individuos a bordo de una embarcación criminal.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió públicamente las acciones, afirmando que Estados Unidos se encuentra en un ''conflicto armado'' con estas organizaciones criminales. Por su parte, fuentes del Departamento de Justicia señalaron que el dictamen de la OLC ha servido de base legal para justificar esta postura agresiva.
Asimismo, se ha informado que la CIA ha recibido autorización para ampliar sus operaciones encubiertas contra los cárteles, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo acciones letales. Drones de vigilancia, con capacidad armada, ya están operando en espacio aéreo mexicano, como parte de una estrategia más amplia de recolección de inteligencia y disuasión.
