Esta legislación, en vigor desde octubre de 2022, tiene como objetivo regular la información en las plataformas digitales y evitar, según ellos, "conductas ilegales o perjudiciales en internet". En caso de incumplimientos, permite imponer penalidades de hasta un 6% del ingreso global de las compañías afectadas.
Consultada por The New York Times, la Comisión Europea —órgano ejecutivo de la UE— evitó pronunciarse sobre este caso particular, aunque reiteró su compromiso de aplicar las normativas de "forma justa y sin favorecer o perjudicar a ninguna empresa".
Por su parte, el equipo de Asuntos Gubernamentales Globales de X emitió un comunicado en el que calificó los posibles planes de la UE como un "representa un acto sin precedentes de censura política y un ataque a la libertad de expresión".











