El primer ministro británico, Keir Starmer, presentó una ambiciosa reforma migratoria con el objetivo de reducir significativamente la migración neta hacia el Reino Unido en los próximos cuatro años.
Esta medida responde al fuerte aumento en los niveles de inmigración tras el Brexit, que alcanzaron un récord de 906.000 personas en junio de 2023, y a la creciente presión política tras el ascenso del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage.
Starmer afirmó que el sistema migratorio actual estaba fuera de control y prometió establecer un sistema ''selectivo y justo'', en el que ''decidamos quién entra al país''.
Aunque se negó a establecer una cifra objetivo, el Ministerio del Interior estima que las medidas propuestas podrían reducir la inmigración en aproximadamente 100.000 personas por año hasta 2029.
El crecimiento de líderes como Nigel Farage y la presión de su partido político han sido determinantes para esta reforma
Entre los cambios más relevantes destacan los siguientes:
Endurecimiento de los requisitos lingüísticos: Los dependientes de los titulares de visas principales deberán demostrar conocimientos básicos de inglés. Para las visas de trabajadores calificados, se elevará el nivel requerido a ''intermedio alto'', y quienes deseen renovar sus visas deberán demostrar progreso en el idioma.
Cambios en el estatus de residencia: Actualmente, los migrantes pueden solicitar el estatus de residencia permanente tras cinco años. Bajo el nuevo plan, se necesitarán 10 años, aunque habrá excepciones para “contribuyentes altamente calificados”, como médicos y enfermeros.
Eliminación de la visa para trabajadores del sector de cuidados: El gobierno eliminará la visa que permitía a trabajadores de salud y cuidado social venir del extranjero. Se permitirá una transición hasta 2028 para quienes ya estén en el país, pero las empresas deberán contratar trabajadores nacionales o renovar las visas existentes.
Nuevas restricciones para visas estudiantiles: El periodo de estancia posterior a la finalización de los estudios se reducirá de dos años a 18 meses. Las instituciones educativas deberán cumplir umbrales más estrictos: al menos 95% de los estudiantes internacionales deben comenzar sus cursos, y el 90% debe finalizarlos.
Incremento en los requisitos educativos: Para obtener una visa de trabajador calificado, se requerirá al menos un título universitario, en lugar del nivel A-level (equivalente a bachillerato). Esta medida podría hacer inelegibles alrededor de 180 roles laborales.
Aumento de los costos para empleadores: El cargo por habilidades migratorias aumentará un 32%, lo que significa que las pequeñas empresas pagarán hasta £2.400 por trabajador patrocinado, y las grandes, hasta £6.600.
Revisión del artículo 8 de la Ley de Derechos Humanos (derecho a la vida familiar): Se introducirá legislación para restringir su uso en casos migratorios, otorgando más control al Parlamento sobre quién puede permanecer en el país.
Refuerzo del cumplimiento y deportaciones: Se ampliarán los poderes del Ministerio del Interior para revocar visas y deportar a quienes cometan delitos, incluso si no han cumplido condena. Se dará prioridad a casos de violencia contra mujeres y niñas.
Migración por motivos humanitarios: Se mantendrán los programas especiales para personas procedentes de Ucrania, Hong Kong y Afganistán, aunque se revisarán sus esquemas de patrocinio. Se permitirá a un número limitado de refugiados aplicar a través de rutas de empleo calificadas.
Digitalización y control financiero: El uso de eVisas facilitará la localización de quienes sobrepasen su estancia legal. Además, los bancos y otras instituciones financieras estarán obligados a negar servicios a personas sin estatus legal y reportarlas al gobierno.
Keir Starmer defendió las medidas como necesarias para garantizar un sistema justo y controlado, y rechazó las críticas que afirman que estas políticas responden al crecimiento electoral de Reform UK.
Afirmó que ''sin reglas claras, el Reino Unido corre el riesgo de convertirse en una isla de desconocidos'', y que está preparado para tomar medidas adicionales si fuera necesario para aliviar la presión sobre la vivienda y los servicios públicos.
No obstante, la reforma ha provocado reacciones mixtas:
Desde la derecha, la líder conservadora Kemi Badenochcalificó las propuestas como ''versiones diluidas'' de políticas tories y abogó por un límite legal vinculante a la migración.
Desde la izquierda, figuras del Partido Laborista como la diputada Nadia Whittome acusaron al primer ministro de replicar la retórica anti migrante de la extrema derecha, mientras que organizaciones como Care4Calais advirtieron que este tipo de lenguaje podría incitar disturbios raciales.
Empresarios y universidades mostraron preocupación por el impacto económico de las restricciones, advirtiendo que la reducción del acceso a talento extranjero afectará la productividad, especialmente en sectores como tecnología y salud.
Starmer respondió que el aumento de la migración no ha contribuido al crecimiento económico, y que las industrias deben dejar de depender de mano de obra barata del extranjero e invertir en capacitar a la fuerza laboral británica.
Miembros del Partido Conservador han criticado la ley por considerarla tardía
