El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comunicó que el oficialismo salvadoreño ha impulsado una reforma constitucional que permita la aplicación de la cadena perpetua para condenados por delitos de asesinato, violación o terrorismo.
La propuesta no solo contempla la prisión perpetua, sino también modificaciones a la ley penal juvenil y a la normativa contra actos de terrorismo. “Más de seis millones de salvadoreños respaldan este proceso”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien sostuvo que la iniciativa busca reforzar las penas para delitos graves y consolidar el control estatal sobre la seguridad interna.
El Salvador se presenta hoy como un caso singular en el debate regional sobre seguridad. Hace apenas siete años, el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo, con una de las tasas de homicidios más altas per cápita y con organizaciones criminales que ejercían un fuerte control territorial. Sin embargo, ese escenario comenzó a modificarse en los últimos años a partir del fortalecimiento del Estado y de sus fuerzas de seguridad.
El ministro de seguridad Gustavo Villatoro jurando frente al presidente Nayib Bukele
La ofensiva contra el crimen organizado permitió una reducción significativa de la violencia. La tasa de homicidios pasó de 38 cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,3 en 2026, según cifras oficiales. No obstante, organismos internacionales de derechos humanos han cuestionado al gobierno de Bukele por presuntos abusos y condiciones de detención en cárceles de máxima seguridad.
Frente a estas críticas, el mandatario ha mantenido una postura firme y ha conservado un alto nivel de apoyo popular tanto dentro como fuera del país. Bukele ha acusado a algunas de estas organizaciones de “defender delincuentes”, al tiempo que sostiene que sus políticas priorizan a las víctimas por sobre los victimarios.
En ese sentido, el ministro Villatoro también amplió el enfoque hacia la región. Señaló que muchas de las limitaciones legales para enfrentar delitos violentos no son exclusivas de El Salvador, sino que se repiten en distintos países de Hispanoamérica.
Miembros del grupo criminal las Maras
Las reformas impulsadas apuntan principalmente contra las denominadas “maras”, organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, los homicidios y la extorsión. Según datos oficiales, estas estructuras habrían sido responsables de más de 12.000 muertes en las últimas dos décadas, consolidándose como uno de los principales desafíos en materia de seguridad para el país.
