Entre las víctimas fatales se encuentran una niña de 10 años, un rabino, un sobreviviente del Holocausto y ciudadanos de Israel y Francia. Al menos 38 personas permanecen hospitalizadas, incluidos dos agentes de policía.
Tras la masacre, Albanese calificó el ataque como un acto de terrorismo antisemita y anunció propuestas para endurecer la legislación, entre ellas limitar el número de armas que una persona puede poseer, revisar periódicamente las licencias y restringir la tenencia de armas a ciudadanos australianos. También se planteó reforzar el uso de inteligencia criminal en la evaluación de solicitudes de licencias.
No obstante, las críticas se intensificaron luego de que el primer ministro confirmara que la agencia de inteligencia interna había investigado al hijo en 2019 por sus vínculos con personas asociadas al extremismo islámico, aunque en ese momento concluyeron que no representaba una amenaza directa.













