Tras descubrir que la embajada mexicana ocultaba a la ex primera ministra Betssy Chávez el gobierno peruano anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas.
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En una decisión histórica, el gobierno del Perú rompió relaciones diplomáticas con Méxicotras confirmarse que la embajada mexicana en Lima otorgó asilo político a Betssy Chávez, ex jefa de Gabinete de Pedro Castillo y una de las principales acusadas por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
El anuncio fue realizado por el canciller Hugo de Zela durante una conferencia en Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana. “Recibimos la noticia con sorpresa y con profundo pesar”, afirmó el ministro, calificando el hecho como un “acto inamistoso” que quebró los lazos entre ambos países. La decisión, explicó, responde al encubrimiento diplomático de una prófuga de la justicia peruana y a la posición ideologizada del gobierno mexicano, que según De Zela “pretendió construir una realidad paralela respecto a los hechos ocurridos en 2022, difundiendo una versión tendenciosa e ideologizada”.
Betssy Chávez.
El ministro fue categórico: “México persiste en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligar al Perú a romper relaciones con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, manteníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”. De Zela recordó que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como su sucesora Claudia Sheinbaum han intentado mostrar a los implicados en el fallido golpe de Castillo como “víctimas políticas”, en lugar de responsables de un ataque contra la democracia peruana.
Pese a la ruptura diplomática, el canciller aclaró que las funciones consulares continuarán activas. “Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules, y los mexicanos en Perú seguirán amparados por las autoridades consulares mexicanas”, precisó. De Zela subrayó que la medida afecta los ámbitos político, económico, comercial y turístico, pero no los servicios de asistencia a los ciudadanos. “Si el gobierno mexicano coloca alguna dificultad, será una decisión unilateral. La voluntad del Perú es proteger a nuestros connacionales”, remarcó.
Claudia Sheinbaum.
La crisis entre ambos países no surgió de la nada. Desde la destitución de Pedro Castillo, México mantuvo una política de confrontación hacia el gobierno constitucional de Dina Boluarte, a quien López Obrador llegó a calificar de “usurpadora”. El deterioro diplomático ya había provocado el retiro de embajadores y una fuerte disputa en el marco de la Alianza del Pacífico, cuando México se negó a entregar a Perú la presidencia pro tempore del bloque en 2023, obstaculizando su funcionamiento hasta que Chile intervino como mediador.
En abril de 2024, la tensión se trasladó al plano migratorio. México decidió imponer visas a ciudadanos peruanos por el aumento de migración irregular hacia Norteamérica. En respuesta, Lima aplicó la reciprocidad, exigiendo visado a los visitantes mexicanos. Esta restricción puso fin a más de una década de libre tránsito, vigente desde noviembre de 2012, cuando ambos países habían eliminado la visa turística para fortalecer los intercambios.
Claudia Sheinbaum.
El distanciamiento político se agravó cuando el Congreso peruano declaró persona non grata a Claudia Sheinbaum en septiembre de 2024, tras sus declaraciones de apoyo a Pedro Castillo. La resolución calificó sus dichos como una “injerencia en los asuntos internos del Perú” y una “ofensa al sistema democrático”.
“Nosotros mantenemos el mismo criterio. Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. No importa. Vamos a mantener nuestra posición”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina. La decisión de Lima marca un golpe simbólico al eje de gobiernos de izquierda latinoamericanos. En defensa de su soberanía, el Perú pone fin a una relación contaminada por la ideología y las interferencias políticas.
El asilo concedido a Betssy Chávez, lejos de ser un gesto humanitario, es visto como una afrenta directa al Estado de Derecho y una muestra del doble estándar del gobierno mexicano, que ampara a responsables de un golpe mientras presume de “defensor de la democracia”.
