El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado formalmente que su gobierno está en conversaciones para establecer ''centros de retorno'' en terceros países donde serían enviados solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido rechazadas y no tienen posibilidad de apelación.
Esta nueva iniciativa forma parte de una serie de medidas con las que el gobierno de Starmer busca enfrentar el incremento en la migración irregular, en particular los cruces por el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, que ya han superado las 12.000 personas en lo que va de 2025.
Durante una visita oficial a Albania, Starmer indicó que el objetivo de estos ''return hubs'' es asegurar deportaciones más efectivas y romper con lo que el gobierno describe como tácticas dilatorias utilizadas por algunos migrantes, como la pérdida intencional de documentos o la creación de lazos familiares en el Reino Unido, para evitar su expulsión.
''Una vez que alguien ha pasado por el sistema y ha agotado todas las rutas legales para permanecer, debe ser devuelto de manera efectiva'', afirmó el primer ministro a los portales de noticias.
La medida busca alejarse del modelo del fallido plan del gobierno previo, que preveía enviar a solicitantes de asilo a Ruanda para procesar sus casos, incluso si eventualmente se les concedía asilo.
En contraste, los centros propuestos por Starmer solo alojarían a personas cuya solicitud ya ha sido denegada y no tienen posibilidades legales de permanecer en el país.
Sin embargo, aún se conocen pocos detalles sobre cómo funcionarán estos centros, dónde estarán ubicados o cuánto costarán. Albania, uno de los países inicialmente considerados, ya ha descartado oficialmente la posibilidad de acoger uno de estos centros, afirmando su compromiso exclusivo con un acuerdo similar ya firmado con Italia.
Otras naciones de los Balcanes occidentales, como Serbia o Bosnia y Herzegovina, se perfilan como posibles socios, aunque no hay confirmación oficial.
Este endurecimiento del enfoque migratorio coincide con una narrativa cada vez más firme por parte del gobierno laborista, que también ha propuesto limitar la contratación de trabajadores del cuidado provenientes del extranjero, aumentar los requisitos de inglés para migrantes y endurecer el acceso a visados para trabajadores calificados.
En este contexto, sectores de extrema izquierda han acusado al Partido Laborista de intentar competir con el partido de derecha de Reform UK, liderado por Nigel Farage, quien logró enormes avances en las recientes elecciones locales.
Críticos dentro del Parlamento, como el diputado del SNP Pete Wishart, han denunciado que el plan de Starmer es una versión camuflada del plan Ruanda, contradiciendo las críticas que el propio laborismo hizo a ese proyecto bajo el mandato de Sunak.
