Israel dio un paso significativo en el endurecimiento de su política penal frente al terrorismo al aprobar una reforma legal que establece la pena de muerte para condenados por asesinatos terroristas. La medida, impulsada en un contexto de alta tensión regional y tras los ataques del 7 de octubre, busca reforzar la capacidad disuasiva del Estado frente a quienes recurren a la violencia contra la población y las instituciones israelíes. Históricamente, la pena capital ha sido extremadamente excepcional en Israel. Desde la fundación del Estado en 1948 solo se aplicó una vez, en 1962, cuando fue ejecutado el criminal nazi Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto. Hasta ahora, la legislación israelí contemplaba la pena de muerte únicamente para casos extraordinarios vinculados a crímenes de guerra o genocidio.
La nueva reforma fue aprobada este lunes por la Knesset —el Parlamento israelí— tras casi doce horas de intenso debate parlamentario. Según informó el diario The Times of Israel, el proyecto obtuvo 64 votos a favor y 48 en contra. Sin embargo, en otra parte del proceso legislativo se consignó también una votación de 62 votos a favor y 48 en contra para la aprobación final del texto que introduce la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista. El nuevo marco legal incorpora varias disposiciones que modifican de forma sustancial el procedimiento judicial en casos de terrorismo. Entre ellas, se establece la posibilidad de ejecuciones por ahorcamiento, la habilitación de ejecuciones secretas, la limitación de recursos judiciales y la facultad de que un tribunal militar condene a muerte por mayoría simple, eliminando así el requisito de unanimidad que existía previamente.
De acuerdo con lo detallado por The Times of Israel, la ley se aplicará principalmente en tribunales militares de Cisjordania, donde son juzgados acusados palestinos, mientras que los ciudadanos israelíes continúan siendo procesados en tribunales civiles. Aunque el texto legislativo declara formalmente que su alcance es general, uno de sus artículos restringe su aplicación a quienes provoquen intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel, una definición que en la práctica apunta a quienes participan en acciones terroristas contra el país. La reforma establece que los tribunales militares que juzgan a acusados de terrorismo en Cisjordania estarán obligados —salvo “circunstancias especiales” no definidas— a imponer la pena capital a palestinos residentes en ese territorio ocupados por el Ejército israelí. En cambio, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes tendrán la posibilidad de aplicar cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knesset y votó a favor de la reforma. La iniciativa fue promovida por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Poder Judío. Tras la votación, Ben Gvir defendió la medida con un mensaje contundente. Según recogió The Times of Israel, afirmó: “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”. La reforma contó además con el respaldo del partido gobernante Likud, liderado por Netanyahu, así como del partido opositor Yisrael Beitenu y de las formaciones ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
El texto aprobado no sufrió modificaciones tras pasar por comisión parlamentaria la semana anterior. Luego de aprobarse la reforma, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán dentro del Parlamento, aunque un ujier se lo impidió. Minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles desde Irán hacia la región de Tel Aviv, un episodio que reflejó el clima de tensión en el que se aprobó la legislación.
Durante el debate parlamentario también hubo fuertes críticas desde sectores opositores. El diputado del partido Yesh Atid (Hay Futuro), Matti Sarfatti, condenó la iniciativa al afirmar: “La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, calificándola además de “claramente inconstitucional”. Las organizaciones de derechos humanos reaccionaron de inmediato al contenido de la reforma. El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel (Adalah) sostuvo que la ley institucionaliza el “asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza”. Su directora legal, Suhad Bishara, denunció que la norma “está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial”.
