El expresidente surcoreano se enfrenta a la pena capital, que no se ha llevado a cabo en casi tres décadas.
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El proceso judicial contra el expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha entrado en su fase decisiva tras la petición de la fiscalía de imponerle la pena de muerte si es declarado culpable del cargo de liderar una supuesta insurrección, derivada de su intento de declarar la ley marcial en diciembre de 2024.
Durante los alegatos finales ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl, los fiscales describieron a Yoon como el ''cerebro'' de una operación destinada a consolidar el poder mediante el uso de las fuerzas armadas.
Sin embargo, la defensa del exmandatario sostiene que la declaración de la ley marcial fue un acto político simbólico, amparado por las atribuciones constitucionales del presidente, y no un intento real de golpe de Estado.
La fiscalía describió a Yoon como el autor intelectual de un supuesto golpe de estado
El episodio duró apenas seis horas y terminó cuando 190 legisladores lograron reunirse y aprobar una resolución que obligó a Yoon a levantar la medida, decisión que el entonces presidente acató de inmediato. No hubo muertos, enfrentamientos armados ni una toma efectiva del poder, un punto que la defensa considera central para cuestionar la gravedad del cargo de insurrección.
Yoon ha reiterado ante el tribunal que su objetivo era alertar a la opinión pública sobre los abusos y bloqueos institucionales por parte de la oposición, y no instaurar una dictadura. ''Actué para proteger a la nación'', afirmó, insistiendo en que su decisión no buscaba destruir el orden constitucional.
La solicitud de la pena capital ha generado especial controversia. Corea del Sur no ejecuta a nadie desde 1997 y es considerado un país abolicionista de facto. Incluso en el histórico juicio de 1996 contra los exmandatarios Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo, las condenas iniciales fueron reducidas y ambos terminaron siendo indultados.
Para los partidarios de Yoon, resulta desproporcionado que se pida la máxima pena para un acto que no causó víctimas mortales ni un quiebre permanente del sistema democrático.
Durante la ley marcial en 2024 no se registraron muertos ni heridos
El caso se desarrolla además en un contexto de fuerte polarización política. Yoon, destituido formalmente en abril de 2025 tras ser sometido a un juicio político, enfrenta múltiples procesos penales simultáneos, desde abuso de poder hasta obstrucción de la justicia. Sus seguidores denuncian una ''cacería judicial'' impulsada tras la llegada al poder del comunista Lee Jae Myung, su antiguo rival político.
Aunque la fiscalía presentó testimonios y documentos que describen planes extremos discutidos por funcionarios cercanos a Yoon, la defensa subraya que no existen pruebas concluyentes de que el expresidente ordenara directamente actos de violencia o detenciones ilegales, ni de que dichos planes se materializaran.
El tribunal tiene previsto emitir su veredicto a mediados de febrero. Más allá del resultado, el juicio contra Yoon Suk Yeol se ha convertido en un caso emblemático que pone a prueba la independencia judicial y la solidez democrática de Corea del Sur.
Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur y fanático del régimen de Corea del Norte
