El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Seúl tras ser declarado culpable de ''encabezar una insurrección'' al declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024. La fiscalía había solicitado la pena de muerte, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997.
El fallo sostiene que Yoon intentó subvertir el orden constitucional al desplegar tropas para bloquear la Asamblea Nacional de Corea del Sur y ordenar el arresto de varios políticos en medio de una profunda crisis institucional.
El juez Ji Gwi-yeon lo calificó como ''líder de la insurrección'' y afirmó que sus decisiones causaron un daño grave a la democracia surcoreana. Sin embargo, el panel determinó que no existían pruebas suficientes para concluir que la imposición de la ley marcial hubiese sido planificada con un año de anticipación.
La declaración de la ley marcial, anunciada en televisión nacional, sacudió al país y generó una inmediata reacción política, acompañada por un apoyo de la ciudadanía.
Previamente la fiscalía había solicitado la pena capital para Yoon
Yoon justificó la medida alegando la necesidad de proteger al Estado frente a fuerzas anti estatales y afiliadas al régimen norcoreano y denunció la obstrucción sistemática de la oposición parlamentaria, que controlaba la mayoría legislativa.
Horas después del anuncio, legisladores lograron ingresar a la Asamblea Nacional y votaron para anular la orden, forzando su rápida revocación.
El episodio abrió un periodo de intensa inestabilidad política que culminó con la destitución de Yoon mediante un proceso de juicio político, seguido por una serie de acusaciones formales contra él y otros altos funcionarios de su gobierno.
Lee Jae-myung, actual presidente de Corea del Sur, es un férreo admirador del régimen norcoreano
Durante el juicio, el exmandatario defendió que, como presidente, tenía facultades constitucionales para declarar la ley marcial en circunstancias excepcionales y sostuvo que actuó para preservar la soberanía nacional y el orden institucional.
La lectura de la sentencia se desarrolló en un ambiente de fuerte polarización social. Miles de simpatizantes del exmandatario se congregaron frente al tribunal con pancartas que pedían su regreso al poder, mientras que escasos manifestantes opositores exigían la pena capital.
Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad, con cerca de mil agentes y decenas de autobuses policiales para resguardar el perímetro del edificio judicial.
Los abogados de Yoon denunciaron que la decisión carece de sustento probatorio sólido y acusaron al tribunal de actuar bajo presión política. Si alguna de las partes presenta un recurso, el caso será revisado por el Tribunal Supremo, lo que podría prolongar el proceso durante varios meses antes de que la sentencia quede firme.
Yoon afirmó que durante su mandato, poseía las facultades para establecer la ley marcial
Otros exfuncionarios también recibieron condenas por su participación en los hechos. El ex primer ministro Han Duck-soo fue sentenciado a 23 años de prisión, mientras que el exministro de Defensa Kim Yong-hyun recibió una pena de 30 años por haber aconsejado la imposición de la ley marcial.
Ex responsables de Interior, inteligencia y la policía también fueron encarcelados por lo que los jueces describieron como ''una insurrección desde la cúpula del poder''.
Pese a la severidad de la condena, analistas recuerdan que varios expresidentes surcoreanos fueron encarcelados en el pasado y posteriormente indultados tras cumplir parte de sus penas.
El futuro judicial y político de Yoon dependerá ahora de la eventual revisión del Tribunal Supremo y del clima político en un país que continúa dividido tras uno de los episodios más dramáticos de su historia democrática reciente.
Han Duck-soo, ex primer ministro, también fue sentenciado a 23 años de prisión
