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Brasil

Bolsonaro pide juicio político contra dos jueces izquierdistas de la Corte Suprema

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Según anunció en redes sociales, el presidente Jair Bolsonaro enviará al Senado un pedido de juicio político contra dos jueces de la Corte Suprema.

Dentro de la argumentación cita las innumerables inconstitucionalidades que han cometido en los últimos meses haciendo arrestos arbitrarios de periodistas, activistas, empresarios, políticos e incluso diputados en funciones pro-Bolsonaro, censurando a la derecha brasileña y metiendo miedo en sus simpatizantes.

Los jueces Luis Barroso y Alexandre de Moraes, ambos designados por presidentes del PT, Dilma y Temer respectivamente, han utilizado una causa conocida como “Fake News” para investigar a los aliados del presidente y arrestarlos sin evidencia.

Esta “dictadura de la Corte Suprema” ha obstaculizado al gobierno de Bolsonaro y es hoy la principal amenaza a la libertad de los brasileños.

Publicación de Bolsonaro:

“Todos conocen las consecuencias, internas y externas, de una ruptura institucional, que no provocamos ni deseamos.

Desde hace mucho tiempo, los magistrados Alexandre de Moraes y Luís Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, han ido más allá de los límites constitucionales con sus actos.

La próxima semana llevaré al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, una solicitud para iniciar un proceso de juicio político sobre ambos, de acuerdo con el artículo 52 de la Constitución Federal.

Recuerdo que, con motivo de su audiencia en el Senado, el señor Alexandre de Moraes declaró: “Reafirmo mi independencia, mi compromiso con la Constitución y mi devoción por las LIBERTADES INDIVIDUALES”.

El pueblo brasileño no aceptará pasivamente que derechos y garantías constitucionales (artículo 5 de la Constitución Federal) como la libertad de expresión, continúen siendo violados y castigados con detenciones arbitrarias, precisamente por quienes deben defenderlos”.

Brasil

El IPEA estima que el libre comercio con EEUU generaría un aumento del 90% en las exportaciones de Brasil

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Un nuevo estudio del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil analizó el impacto de un acuerdo de libre comercio entre EE.UU y Brasil, el cuál se mantiene en negociación desde 2019. Los beneficios del libre comercio generarían un mayor crecimiento económico para ambas economías.

En julio de 2019 Brasil y Estados Unidos, bajo los liderazgos de Jair Bolsonaro y Donald Trump respectivamente, iniciaron una rueda de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio entre ambos países. Las negociaciones siguen vigentes entre las partes pero ahora con el liderazgo de Joe Biden se han estancado.

A raíz de esto, un nuevo informe del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) de Brasil, analizó y estimó el impacto positivo de un futuro acuerdo de apertura de la economía brasileña, con resultados sorprendentes.

De concretarse el libre comercio, Brasil podría aspirar sin mayores dificultades a generar un crecimiento adicional del 0,41% en el PBI cada año (unos 7.500 millones de dólares adicionales al año), además de la variación positiva producida por el resto de los factores relevantes.

Un mayor crecimiento económico podría mitigar progresivamente los efectos negativos causados por la pandemia en el 2020 y, teniendo en cuenta que Brasil ya recuperó el nivel de actividad que tenía en febrero de ese año, un mayor dinamismo económico podría ayudar a sortear el efecto recesivo heredado de la última gran crisis del Gobierno del PT entre 2015 y 2016.

El estímulo para el PBI viene explicado por la expectativa de un importante aumento del 90% en las exportaciones, concretamente en seis sectores estratégicos: productos metálicos, equipos de transporte, alimentos y bebidas, servicios financieros e informáticos, y petróleo y gas natural. En todos estos sectores Brasil cuenta con una ventaja competitiva que podría explotar a través del comercio internacional.

Actualmente y dada la estructura económica de Brasil, China se convirtió en su principal socio comercial, según las estadísticas correspondientes al primer semestre de 2021, seguido por la Unión Europea y recién en tercer lugar los Estados Unidos.

Un nuevo acuerdo comercial podría profundizar las relaciones entre ambos países, generando que Estados Unidos vuelva a tener una posición más relevante en la economía más grande del Sudamérica, una idea proyectada por Donald Trump en 2019, y que a su vez lastimaría a China beneficiando a los brasileños en el medio.

La economía norteamericana también se vería ampliamente beneficiada por la afluencia de competencia a nivel local, pero también por un mayor estímulo para sus exportaciones. Concretamente, las exportaciones norteamericanas podrían colocarse fácilmente en el mercado brasileño en rubros como dispositivos electrónicos, maquinaria, vehículos y productos minerales.

Pero pese a los numerosos beneficios y a la impronta comercial aperturista de Donald Trump, la gestión del presidente Biden se muestra mucho más escéptica del tratado y podría adoptar incluso una posición más proteccionista.

En palabras del propio representante asistente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Daniel Watson, la administración de Biden no buscará hacer nuevos acuerdos comerciales en el corto plazo, y no será una mayor prioridad en la agenda de los demócratas.

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Brasil

Histórica desregulación del mercado laboral en Brasil: Bolsonaro impulsa nuevas modalidades de empleo

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El Congreso le dio media sanción a un ambicioso paquete de medidas que crearán nuevos programas para incentivar la creación de trabajo en el sector privado formal, especialmente para jóvenes, que fue enviado por Jair Bolsonaro.

Después de un primer intento por flexibilizar las regulaciones laborales en Brasil durante el 2017, el Gobierno de Bolsonaro cumple con lo prometido y se prepara para lanzar un ambicioso paquete de medidas para desregular el mercado y generar trabajo formal.

El día de hoy, la Cámara de Diputados brasileña dio media sanción para la reforma laboral que impulsó Bolsonaro, en la cual se incluyen una serie de programas ampliamente ambiciosos para permitir nuevas modalidades de empleo sin ataduras por las regulaciones anteriores.

La iniciativa de Bolsonaro se propone lanzar el REQUIP (Régimen Especial de Calificación e Inclusión Productiva) y el PRIORE (Programa Primera Oportunidad y de Reinserción en el Empleo), que garantizarán la apertura de nuevas modalidades flexibles que ayudarán a reducir el desempleo, especialmente entre los jovenes.

El programa REQUIP crea una nueva modalidad de trabajo en la cual el Estado no regulará el período de vacaciones pagas remuneradas, se elimina la obligatoriedad del aguinaldo y el aporte obligatorio al seguro de desempleo. Los contratos bajo esta modalidad se verán libres de estas regulaciones y tendrán una duración máxima de 18 meses, pensada para jóvenes de entre 18 y 29 años.

REQUIP solamente mantendrá ciertas restricciones sobre el pago de salarios, pues se mantiene vigente la exigencia de un salario mínimo, pero el alivio regulatorio apunta a combatir el alto nivel de desocupación en el segmento etario más joven de la población.

Los empleadores bajo esta modalidad no deberán cargar con impuestos al trabajo (aportes patronales), con lo cual el incentivo para la creación de empleo formal es contundente. El llamado “costo laboral” se ve virtualmente reducido a su mínima expresión, sin afectar en absoluto los salarios y en beneficio de los trabadores.

Bolsonaro junto a Paulo Guedes, el ministro de Economía que ideó esta reforma laboral.

Por otra parte, el programa PRIORE enfatiza la situación del primer empleo para jóvenes y las personas mayores de 55 años que durante un año no hayan podido encontrar trabajo. Para estas situaciones problemáticas, la reforma laboral crea una nueva modalidad legal en la cual el empleador estará eximido de realizar aportes patronales, y si bien se realiza el pago por el seguro de desempleo, la carga que esto supone queda reducida para estos contratos.

Los nuevos contratos flexibles estarán disponibles para cubrir hasta el 25% de la dotación de una empresa promedio. Para el caso de las empresas de hasta 10 empleados, la dotación máxima aumenta hasta el 30%.

La carga por seguros de desempleo quedará reducida para sectores específicos. La contribución actual para cualquier empleador al Fondo de Desempleo es del 8% del salario, pero la reforma laboral permitirá que las microempresas abonen un 2%, las pequeñas empresas pagarán un 4%, y todas las demás sin excepción pagarán hasta un 6%.

Bajo los lineamientos del programa PRIORE, todas las empresas gozarán de una rebaja tributaria en la carga de aportes patronales en torno al 15% con respecto a lo que abonan actualmente. Esto constituye un fuerte incentivo para expandir la contratación formal.

La reforma laboral contempla, además, nuevos cambios en las regulaciones sobre la cantidad de horas máximas para los distintos contratos. Para el caso de la minería, y en una clara señal para impulsar el dinamismo del sector, se resuelve una extensión de la jornada laboral desde las 6 horas actuales hasta un máximo de 12 horas, con un límite de 36 horas semanales. Esto se traducirá a mejoras productivas y salarios más altos.

Bolsonaro en el pleno de la Cámara.

El proyecto con media sanción en el Congreso de Brasil además propone recortar las regulaciones para el pago de horas extras. Este será el caso para los contratos en categorías profesionales como el sector bancario y el periodismo, entre otros. Legalmente las remuneraciones “adicionales” bajarán del 50% al 20% en relación a las horas remuneradas ordinarias.

Para afianzar los derechos de propiedad y fomentar la inversión en capital humano, la reforma plantea la prohibición para anular cualquier tipo de acuerdo extrajudicial, libre y voluntario, entre los trabajadores y las empresas. La justicia de Brasil ya no tendrá la potestad para intervenir en las negociaciones libres entre partes, una reforma muy parecida a la que está impulsando el liberal Guillermo Lasso en Ecuador.

Este último punto busca garantizar mayores acuerdos y evitar conflictos innecesarios que obstaculicen el normal funcionamiento del proceso productivo en Brasil.

Las regulaciones anteriores suponían una gran injusticia, pues independientemente de la voluntad de las partes, el Estado estaba habilitado para imponer una solución no querida ni buscada por trabajadores y empresarios.

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Brasil

Carlos Bolsonaro demanda ante el Ministerio Público el pasaporte de vacunación en Río de Janeiro

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El hijo del presidente y concejal fluminense demandó al gobierno de Río por la inconstitucionalidad de su medida para implementar un pasaporte de vacunación.

El concejal Carlos Bolsonaro, afiliado al partido centroderechista Republicanos y miembro de la Asamblea de Rio de Janeiro (Alerj), informó el martes pasado que presentaría una demanda ante el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) para frenar el “pasaporte de vacunación” que se quiere introducir en la capital fluminense.

La medida fue anunciada por el Ayuntamiento de Río de Janeiro, tras un decreto del alcalde centroizquierdista Eduardo Paes (PSD), y prevé la exigencia de presentar una prueba de vacunación contra el Covid-19 para entrar a cualquier establecimiento cerrado.

El pasaporte de vacunación iba a comenzar a implementarse el miércoles 1ro de septiembre, pero la administración municipal lo pospuso para el día 15 de septiembre, supuestamente porque la aplicación móvil del Sistema Único de Salud “ConecetSUS”, según el organismo, presenta inestabilidad para el retiro de los certificados de inmunización.

Pero muchos creen que gracias a la demanda que presentó el hijo de Jair Bolsonaro el pasaporte podría ser bajado por la justicia, por una clara inconstitucionalidad, ya que viola el artículo r de la Constitución Nacional, ya que exige estar vacunado para ejercer con plenitud los derechos garantizados.

Bolsonaro comentó la carta en la red social. “En una reunión con el MPERJ, presenté con mi abogado, Antônio Carlos Fonseca, carta que demuestra las irregularidades de la exigencia del pasaporte vacunal, para que el órgano competente pueda adoptar las medidas adecuadas preservando los derechos y garantías previstos en la Constitución”, dijo.


Por Guilherme Ramos, para La Derecha Diario.

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