La ONU insiste con el 'Impuesto Global al Carbono' y Trump sostiene que 'no tolerará este nuevo impuesto verde'

Además, el enfoque de “impuesto global” colisiona con la soberanía fiscal: no hay parlamentos nacionales votando una carga que afectará a consumidores y empresas en todo el mundo, sino un diseño multilateral que pretende imponer tasas desde un organismo internacional. Ese diseño, para EE.UU., deriva en burocracia climática sin control democrático y en transferencias opacas con destino incierto.

Qué implica para Argentina y la región

La resistencia al impuesto global se extiende en América Latina. Esta semana, Paraguay rechazó oficialmente la propuesta durante las discusiones en la OMI. Según informó Diario Hoy Paraguay, el país la considera “una amenaza directa a la soberanía nacional y a la competitividad del comercio regional”, alineándose de hecho con la posición de Estados Unidos.

El gobierno de Santiago Peña advirtió que “un impuesto de esta naturaleza afectará de manera desproporcionada a los países sin litoral, encareciendo la exportación de alimentos y materias primas”, pilares de su economía. 

Para economías que buscan abrirse, como la argentina, un impuesto global al transporte significa más inflación importada, menos competitividad y menos inversión. Subir el costo del flete impacta en la producción, el precio final de los alimentos y la rentabilidad exportadora.

El gobierno de Javier Milei ha defendido en foros internacionales la soberanía económica y la libertad de comercio, principios incompatibles con esquemas de impuestos globales diseñados por burócratas que ni siquiera tienen soberanía popular. 

Bajo el discurso ambiental, el “impuesto global al carbono” esconde un intento de centralizar poder y recursos en organismos internacionales, debilitando las instituciones democráticas nacionales.

La Organización Marítima Internacional (OMI), agencia dependiente de la ONU, impulsa un mecanismo mundial para gravar las emisiones de carbono del transporte marítimo. La propuesta, presentada como una medida “verde”, plantea que los barcos paguen según su nivel de emisiones de CO₂, con tarifas que podrían alcanzar hasta 380 dólares por tonelada emitida. El "objetivo" declarado: crear un fondo global que recaude entre 10.000 y 13.000 millones de dólares anuales para financiar la “transición energética” en países en desarrollo, como si tales países no tuvieran otras necesidades urgentes. 

El proyecto fue aprobado de forma preliminar en abril con 63 votos a favor, 16 en contra y 25 abstenciones, pero sin consenso. Para entrar en vigor en 2028, deberá ser ratificado nuevamente por una mayoría calificada.

Trump: “EE.UU. NO tolerará este nuevo impuesto verde”

El presidente estadounidense Donald Trump fue categórico. En declaraciones reproducidas por Swissinfo, afirmó: “Me indigna que la Organización Marítima Internacional pretenda aprobar esta semana en Londres un impuesto global al carbono.” Y advirtió: “EE.UU. NO tolerará este nuevo impuesto verde y fraudulento al transporte marítimo y no se adherirá a él de ninguna manera.”

Trump remarcó además que su gobierno “no tolerará el aumento de precios para los consumidores estadounidenses”, en alusión al impacto inflacionario que tendría el impuesto sobre los costos logísticos y los precios de bienes esenciales.

Economía, inflación y soberanía fiscal

La posición de Estados Unidos combina economía y principios. Un tributo internacional así encarece la logística global y se traslada a góndola: más costos de flete implican alimentos y bienes más caros, justo cuando el mundo pelea contra la inflación. La propia administración estadounidense viene alertando que un gravamen de este tipo “impondría cargas económicas sustanciales” y presionaría los precios.