La publicación de nuevos informes sobre las "Raping Gans" en Reino Unido ha reavivado las críticas contra el primer ministro británico, Keir Starmer, por su gestión al frente de la Crown Prosecution Service (CPS) entre 2008 y 2013.
durante los cinco años en donde Starmer fue director de la Fiscalía Británica las autoridades no actuaron con la contundencia necesaria frente a redes de explotación sexual infantil que operaban en distintas ciudades del país. Más de 13 mil inmigrantes musulmanes en Reino Unido no fueron a juicio a pesar de cometer delitos sexuales contra niñas o mujeres blancas en el país y en vez de ello solo tuvieron que otorgarle disculpas a las víctimas.
Este caso demostró que, bajo la administración de Starmer, las instituciones publicas privilegiaron enfoques administrativos en vez de procesos penales para evitar que sean tildados de "racistas". Estas denuncias forman parte de un debate político sobre la inmigración ilegal y el partido laborista que lleva años dividiendo a la sociedad británica.
La controversia se intensifica porque muchos consideran que el Estado británico bajo el laborismo ha mostrado una actitud mucho más severa en otros ámbitos, incluyendo delitos relacionados con publicaciones en redes sociales, discursos considerados de odio o alteraciones del orden público.
