Procesaron a Begoña Gómez, esposa del presidente socialista español, Pedro Sánchez, en el marco de una causa judicial en la que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
La resolución fue adoptada por el juez Juan Carlos Peinado, quien además dispuso que el proceso continúe hacia la etapa de juicio oral.
En la misma decisión, también procesaron a su asesora, María Cristina Álvarez, por los mismos delitos. Asimismo, el magistrado incluyó al empresario Juan Carlos Barrabés, a quien se le imputan los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez.
“Se concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas, a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”, indica el documento judicial.
Según la acusación, los hechos investigados se remontan al período posterior a la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno español.
En ese contexto, sostienen que Begoña Gómez expandió su red de contactos e influencia, especialmente a partir de sus funciones en el IE África Center y su rol en el Máster de Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Uno de los ejes de la causa es la contratación de María Cristina Álvarez, quien, de acuerdo con la acusación, habría sido incorporada con salario público para asistir a Gómez tanto en actividades profesionales como privadas. Desde 2018, Álvarez habría percibido 361.423,40 euros brutos en su cargo en la Moncloa.
La investigación también se centra en la creación y control de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la UCM. Según se detalla, Gómez registró a su nombre la marca TSC y el dominio web transformatsc.org, además de avanzar en la constitución de una sociedad con la misma denominación en noviembre de 2023.
Pedro Sánchez y Begoña Gómez.
En relación con el desarrollo del software vinculado a la cátedra, la acusación sostiene que se habría realizado con recursos públicos y aportes privados. Empresas como Indra, Telefónica, Google y Reale Seguros habrían aportado más de 300.000 euros, mientras que la Universidad Complutense estimó un perjuicio económico de al menos 108.765,79 euros.
Por su parte, María Cristina Álvarez habría tenido un rol activo en la gestión de estos proyectos, participando en tareas de seguimiento y representación de la cátedra. Según la acusación, utilizaba el correo institucional de la Moncloa, lo que permitía otorgar “apariencia institucional al proyecto y aumentar el peso de las peticiones”.
En cuanto a Juan Carlos Barrabés, la causa indica que habría colaborado en la creación y asesoramiento de la cátedra y que recibió cartas de recomendación firmadas por Gómez desde la dirección del máster, lo que habría beneficiado a sus empresas en procesos de licitación pública.
