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Bolsonaro pide juicio político contra dos jueces izquierdistas de la Corte Suprema

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Según anunció en redes sociales, el presidente Jair Bolsonaro enviará al Senado un pedido de juicio político contra dos jueces de la Corte Suprema.

Dentro de la argumentación cita las innumerables inconstitucionalidades que han cometido en los últimos meses haciendo arrestos arbitrarios de periodistas, activistas, empresarios, políticos e incluso diputados en funciones pro-Bolsonaro, censurando a la derecha brasileña y metiendo miedo en sus simpatizantes.

Los jueces Luis Barroso y Alexandre de Moraes, ambos designados por presidentes del PT, Dilma y Temer respectivamente, han utilizado una causa conocida como “Fake News” para investigar a los aliados del presidente y arrestarlos sin evidencia.

Esta “dictadura de la Corte Suprema” ha obstaculizado al gobierno de Bolsonaro y es hoy la principal amenaza a la libertad de los brasileños.

Publicación de Bolsonaro:

“Todos conocen las consecuencias, internas y externas, de una ruptura institucional, que no provocamos ni deseamos.

Desde hace mucho tiempo, los magistrados Alexandre de Moraes y Luís Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, han ido más allá de los límites constitucionales con sus actos.

La próxima semana llevaré al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, una solicitud para iniciar un proceso de juicio político sobre ambos, de acuerdo con el artículo 52 de la Constitución Federal.

Recuerdo que, con motivo de su audiencia en el Senado, el señor Alexandre de Moraes declaró: “Reafirmo mi independencia, mi compromiso con la Constitución y mi devoción por las LIBERTADES INDIVIDUALES”.

El pueblo brasileño no aceptará pasivamente que derechos y garantías constitucionales (artículo 5 de la Constitución Federal) como la libertad de expresión, continúen siendo violados y castigados con detenciones arbitrarias, precisamente por quienes deben defenderlos”.

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Ejemplo mundial: Bolsonaro logra un superávit primario de R$ 28.000 millones en abril y Brasil consolida la disciplina fiscal

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El resultado primario del Gobierno federal cerró en el 0,04% del PBI en el mes de abril. Jair Bolsonaro recuperó el superávit primario en Brasil, algo que no se registraba desde octubre de 2014.

El Gobierno de Jair Bolsonaro sigue apostando por la disciplina fiscal y la independencia de la política monetaria, como una estrategia global para derrotar la inflación. El Gobierno central registró un superávit primario de R$ 28.553 millones en el mes de abril.

Esta partida tiene en consideración al Tesoro Nacional, los fondos de seguridad social y los resultados del balance del Banco Central, lo cual conforma un sector público consolidado a nivel federal sin déficit.

Los resultados observados fueron holgadamente superiores a lo que se esperaba. Según los analistas de mercado consultados por el Ministerio de Economía brasileño, se esperaba un superávit primario por R$ 17.300 millones en abril y el dato efectivo fue un 65% superior.

Se trata del valor más importante desde 1997 en términos estrictamente nominales, y un gran paso para la consolidación de la disciplina fiscal. El resultado primario acumulado de 12 meses representó un saldo positivo de 0,04% del PBI en abril, siendo el segundo resultado positivo registrado en 2022.

Brasil no lograba un superávit primario a nivel federal desde octubre de 2014, y pese al shock por la pandemia en 2020, el Gobierno de Bolsonaro eliminó los desequilibrios extraordinarios en 2021 y arribó al equilibrio en 2022. El déficit primario había llegado al 10% del PBI en diciembre de 2020, por lo que hasta abril de 2022 el Gobierno brasileño impulsó un ajuste fiscal sin precedentes y en tiempo récord.

En relación a abril de 2021, el superávit primario marcó un fuerte crecimiento del 52,9% en términos reales, una vez descontada la inflación medida por el IPC del IBGE. A su vez, en lo que va del año el Gobierno federal acumula un superávit primario de R$ 79.263 millones.

El resultado financiero acumulado de 12 meses, entre Tesoro Nacional, seguridad social y Banco Central, marcó un déficit de 4,79% del PBI. Este resultado es el más equilibrado desde diciembre de 2014, y es equivalente a la factura por intereses de deuda pública.

Sin desequilibrios operativos, la toma de deuda para cubrir el déficit financiero se limita a una operación de refinanciamiento constante. El Gobierno federal es solvente para hacer frente a sus propios gastos corrientes.

El ministro de Economía Paulo Guedes apunta a profundizar el superávit fiscal para este año, provocando así que los agentes en el mercado puedan confiar en que el déficit total sea financiado de manera no inflacionaria, y eliminando el riesgo de dominancia fiscal sobre la política monetaria. 

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Después de vender Eletrobras, Bolsonaro da el primer paso para la privatización de Petrobras

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El Gobierno brasileño incluyó a Petrobras en el Programa de Alianzas de Inversión (PPI), un paso necesario para que la empresa pueda ser privatizada.

Cumpliendo las promesas de la campaña electoral, Jair Bolsonaro formalizó las intenciones del Gobierno para privatizar Petrobras, que desde mediados de 2009 es la empresa estatal más grande de América Latina, superando incluso a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El Ministerio de Minas y Energía de Brasil confirmó que Petrobras será incluida dentro del Programa de Alianzas de Inversión (PPI). Este organismo nuclea y coordina las concesiones que realiza el Estado, así como la privatización parcial o total de empresas y activos propiedad del Estado.

La inscripción de Petrobras dentro del PPI es una condición indispensable para llevar a cabo su privatización en un futuro, y al entrar en este programa, equipos técnicos empezarán a analizar su privatización y se desarrollará un proyecto de ley para enviar al Congreso.

El Presidente brasileño se mostró ampliamente disconforme con la administración estatal de la empresa y su política tarifaria. Como ocurrió en muchos países de América Latina (incluyendo Argentina en la década de 1990), la privatización de los hidrocarburos podría ser una vía de escape para abaratar el costo percibido por el consumidor.

La privatización de Petrobras supone la segunda gran iniciativa para el mercado energético de Brasil, después de que el Gobierno alcanzara la privatización de “Petrobras Distribuidora” en 2021, para dar lugar a Vibra Energía SA. Esta empresa se encarga de la distribución y comercialización del combustible en Brasil, y es actualmente la más importante en el país en cuanto a volumen de transacciones.

A su vez, y por orden de magnitudes, la privatización de Petrobras sería la más importante en la historia de Brasil y solamente comparable con la venta de Eletrobras, un proceso que actualmente se está llevando a cabo por iniciativa del Presidente. La gigante eléctrica fue exitosamente vendida por 6.855 millones.

De ser efectivamente reelecto en un segundo mandato, Bolsonaro prometió profundizar la agenda de privatizaciones y concretar la venta de Petrobras. Aun así, para que el proceso tenga lugar será necesario el apoyo político en el Congreso.

El Misterio de Energía resaltó la importancia estratégica de la venta de la empresa, no solamente por su envergadura dentro de la economía, sino también por el contexto internacional favorable al alza del precio del combustible. Esto arroja oportunidades de inversión inéditas para adquirir la empresa petrolera, con una orientación exportadora.

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Eletrobras privatizada: Bolsonaro celebra la privatización más grande de Brasil en 30 años

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La gigante eléctrica fue finalmente privatizada por un monto de US$ 6.855 millones. El Estado brasileño queda como accionista con un 45% del paquete accionario, y las decisiones quedan en manos privadas.

Este martes, el presidente Jair Bolsonaro se anotó una nueva victoria millonaria para la agenda de privatización y desregulación de la economía brasileña.

La histórica empresa Eletrobras, responsable de toda la generación y distribución de la energía eléctrica en Brasil, fue finalmente privatizada en la Bolsa de São Paulo después de que Bolsonaro firmara el proyecto de ley que fue previamente aprobado en el Congreso. Se trata de la empresa eléctrica más importante de América Latina, y la mayor privatización de la historia del continente en volúmenes operados.

El Estado brasileño no emprendía una venta de esta envergadura desde el año 1998, cuando el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso lograba la privatización de la minera Vale. Brasil recuperó el rumbo privatista que había sido virtualmente abandonado y truncado por la administración socialista del PT a partir de 2003.

Esta empresa es responsable del abastecimiento para cerca de la mitad de las líneas de transmisión en todo el país, una extensión equivalente a 70.000 kilómetros de tendidos. Posee, además, una capacidad instalada de generación de 50.000 megavatios, una potencia que la transforma en la más importante de la región.

Por primera vez desde 1962, la generación y distribución de la energía eléctrica para el mercado de Brasil quedará en manos privadas. Entre otras oportunidades, la privatización permitirá la recapitalización constante que el Estado brasileño no estaba en condiciones de realizar, y permitirá la mejora en la eficiencia para el suministro de servicios.

Es un momento histórico. Esta empresa agotó su modelo y ahora puede caminar por sus propias piernas”, declaro el ministro de Economía Paulo Guedes, quien encabezó el proceso.

Las tarifas eléctricas dejarán de tener “precios políticos” sujetos a los cambios de signo de los sucesivos Gobiernos, y serán verdaderas señales de precios compatibles con la captación de inversión y la absorción de shocks internacionales. Es por este motivo que tendrá lugar un primer aumento del 8% en el valor tarifario, luego de que Bolsonaro también aprobara descongelar los precios.

En total, la venta le significó al Estado un ingreso por US$ 6.855 millones, en línea con los montos esperados por los analistas y el valor bursátil de la empresa. De esta manera, el Estado conservará el 45% del paquete accionario total, cuando antes poseía el 72%, y se reservará el derecho de la “acción de oro”. Esta posición le da el poder de veto al Gobierno para decisiones estratégicas de la compañía que tengan impacto nacional.

Además del importante ingreso de capital captado por el Estado, también se producirá un ahorro acumulativo: la inversión dejará de ser una competencia estatal sobre los hombros de la sociedad, y los costos también serán privatizados

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