El régimen chino dio un paso más en su política de control social y cultural con la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, de la “Ley sobre la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos”.
Se trata de una normativa que, en la práctica, legaliza el genocidio, obligando a las 56 etnias del país a integrarse bajo una identidad nacional única y refuerza el poder del Partido Comunista en todos los niveles de la sociedad.
La ley, aprobada el 12 de marzo de 2026, establece un marco legal que impulsa la asimilación cultural forzada mediante la imposición del mandarín como lengua principal en el sistema educativo y la promoción obligatoria de valores alineados con el partido.
El dictador Xi Jinping.
Entre sus disposiciones, exige que los niños sean educados para amar al Partido Comunista, a la patria y a la llamada “nación china”, consolidando un modelo ideológico que atraviesa desde la escuela hasta el núcleo familiar.
El alcance de la norma es total. No solo afecta a minorías étnicas, sino también a la mayoría Han, que representa cerca del 90% de la población, y a prácticamente todos los actores sociales: ciudadanos, funcionarios, docentes, universidades, medios de comunicación, empresas, organizaciones civiles, plataformas digitales, instituciones religiosas y gobiernos locales quedan obligados a cumplir y hacer cumplir sus principios.
La ley introduce conceptos amplios y ambiguos como la “conciencia de comunidad de la nación china” o la construcción de una “patria espiritual común”, sin definir claramente su contenido.
Esta falta de precisión amplía la discrecionalidad del Partido Comunista, que se convierte en el único intérprete de qué acciones fortalecen o dañan la “unidad nacional”.
El dictador Xi Jinping.
Persecución a nivel mundial
El texto es explícito: “Las organizaciones y personas fuera del territorio de la República Popular China que lleven a cabo actos dirigidos a sabotear la unidad y el progreso étnico o a provocar la división étnica de la República Popular China serán legalmente responsables de acuerdo con la ley“.
Esto implica que el régimen se arroga la facultad de perseguir a ciudadanos y organizaciones fuera de sus fronteras, extendiendo su capacidad de control a nivel global.
La normativa también entra en la vida privada. Establece que “los padres u otros tutores de menores deberán […] educar y guiar a los menores para que amen al Partido Comunista de China”, prohibiendo la transmisión de ideas consideradas contrarias a la unidad nacional.
En el ámbito digital y mediático, el control es igualmente estricto. La ley obliga a los operadores de red a eliminar contenidos que puedan “atentar contra la unidad”, conservar registros y reportar a las autoridades. Asimismo, promueve el uso de tecnologías como inteligencia artificial y macrodatos para difundir contenidos alineados con la narrativa oficial, consolidando un ecosistema informativo bajo supervisión estatal.
Xi Jinping.
Las críticas se convierten en actos "terroristas"
El texto también endurece su postura frente a cualquier crítica externa o denuncia de violaciones a los derechos humanos. “Nos oponemos firmemente a todo acto de difamación […] bajo el pretexto de etnia, religión o derechos humanos”, señala, lo que abre la puerta a que reclamos legítimos sean catalogados como amenazas a la seguridad del Estado e investigados por "terrorismo".
En ese marco, la ley establece sanciones penales para quienes sean acusados de promover el "separatismo" o el extremismo. “Quien organice […] actividades separatistas étnicas […] será penalmente responsable”, advierte el articulado, ampliando el margen para criminalizar la disidencia.
Con 64 artículos distribuidos en seis capítulos, la normativa representa la consolidación de un proyecto iniciado hace más de una década y profundiza el modelo de control político, cultural y social del régimen chino.
