El incumplimiento de esta prohibición implicaría una multa de entre 300 y 3.000 euros.
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La primer ministro italiana, Giorgia Meloni, mediante su partido Hermanos de Italia (FdI), presentó el miércoles ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos, oficinas, centros educativos y universidades, además de establecer normas sobre la financiación de mezquitas, entre otras medidas.
"Servirá para contrarrestar la creación de enclaves, contrasociedades en las que se aplica la sharia y no el ordenamiento jurídico italiano, y donde florece el fundamentalismo islámico", señaló la diputada del FdI Sara Kelany, quien presentó la iniciativa junto al vocero del partido en la Cámara, Galeazzo Bignami, y al subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro.
Meloni propuso prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos de Italia
La iniciativa consta de cinco artículos. El quinto establece: "Se prohíbe el uso de prendas que cubran el rostro, mascarillas o cualquier otro medio que dificulte el reconocimiento personal en lugares públicos abiertos al público, centros educativos de cualquier tipo y nivel, universidades, establecimientos comerciales y oficinas". El incumplimiento de esta prohibición implicará una multa que oscilará entre 300 y 3.000 euros.
Asimismo, el proyecto incluye "disposiciones relativas a la financiación y construcción de edificios de culto, con el fin de aclarar y transparentar el origen de los fondos y evitar que estos provengan de personas físicas o jurídicas con fines contrarios al ordenamiento del Estado", así como la obligación de informar al Ministerio del Interior sobre cualquier financiación proveniente del extranjero.
El velo islámico.
Por otro lado, el artículo 3 modifica el artículo 558 del Código Penal, relativo a la inducción al matrimonio mediante engaño, elevando las penas, con el propósito de combatir con mayor eficacia los matrimonios concertados.
En concreto, se estipula que quien, mediante violencia, amenazas o aprovechándose de excusas religiosas o de una situación de vulnerabilidad, obligue a una persona a contraer matrimonio, incluso fuera del país, enfrentará una pena de entre cuatro y diez años de prisión.
Cabe recordar que, en enero pasado, la Liga, partido también en el Gobierno italiano, presentó una iniciativa similar que quedó archivada. Su objetivo era prohibir el uso de prendas que oculten el rostro, como el burka o el niqab, por razones de orden público y el respeto a la dignidad de la mujer.
