Era investigada por difundir propaganda del Estado Islámico y por planear un viaje a Irak para unirse al grupo yihadista
Compartir:
Una mujer yihadista del barrio Zabalgana, en Vitoria, España, de origen peruano y con nacionalidad española, aceptó este martes un acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el delito de autoadoctrinamiento y autocapacitación con fines terroristas.
Gracias al pacto alcanzado, tanto ella como su familia podrán continuar residiendo en su actual vivienda subsidiada por el Estado, ya que no se establecieron medidas que afecten a su situación habitacional, según informaron medios españoles.
La mujer fue detenida en septiembre de 2023 durante una operación de la Guardia Civil, que la investigaba por difundir propaganda del Estado Islámico y por planear un viaje a Irak para unirse al grupo yihadista. Durante la investigación, los agentes detectaron que gestionaba canales en aplicaciones de mensajería desde los que compartía material audiovisual con contenido extremista.
La yihadista detenida.
En el registro de sus dispositivos electrónicos se encontraron más de 92.000 imágenes, 2.300 vídeos y más de 1.000 archivos de audio en varios idiomas, todos vinculados al ideario islamista radical. Tras su arresto, sus cuatro hijos menores quedaron bajo el cuidado de su padre, quien no tenía relación con las actividades investigadas.
Durante la audiencia judicial celebrada esta semana, la acusada, que se presentó cubierta con un niqab, admitió los hechos aunque negó haber intentado adoctrinar a sus hijos, a pesar de que en el sumario figuran mensajes en los que expresaba su deseo de que se convirtieran en terroristas islámicos. Afirmó que tales declaraciones se produjeron en un contexto "emocional" y no reflejaban intenciones concretas.
La yihadista detenida.
El acuerdo alcanzado redujo la pena solicitada inicialmente por el Ministerio Público de España, que era de cinco años de prisión. Finalmente, se fijó una condena de un año de cárcel —que no se cumplirá de forma efectiva— y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos o trabajar en el ámbito educativo.
El fiscal español justificó la rebaja al considerar que la mujer había mostrado un supuesto "rechazo explícito al terrorismo" y una actitud de "colaboración" con la Justicia. También explicó que, aunque su superior contemplaba una pena mayor, él consideró más adecuado el castigo pactado con la defensa.
