El Reino Unido atraviesa una de las crisis sociales más profundas de su historia reciente, marcada por un estallido de furia popular frente a lo que se percibe como una gestión catastrófica de la inmigración ilegal y la seguridad pública por parte de la izquierda gobernante.
La indignación, que ha escalado desde las redes sociales hasta batallas campales en las ciudades de Belfast, Londres, Southampton y Glasgow, responde a un sistema que parece proteger al victimario extranjero mientras criminaliza al ciudadano británico que se atreve a protestar.
El foco de la rebelión se encendió inicialmente en Southampton, donde cientos de manifestantes se concentraron frente a la comisaría central bajo el lema “Justicia para Henry”.
Lo que comenzó como una vigilia derivó en enfrentamientos violentos cuando los ciudadanos, hartos de la inacción estatal, lanzaron ladrillos, bengalas, sillas y contenedores contra los cordones policiales. El saldo de la jornada fue de 11 agentes heridos y 2 personas detenidas, mientras la tensión se extendía a la zona de Portswood.
Este clima de insurrección responde a dos crímenes brutales perpetrados por extranjeros que han servido como catalizadores del hartazgo social:










