La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) de Alemania publicó un informe titulado “Delincuencia en el contexto de la migración” de 2024, en donde se revela el fuerte contraste entre las tasas de sospechosos alemanes e inmigrantes ilegales en diversos tipos de delito. El estudio federal, presentado esta semana, volvió a situar en el centro de la discusión la relación entre la inmigración ilegal, seguridad y política de deportaciones.
El documento señala que, al analizar el total de sospechosos registrados por la policía durante 2024, los inmigrantes concentran más del 40% de los casos, un porcentaje que continúa creciendo desde hace una década. Según los datos oficiales, se contabilizaron 2.184.834 sospechosos, de los cuales 913.196 son extranjeros, equivalentes al 41,8%. Estas cifras, ya de por sí significativas, adquieren mayor peso al observarse las tasas específicas por nacionalidad.
Un inmigrante ilegal en Alemania.
Mientras entre ciudadanos alemanes se registran 163 sospechosos por cada 100.000 habitantes, los números aumentan de forma pronunciada en determinados grupos de origen extranjero. En el caso de los sirios, la tasa asciende a 1.740 por cada 100.000 habitantes, y entre los afganos llega a 1.722, según detalla el informe. El mismo patrón se repite en categorías como delitos sexuales o vinculados a las drogas.
Esta disparidad llevó al ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), a anunciar que el gobierno alemán endurecerá su postura en materia migratoria. En declaraciones al diario Bild, el funcionario subrayó que “los migrantes que se integran, trabajan y cumplen la ley pueden permanecer en Alemania, pero quienes cometen delitos o representan una amenaza corren el riesgo de perder este derecho”.
Un manifestante alemán pro inmigración ilegal.
Dobrindt confirmó que su cartera trabaja actualmente en la planificación de deportaciones tanto a Afganistán como a Siria, con el objetivo de expulsar del país a delincuentes y a personas consideradas potencialmente peligrosas.
El informe y las palabras del ministro se dan en un contexto donde el gobierno alemán también ha intentado frenar la llegada de nuevos inmigrantes ilegales, aunque con resultados escasos. Una de las iniciativas más llamativas fue la oferta de 1.000 euros a ciudadanos afganos para que se retiraran voluntariamente del programa de reubicación.
La medida, sin embargo, tuvo escaso impacto: solo un 10% aceptó el incentivo económico. Organizaciones humanitarias como Kabul Airlift sostienen que las pocas familias que accedieron lo hicieron porque el programa incluía visados a otros países.
