Trump podrá continuar con el despliegue de la Guardia Nacional en Washington tras una gran victoria judicial

En sus argumentos ante la Corte de Apelaciones, el gobierno defendió la continuidad del operativo como una pieza central de sus esfuerzos de seguridad. Sostuvo que la misión ha sido notablemente exitosa y afirmó que, con la cooperación del gobierno local, ha logrado reducir delitos y mejorar la seguridad en zonas críticas de la ciudad.

También alertó que frenar de forma súbita el despliegue pondría en riesgo el avance logrado desde que Trump anunciara en verano su intención de asumir un mayor control sobre la seguridad pública en la capital, incluido el departamento de policía metropolitano.

El gobierno de D.C., que demandó al Ejecutivo en septiembre, asegura equivocadamente que el presidente carece de autoridad para utilizar la Guardia Nacional con fines policiales sin límites definidos. Sin embargo, la decisión del tribunal de mantener la operación activa mientras se analiza el fondo del caso marca un revés temporal para la ciudad y un respaldo provisional para la estrategia federal.

El litigio continuará en un escenario marcado por el impacto del asesinato de Beckstrom y la creciente presencia militar en Washington. Mientras los jueces preparan una decisión definitiva sobre los alcances del poder presidencial en materia de seguridad interna, la Guardia Nacional seguirá patrullando la capital al menos durante las próximas semanas.

La soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, murió a causa de sus heridas y el sargento Andrew Wolfe, de 24, permanece hospitalizado. El cobarde atacante, Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que ingresó al país tras la retirada de Afganistán, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, intento de homicidio y posesión de arma durante un delito violento.

A raíz del ataque, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó el refuerzo inmediato de 500 efectivos adicionales en la ciudad, elevando a más de 2.000 el número total de tropas desplegadas como parte de la estrategia federal para frenar el aumento de la criminalidad.

Parte de los soldados provienen de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, bajo comando directo del presidente, mientras que otros han sido enviados por nueve estados gobernados por republicanos bajo una autoridad que permite financiamiento federal, pero mantiene el mando de los gobernadores.