Un grupo de ‘intelectuales’, artistas y académicos firmó una carta abierta en rechazo a la invitación del presidente Javier Milei al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
Entre los firmantes están Graciela Fernández Meijide, Hilda Sabato, José Emilio Burucúa y Mariano Llinás.
Si bien el texto busca expresar una posición crítica sobre el conflicto en Medio Oriente, su contenido y forma han sido cuestionados por adoptar un tono que muchos consideran antidemocrático y profundamente deslegitimador de las instituciones tanto argentinas como israelíes.
En la carta, Netanyahu es calificado como “criminal internacional” y se sostiene que su posible visita implica una “complicidad con la barbarie”.
Los firmantes no se limitan a una crítica puntual sobre la situación en Gaza, sino que extienden sus acusaciones hacia el gobierno argentino, al que acusan de traicionar la historia humanista del país y de alinearse con “autocracias” y “violaciones a los derechos humanos”.
Más allá de la opinión que se tenga sobre el liderazgo de Netanyahu o sobre la política israelí, la carta ha sido duramente criticada por su tono excluyente y su falta de respeto a dos principios fundamentales del orden democrático: el derecho soberano de un país a definir su política exterior, y la legitimidad de los gobiernos elegidos por voto popular.
Benjamin Netanyahu fue electo primer ministro por medio de comicios libres en Israel, una democracia parlamentaria reconocida internacionalmente. Del mismo modo, Javier Milei fue elegido por amplia mayoría en un proceso electoral transparente.
Condenar públicamente un acto diplomático entre dos mandatarios democráticos, y sugerir que el presidente argentino está “mancillando los valores de la libertad”, implica un intento de marcar límites ideológicos al accionar de un gobierno que actúa dentro del marco constitucional.
Además, algunos observadores advierten que el texto incurre en una forma de entrometimiento en los asuntos internos de otra nación. Acusar a Netanyahu de crímenes graves sin una sentencia judicial firme no sólo debilita el principio de presunción de inocencia, sino que se vuelve problemático cuando se lo usa como fundamento para negar la posibilidad de una visita oficial.
