El reciente anuncio del alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul sobre la implementación de un nuevo impuesto a las segundas residencias en Nueva York, conocido como “pied-à-terre”, ha desatado una fuerte reacción negativa en sectores inmobiliarios, empresariales y políticos. La medida, presentada como una herramienta para paliar el déficit presupuestario de USD 5.400 millones, es vista por sus detractores como un nuevo avance de presión fiscal que podría erosionar la competitividad de la ciudad. La propuesta establece un tributo adicional para viviendas secundarias de uno a tres familias valuadas en USD 5 millones o más, en un intento por incrementar la recaudación. Sin embargo, incluso sectores que no se oponen frontalmente a la iniciativa reconocen limitaciones: la recaudación estimada de USD 500 millones resulta claramente insuficiente frente al rojo fiscal existente.
Entre las voces más contundentes se destacó el presidente Donald Trump, quien cuestionó duramente la iniciativa desde su cuenta en Truth Social: “Lamentablemente, el alcalde Mamdani está DESTRUYENDO Nueva York. ¡No tiene ninguna posibilidad! Estados Unidos no debería contribuir a su fracaso. Solo empeorará. Las políticas de IMPUESTOS, IMPUESTOS, IMPUESTOS son un ERROR TOTAL”.
Las críticas no se limitaron a Trump. El ejecutivo conservador Bruce Blakeman ironizó que la promesa de no subir impuestos de Hochul “expiró más rápido que las familias que huyen de la crisis de asequibilidad”. En la misma línea, la representante republicana Nicole Malliotakis acusó a la gobernadora de “decir una cosa y hacer otra”, mientras que Vito Fossella sostuvo que “perseguir y castigar la riqueza no soluciona el problema”, calificando la medida como una “maniobra” que replica políticas responsables de la pérdida de población, empresas e inversiones.
Rechazo del sector privado y advertencias económicas
Desde el ámbito empresarial, el inversionista Kevin O'Leary fue categórico al definir la iniciativa como “la política más estúpida que he visto en bienes raíces”, subrayando que estos propietarios ya pagan impuestos sin hacer uso intensivo de servicios públicos. Además, advirtió que una mayor carga tributaria incentiva la migración hacia estados con menor presión fiscal.
Por su parte, James Whelan afirmó que la medida “ignora el daño económico real que causaría” y que “no puede adoptarse sin provocar un daño significativo a los residentes cotidianos”. En la misma línea, distintos referentes del sector alertaron que el impuesto podría desalentar la inversión, impactar el empleo y perjudicar actividades clave como el comercio y el entretenimiento. Según USA Today, Andrew Rein también expresó reparos al señalar que el impuesto “será difícil de implementar” y no sustituye una reforma fiscal integral.
El rechazo también se trasladó al ámbito digital. En la red social X, el usuario Frank J. Fleming escribió:
“Cualquiera que se entusiasme porque otros paguen más impuestos es una persona patética, codiciosa y un mal estadounidense”, mensaje que acumuló 2.000 me gustas, reflejando un clima de creciente malestar entre contribuyentes.
Cómo funciona el impuesto “pied-à-terre”
El tributo se aplica a viviendas de una a tres familias, condominios y cooperativas que no se utilizan como domicilio principal, sino como segundas residencias. Su estructura es progresiva según el valor del inmueble:
