El Estado español, que en su momento no protegió a la víctima y la abandonó, ahora le quitó la vida
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Noelia Castillo Ramos murió este jueves 26 de marzo en España tras llevar a cabo el procedimiento de eutanasia autorizado por la Justicia, en un caso que generó una fuerte polémica a nivel mundial por el repudiable papel del Estado y recientes denuncias de presiones por parte del hospital para lograr su muerte.
La joven, de 25 años, se encontraba en una situación crítica desde 2022, cuando quedó con paraplejia irreversible tras saltar desde un quinto piso para intentar suicidarse, luego de haber sido víctima de una violación por parte de inmigrantes ilegales en un centro de menores donde estaba bajo tutela estatal.
En las horas previas al procedimiento, el hospital impidió que su mejor amiga pudiera verla antes de morir. “Quería intentar que cambiara de opinión”, afirmó la joven, en relación a su intención de hablar con Noelia antes de la eutanasia.
El proceso que culminó con su muerte había sido aprobado tras meses de instancias legales, pero en los últimos días se sumaron denuncias que profundizaron la polémica.
Noelia Ramos
Las presiones del hospital
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denunció públicamente que el hospital había presionado para que se llevara adelante la eutanasia debido a que necesitaban sacarle los órganos.
“Lo que nos ha dicho su madre es que cuando ganamos las primeras cautelares, lo que le dicen es que ‘no puedes hacer eso porque ya teníamos todos tus órganos comprometidos’”, afirmó Castellanos. Según explicó, esta situación llevó a que la madre hiciera firmar a su hija un documento para rechazar la donación.
“Noelia estuvo planteándose aceptar la eutanasia, pero que desde el hospital le dijeron que había ‘varias personas que se podían salvar con sus órganos’. La madre estaba presente cuando se lo dijeron. Ella no quería que su hija donase sus órganos”, indicaron los abogados.
La vida de Noelia
La historia de Noelia estuvo atravesada por un contexto difícil desde su infancia, marcada por problemas familiares que derivaron en su paso por distintos centros de menores.
En 2022, en uno de esos establecimientos, sufrió una violación grupal por parte de inmigrantes ilegales que marcó un punto de quiebre. Poco después, el 4 de octubre de ese año, intentó suicidarse tirándose desde el quinto piso de un edificio. Aunque sobrevivió, las secuelas fueron irreversibles.
Como consecuencia de la caída, quedó con paraplejia completa, además de padecer dolor neuropático, alteraciones sensitivas, incontinencia fecal y una dependencia funcional total que le impedían recuperar autonomía.
En ese contexto, el 10 de abril de 2024 inició formalmente su solicitud de eutanasia ante la comisión correspondiente en Cataluña, dando inicio a un proceso que atravesó distintas instancias judiciales hasta su aprobación final.
Noelia Ramos
La polémica también alcanzó al comité del hospital que intervino en la decisión. La abogada denunció que entre sus integrantes había personas vinculadas a organismos relacionados con trasplantes y asociaciones que promueven la eutanasia, como la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
“El que dona y el que recibe no se llevan dinero, pero todo el intermedio de médicos, facultativos y hospitales que participan sí que se llevan dinero”, sostuvo Castellanos, quien remarcó que “evidentemente, hay muchas irregularidades en este caso”.
El caso de Noelia puso en el centro del debate el accionar del Estado español, cuestionado por no haber garantizado su protección cuando se encontraba bajo su cuidado y por no haber evitado el hecho que derivó en su situación irreversible.
En contraste, el mismo sistema que no logró protegerla en los momentos más críticos fue el que finalmente habilitó el proceso para poner fin a su vida.
