Esta semana, miles de personas se amontonan en los bancos para convertir sus ahorros de pesos a dólares. Las reservas cayeron al valor más bajo en 20 años, y se teme que el régimen socialista del MAS imponga un fuerte cepo a la divisa extranjera.

El esquema monetario y cambiario de Bolivia enfrenta la crisis más importante de los últimos años. Se multiplicó la cantidad de personas haciendo largas filas en las instituciones bancarias para reclamar la conversión de sus ahorros de pesos a dólares, en lo que se configura como un episodio de evidente corrida contra la moneda nacional.

La corrida generalizada rápidamente provocó un faltante de liquidez en moneda extranjera en la mayor parte de los bancos privados, que no esperaban lidiar con operaciones de extracción tan masivas y en tan poco tiempo. 

El Banco Central de Bolivia respondió a la situación habilitando la venta directa de dólares a través del tipo de cambio oficial y libre, a fin de agilizar las operaciones y disminuir la presión sobre los bancos privados hasta tanto puedan hacerse de liquidez. Pero este episodio saca a la luz algunas de las debilidades más importantes del sistema que mantiene el régimen de Luis Arce. 

“En ese sentido, el BCB comunica que también se pueden comprar dólares a través del Banco Unión y el resto de las entidades de intermediación financiera a lo largo y ancho del país, al tipo de cambio autorizado para el sistema financiero”, pronunció el Banco Central de Bolivia (BCB).

La inflación mensual operó en terreno negativo en el segundo mes de 2023, y promedió el 0,41% en los últimos cuatro meses del año pasado. Asimismo, la inflación interanual descendió a 2,57% en febrero de este año, y registró un pico moderado del 3,17% en noviembre del año pasado. 

Hasta ahora, la inestabilidad de precios no fue un mayor problema para Bolivia incluso a pesar del shock monetario impulsado durante la pandemia. Pero la violenta caída de la demanda de pesos (o su contracara en la demanda de divisas) podría cambiar completamente el panorama para los próximos meses. 

El sistema monetario de Bolivia y el peligro inflacionario latente

Desde el año 2008 el Banco Central del país se comprometió a sostener una paridad prácticamente fija entre el peso boliviano y el dólar a razón de 6,96 pesos por unidad, y en un marco de libertad de cambios (no existen mayores controles para la compra y venta de divisas). Este hecho sirvió como una suerte de “anclaje” de las expectativas inflacionarias y fundamentalmente la demanda de dinero, consiguiendo así disciplinar los precios y mantener la estabilidad.

Pero aún con un bajo ritmo en la “nominalidad” del país, dado un tipo de cambio fijo, se produjo una lenta pero sostenida apreciación cambiaria que facilitó el abaratamiento de importaciones y el encarecimiento de exportaciones. El BCB debió atender a la defensa del tipo de cambio consumiendo reservas internacionales, y para 2023 estas ya alcanzan su nivel más bajo desde octubre de 2004. 

La falta de liquidez en los bancos llevó al surgimiento de un muy incipiente mercado negro de divisas, en el cuál el dólar paralelo ya cotiza en los 7,15 pesos bolivianos (un brecha cambiaria del orden del 2,7%). La dureza del régimen monetario se vio contrastada por fuertes políticas monetarias y fiscales de índole expansivo, y el único canal para mantener la política cambiaria estable fue el consumo de reservas.

El sistema comienza a dar indicios de agotamiento, y los bolivianos descreen cada vez más de la sostenibilidad del mismo. Con un riesgo latente de devaluación o controles cambiarios, la corrida contra el peso y por la conversión en dólares se entiende como un mecanismo precautorio para anticiparse a las posibles decisiones del BCB en el futuro.

Bolivia confirmó oficialmente la adhesión del país a la propuesta presentada por México, que pretende agilizar transacciones comerciales para abaratar los precios. Los dramáticos desequilibrios fiscales del país amenazan la estabilidad monetaria.

El presidente de México Andrés López Obrador anunció su voluntad para establecer un acuerdo comercial con algunos países de la región sudamericana, con el fin manifiesto de “combatir la inflación” devenida de los drásticos estímulos fiscales y monetarios desplegados durante la pandemia.

“Hay muchas oportunidades para el intercambio económico-comercial. Podemos intercambiar quitando aranceles, nos complementamos, tiene aves Brasil, tiene carne Argentina, Colombia tiene cemento, Cuba tiene cemento”, aseveró el tabasqueño en la llamada”, afirmó el mandatario mexicano.

A propósito de la propuesta, el presidente Luis Arce confirmó oficialmente que Bolivia se adherirá al tratamiento de la propuesta comercial, con fecha pautada para el próximo 5 de abril. Aunque sin hacerlo explícitamente, con estas acciones Arce dio cuenta de las posibles represalias inflacionarias y recesivas como resultado del abultado déficit fiscal que aún mantiene Bolivia.

La inflación minorista de Bolivia representó el 2,57% interanual en febrero de 2023, y hasta un 3,14% durante el mes de enero. La tasa de variación mensual del IPC fue del 0,33% en el primer mes del año, y para febrero entró en terreno negativo.

Como ocurre en Brasil, Bolivia sustenta una situación de estabilidad de precios, pero a diferencia de este último país su situación fiscal es delicada y comprometida. El FMI estima que el resultado financiero del Gobierno boliviano marcó un déficit del 8,5% del PBI en 2022, mientras que sin contabilizar el pago de intereses de deuda el déficit representó el 6,64% del producto.

La deuda pública bruta del Gobierno escaló hasta el 82,58% del PBI al término de 2022, y seguirá subiendo de forma ininterrumpida durante los próximos 5 años según el diagnóstico base del Fondo Monetario.

Sin una mayor corrección fiscal, y habiendo un límite natural para el financiamiento no inflacionario de los desequilibrios, Bolivia corre el riesgo de retornar a un régimen de “dominancia fiscal” sobre la política monetaria, del mismo modo en que ocurre en Venezuela o Argentina.

Incluso en un sistema monetario tan estricto como el boliviano, que adopta pautas de expansión de agregados y no un régimen de metas inflacionarias como otros países, la no corrección del déficit fiscal podría conducir a una inflación crónica y elevada para los próximos años.

Consciente de ello, el presidente Arce pretende “disciplinar” los precios con una mayor presencia de bienes importados de la región, pero lo cierto es que solo constituye un mecanismo para el corto plazo, y los peligros inflacionarios para Bolivia no se manifiestan hoy sino que tendrán lugar en el futuro.

Un excanciller peruano, un europarlamentario español y un diputado argentino se pronunciaron sobre la persecución política que ahora sufre Carolina Ribera, la hija de Jeanine Añez.

Este martes, el medio opositor Página Siete Digital dio a conocer que la Fiscalía investiga en secreto a Carolina Ribera, hija de la expresidente arrestada Jeanine Añez, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Para ello, el Ministerio Público está recolectando información de 32 entidades, entre públicas y privadas, para rastrear sus llamadas, viajes, inmuebles y, además, pide congelar sus cuentas bancarias.

Tras conocerse esta clarísima persecución política a un nuevo opositor del régimen del MAS, el europarlamentario de VOX, Hermann Tertsch, el excanciller de Perú, Luis Gonzales Posada, y el diputado argentino, Francisco Sánchez, expresaron su preocupación por este hecho, al que calificaron de “persecución política”.

“El gobierno de Luis Arce es ya una dictadura y nada de lo que haga en persecución de ciudadanos bolivianos tiene la mínima credibilidad. Es una mafia narcocomunista similar a la de Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Miguel Díaz-Canel, se inventa en La Paz cargos contra todo el que diga la verdad”, señaló Tertsch.

El europarlamentario expresó que desde la Eurocámara estarán pendientes a lo que ocurra con el proceso de investigación en contra de Ribera, para tratar de proteger los derechos humanos en un país de la Iberósfera. Además, calificó de “miserable” esta acción porque “ahora quieren meter también a la cárcel a la hija” de su presa más preciada.

Gonzales manifestó que la acción que activan en contra de Ribera es un proceso vengativo, típico de las “izquierdas radicales” en la región. Añadió que le abren un proceso para indagarla porque “tuvo el coraje” de denunciar a nivel internacional los abusos del actual gobierno contra su madre y otros presos políticos.

“La izquierda radical es vengativa, ahora van por la hija de la expresidenta Añez, porque ella tiene una gran presencia a nivel internacional y ha tenido el coraje de denunciar todos estos hecho de barbarie que ocurren en Bolivia. Sabemos que la justicia de Bolivia responde al poder, se utiliza este mecanismo para reprimir a la hija de la expresidenta. Este mecanismo de persecución es aplicado en Cuba y Nicaragua”, enfatizó.

El argentino Sánchez, por su parte, manifestó que esta investigación en contra de la hija de Añez debe conllevar a que se ponga mayor atención acerca de lo ocurre en Bolivia, porque continúa “la persecución política” contra los opositores a Evo Morales. Agregó que los informes que pide la Fiscalía boliviana a entidades no son para hacer justicia.

“No está bien que ocurra una investigación arbitraria, se investiga con fines de perseguir a la hija de una presa política, muestra la característica que tienen los gobiernos radicales de izquierda de la región, de la cual son parte Luis Arce y Evo Morales. Por supuesto que esto nos preocupa muchísimo porque hay una persecución política”, complementó.