El autoritario líder de Brasil criticó al presidente Milei, con quien tiene una difícil relación personal y política. Cual niño pequeño, afirmó que "él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí”.

Esta mañana, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió fuertemente contra su homólogo argentino, Javier Milei, exigiéndole que "se disculpe" ante su país y personalmente por haber "dicho muchas tonterías". Sus infantiles declaraciones aumentan la tensión diplomática entre los dos principales socios del Mercosur

El gobierno argentino respondió rápidamente: "El presidente no tiene nada de qué arrepentirse", afirmó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.

"No he hablado con el presidente de Argentina porque creo que él debería disculparse con Brasil y conmigo. Ha dicho muchas tonterías. Solo quiero que pida disculpas.", declaró esta mañana.

En una entrevista con el portal UOL, a Lula se le notó la envidia que siente por Milei y su exitosa gira internacional, en donde fue condecorado múltiples veces, y destacó que "el pueblo brasileño y argentino es más grande que los presidentes. Quieren vivir bien, en paz. Si el presidente de Argentina quiere gobernar su país está bien, pero que no intente gobernar el mundo". Esto respondió cuando se le preguntó por qué no había interactuado con el líder libertario durante la cumbre del G7 en Italia.

Luego, Lula amenazó diciendo que su gobierno está tratando "con mucha diplomacia" el caso de los activistas bolsonaristas que participaron en el incidente del 8 de enero de 2023 en Brasil y se refugiaron en Argentina tras la asunción de Milei como presidente. Explicó que algunos de ellos tienen sentencias firmes y que están evaluando si solicitar formalmente la extradición o exigir que "si no quieren venir, cumplan condena en Argentina".

El "incidente" al que hace referencia Lula es en realidad una protesta llevada cabo de manera pacífica por parte de militantes bolsonaristas, los cuales terminaron siendo perseguidos políticamente por el gobierno brasileño, y muchos de ellos siendo arrestados a causa de una simple protesta. Sin embargo, algunos lograron escapar de las garras de su régimen, buscando asilo político en Argentina.

Ante esto, Lula, en complicidad con la justicia brasileña, quiere utilizar las ordenes de arresto por supuestos intentos de "golpe de estado" para que Argentina extradite a los individuos que lograron escapar.

Siendo una figura de extrema izquierda latinoamericana, Lula no ha tenido ningún contacto previo con Milei, quien mantiene estrechos lazos con la oposición de derecha brasileña liderada por Bolsonaro (2019-2022). Ambos coincidieron por primera vez la semana pasada en la cumbre del G7 en Italia, pero evitaron interactuar, no intercambiaron palabras ni fueron vistos juntos en fotografías.

Ambos se encontrarán nuevamente el próximo 8 de julio en Asunción durante la cumbre semestral del Mercosur, donde Lula ya ha confirmado su asistencia, al igual que el vocero Adorni respecto del presidente argentino.

La tensión entre ambos se remonta a la época de la campaña. En 2023, el rival de Milei, Sergio Massa, recibió millones de dólares en financiamiento, apoyo personal y la contribución de numerosos asesores brasileños que trabajaron en su campaña para intentar ganarle las elecciones al actual presidente argentino.

En consecuencia, el líder libertario ha tenido palabras muy duras contra el presidente brasileño, a quien ha descrito como un "zurdo salvaje que apoya dictadores, tipos que violan los derechos humanos, autócratas con sus manos manchadas de sangre".

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

La Cámara de Diputados de Estados Unidos le dió 10 días al juez de la Corte Suprema aliado de Lula para que explique sobre una serie de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Este 21 de junio, el Congreso de Estados Unidos le pidió al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, que explique las denuncias que tiene en su contra por violaciones a los derechos humanos en su país, en medio de una investigación a la persecución política de opositores brasileros.

Es por eso que este jueves, el presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Chris Smith, envió una carta directamente al juez Moraes, instándole a contestar, en un plazo máximo de 10 días, una serie de preguntas relacionadas con todas las denuncias que fueron expuestas durante una audiencia, llevada a cabo el mes pasado en el Congreso estadounidense.

“El 7 de mayo presidí una audiencia pública de la subcomisión titulada ‘Brasil: ¿Una crisis de democracia, libertad y Estado de Derecho’?”, comienza relatando la carta de Smith. “El objetivo de esta audiencia era debatir los alarmantes informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por funcionarios brasileños, entre ellas la mala conducta judicial, la persecución de la oposición política, la supresión de la libertad de expresión y el silenciamiento de los medios de comunicación de la oposición”, continúa. 

“Los testimonios ofrecidos en la audiencia aportaron hechos y pruebas creíbles y fundamentadas sobre estos problemas, y dibujaron un panorama profundamente inquietante del estado de la democracia y los derechos humanos en Brasil. La audiencia ha suscitado gran preocupación entre los miembros del Congreso de Estados Unidos por el estado de la democracia en Brasil”, sentencia la misiva. 

En la audiencia a principios de mayo, testificaron cuatro personas, tres de las cuales fueron víctimas de las políticas de censura llevadas a cabo por el juez aliado de Lula. Entre ellos se encontraba el periodista Michael Shellenberger, quien investigó a fondo el tema de la censura en Brasil durante años e hizo viral la evidencia revelada en los Twitter Files a través de un extenso hilo en X a principios de abril.

También testificaron en contra de Moraes el periodista brasilero Paulo Figueiredo, exiliado actualmente en Estados Unidos por haber sido muy crítico contra el gobierno de Lula, que le valió una fuerte censura por la Corte Suprema en todas sus plataformas de redes sociales, además de que su patrimonio fue bloqueado.

A su vez, Christopher Pavlovky, empresario dueño de la plataforma de videos canadiense Rumble, que fue bloqueada en Brasil en 2023 por orden del STF por publicar contenido disidente del gobierno; y el académico brasileño Fabio de Sa e Silva, profesor en la Universidad de Oklahoma, quien está diseñando una investigación comparativa sobre cómo los autócratas en ascenso utilizan la ley para amasar poder y qué se puede hacer para detener sus movimientos.

El presidente del Subcomité expresó que “debido a la gravedad de las cuestiones, y con el fin de garantizar que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se lleven a cabo sobre la base de información precisa”, le solicita a De Moraes a responder siete preguntas relacionadas con: la existencia actual de censura; la emisión de órdenes para el cierre o suspensión de medios de comunicación en Brasil; y la existencia de medidas de procesamiento o investigación contra parlamentarios opositores al actual gobierno.

También pide respuesta acerca de la observancia del debido proceso legal en investigaciones y procesamientos, incluyendo notificaciones adecuadas a residentes en EE.UU.; el conocimiento de represión transnacional utilizando agencias estadounidenses o internacionales, como el FBI contactando a residentes estadounidenses por órdenes brasileñas; la emisión de órdenes contra empresas o individuos fuera de Brasil; y la exigencia a empresas o personas estadounidenses de cumplir órdenes cuestionables según la legislación brasileña, incluyendo amenazas de acciones legales o bloqueos en Brasil a empresas estadounidenses, como Twitter.

“Le ruego respetuosamente que me proporcione una respuesta en el plazo de diez días hábiles, ya que actualmente estoy trabajando en legislación relacionada con este asunto con otros miembros de la Cámara”, concluye la carta de Smith.

La Corte Suprema de Brasil abrió el viernes una licitación para contratar una empresa para que haga un monitoreo de las redes sociales en busca de contenidos que critiquen al Gobierno y al máximo tribunal.

El juez Alexandre de Moraes, quien desde el Supremo Tribunal Federal (STF) está imponiendo un régimen autoritario en Brasil donde no existe el debido proceso y se persigue a opositores, ordenó abrir el viernes una licitación para contratar una empresa que haga monitoreo las redes sociales en busca de usuarios que insulten al gobierno de Lula y a la propia Corte Suprema.

El contrato, que destina 345.000 reales brasileños (unos 63.500 dólares), tendrá una duración de un año y tendrá el objetivo de proveer información para que el Gobierno pueda combatir lo que llama desinformación y los ataques que recibe en internet.

La empresa que gane la licitación tendrá la tarea de realizar un seguimiento 24×7 de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok y LinkedIn. El trabajo incluirá el análisis de la imagen del Supremo, la identificación de temas relevantes abordados por los usuarios y la clasificación del material. Además, la empresa deberá identificar a las personas que comparten los contenidos, especialmente a los autores de menciones negativas.

La Corte solicita que la empresa que realice esta tarea utilice una herramienta específica capaz de "identificar públicos, formadores de opinión, discursos adoptados, georreferenciación del origen de las publicaciones, así como evaluar la influencia de los públicos, los patrones de los mensajes y eventuales acciones organizadas en la web".

La empresa deberá proporcionar a los jueces de la Corte informes diarios, semanales y mensuales donde se identifique a los formadores de opinión que hablen en contra del Tribunal Supremo, analizando su posicionamiento y su capacidad de repercusión. El trabajo también incluirá una evaluación general del impacto de la movilización en torno a temas relacionados con la Corte y sus reflejos en la opinión pública.

La herramienta no solo proporcionará datos precisos sobre la imagen de la Corte en el universo digital, sino que también buscará inhibir la difusión de críticas y amenazas contra los jueces. Los datos recopilados podrán ser compartidos con la Policía Federal si fuera necesario.

El monitoreo se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. La empresa contratada deberá rastrear palabras clave y temas de interés definidos por el Tribunal en las diferentes plataformas de redes sociales y blogs no especificados.

En este contexto, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo a la medida autoritaria del STF. En un tweet el lunes, Eduardo criticó duramente la iniciativa: "La mentalidad del STF es: si yo quiero y nadie lo hace, lo haremos nosotros mismos aquí, no importa la constitución o si es o no nuestra competencia. Después de hacerlo, basta con gritar ‘viva la democracia’, ‘derrotamos al bolsonarismo’ y cualquiera que esté en contra es antidemocrático y fascista".

Las palabras de Eduardo Bolsonaro reflejan la preocupación de la sociedad brasileña sobre el alcance de las acciones del STF y su impacto en la libertad de expresión, que han llevado a Brasil a parecerse cada vez más a una dictadura.