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Colombia

Álvaro Uribe, el presidente que reconstruyó el Estado colombiano, sigue siendo la persona con mayor imagen positiva en el país

Una encuesta de Invamer reveló que un 48% de los colombianos tienen una opinión positiva del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, marcado gracias a sus éxitos en las áreas de seguridad y defensa, su lucha contra la insurgencia y un constante crecimiento económico durante su gestión.

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La encuestadora Invamer realizó una encuesta entre los días 19 y 22 de noviembre en diversos puntos de Colombia, en donde se abordaron diversos temas del panorama político del país, entre ellos, la popularidad y rechazo de cinco ex presidentes: Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. 

La encuesta reveló, para sorpresa de pocos, que el ex presidente Álvaro Uribe es la figura con mayor popularidad en Colombia, con un 48% de favorabilidad, aumentando tres puntos en relación a la última encuesta, publicada el pasado mes de agosto, en donde obtuvo el 45,5% en las preferencias de los encuestados. 
Además, la encuestadora mostró la evolución en la popularidad a lo largo de tres años, es decir, desde el mes de mayo del 2017 hasta la fecha, periodo en el que se han publicado otras cinco encuestas más. Si bien es cierto, el ex presidente Uribe ha tenido algunos altibajos a lo largo de este periodo, se ha mantenido en primer lugar en cinco de seis encuestas, obteniendo un porcentaje máximo de popularidad de un 61,8% en septiembre del 2017, y un porcentaje mínimo de 45,3%, en febrero del 2019.
Mientras tanto, Juan Manuel Santos se mantiene como el segundo ex presidente con mayor popularidad en Colombia, con un 43,8%. Sin embargo, al observar las cifras de rechazo en promedio a lo largo de estos tres años, Santos obtiene un 57%. Esta cifra responde al acercamiento del ex mandatario con la guerrilla de las FARC en el marco del denominado Acuerdo de Paz, que permitió a sus principales figuras obtener impunidad, así como también el acceso a una cuota del poder dentro del Congreso. 
Por otra parte, el ex presidente con menor popularidad según la encuestadora es el socialista Ernesto Samper, con un 24%. Samper, quien ocupó el cargo de Secretario General de UNASUR entre el 2014 y el 2017, es recordado por su acercamiento con el temido cartel de Cali, organización criminal que financiaría su campaña presidencial en 1994, lo que provocaría la apertura de un proceso judicial en su contra, el denominado “Proceso 8.000”. 
Además, ha sido el principal sospechoso del magnicidio del excandidato a la presidencia y líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, quien fue asesinado en noviembre de 1995. Hurtado era uno de los principales críticos del Gobierno de Samper, por lo cual el crimen fue considerado por muchos un crimen de Estado.
El ex presidente Álvaro Uribe es el ex presidente con mayor popularidad de Colombia. Gráfico de Invamer

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Cómo llegó Álvaro Uribe a convertirse en una figura tan querida por los colombianos, incluso con tantas campañas sucias en su contra, y una Justicia manipulada por la izquierda para perseguirlo injustamente.
Desde la década de los noventa hasta inicios de los 2000, Colombia vivía momentos de tensión e incertidumbre, provocadas por el ascenso de los grupos terroristas como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otros grupos criminales. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Andrés Pastrana para detener el conflicto armado en el país, con la implementación del Plan Colombia, los grupos guerrilleros marxistas continuaban teniendo un control significativo de varios territorios en el país (por ejemplo, sólo las FARC controlaban un 22% de los municipios). 
Todo esto mientras las Fuerzas Armadas contaban con un mayor número de efectivos, entrenamiento y financiamiento. El principal problema radicaba en que los efectivos se encontraban en un parte reducida del territorio colombiano, por lo que generaba varios inconvenientes a la hora de luchar contra estos grupos. De hecho, en 158 municipios del país no existía la presencia de fuerzas de seguridad. 
Todo esto convirtió la seguridad interna y la paz social en el principal tema de discusión política en el país, mientras la guerrilla convertía a Colombia en el “Siria de Latinoamérica”.
Durante la década de los noventa, se ejecutaron diversos atentados en puntos estratégicos de Colombia, y la soberanía del Estado quedó severamente dañada. FOTO: Atentado en el barrio Quirigua de Bogotá

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Luego de un triunfo contundente en las elecciones presidenciales de 2002, el 7 de agosto de ese mismo año, Álvaro Uribe tomó posesión como Presidente de Colombia. Su llegada significó un cambio total de la estrategia, y sin temblarle el pulso, el entonces mandatario comenzó a implementar una serie de medidas no sólo en el tema de seguridad, sino que también en los sectores económicos y gubernamentales, ya que creía que el problema de Colombia se solucionaría no sólo con vencer a la guerrilla, si no que construyendo una Nación que no dé lugar a esos ideales revolucionarios.

La estrategia de “Seguridad Democrática” fue una de las políticas más emblemáticas del Gobierno uribista. Para Uribe “La seguridad no es
principalmente coerción: es la
presencia permanente y
efectiva de la autoridad
democrática en el territorio,
producto de un esfuerzo
colectivo de toda la sociedad”.
 
Es por eso que su Gobierno realizó un proceso histórico de
fortalecimiento, modernización y
actualización permanente de capacidades
de la Fuerza Pública para enfrentar de manera más efectiva a grupos criminales y alcanzar todos los rincones del país: efectivamente, relanzó el Estado colombiano.
El gasto en
defensa y
seguridad se incrementó en un 51% entre el 2002 y 2009, permitiendo reforzar el número de efectivos militares y policiales y la
creación de nuevas unidades operativas, la lucha contra el secuestro, la implementación de programas de pago de recompensas
y el acompañamiento a las operaciones de la Fuerza Pública por parte de fiscales y
procuradores.

Gasto en Defensa y Seguridad 2002-2010. Fuente: Ministerio de Defensa de Colombia

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Todo esto provocó una disminución significativa en el número de atentados terroristas, pasando de 1.645 casos en 2002 a solo 207 en 2010. 

También, se logró la desmovilización de más de 50.000 personas que estaban colaborando, directa o indirectamente con los grupos guerrilleros, gracias a la Ley de Justicia y Paz (o Ley 975), y se logró la captura de importantes miembros de las FARC, debilitando la estructura de la organización. 

Para la sociedad, Uribe logró reducir la tasa de homicidios, pasando de 70 a 35,2 homicidios por cada 100 mil
habitantes entre 2002 y 2009 (el número
de casos disminuyó 45,15%)
. Asimismo, la reducción de secuestros totales y
secuestros extorsivos bajó, respectivamente,
de 2.882 y 1.708 casos en 2002 a 213 y 160
casos en 2009.

La creación de la Ley de Justicia y Paz permitió la desmovilización de miles de guerrilleros que fueron reincorporados a la sociedad.

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Una de las cosas más importantes que hizo Uribe fue planificar una estrategia de seguridad que tuviera el respaldo activo de Estados Unidos. 

Utilizando el Plan Colombia implementado por el ex presidente Pastrana, se destinaron más de US$ 4 mil millones para el entrenamiento y sostenimiento
de unidades militares, el fortalecimiento de las telecomunicaciones y la inteligencia, todo en contacto estrecho con las fuerzas norteamericanas.

Gracias a las estrechas relaciones bilaterales, Colombia potenció sus capacidades
de monitoreo y detección contra el narcotráfico y el terrorismo. 

Este tipo de cooperaciones logró reducir en un 33,3% las hectáreas de cultivos
ilícitos
, y entre los años 2005 y 2010 se erradicaron 314.146 hectáreas de cultivos
de coca, amapola y marihuana en 30 Departamentos del país.

Además, se lograron extraditar a 1.106 delincuentes y terroristas entre 2002 y 2010, y se entregaron 3.055
bienes muebles e inmuebles a la Dirección
Nacional de Estupefacientes (DNE) entre los años 2002 y 2006.
Álvaro Uribe, al anunciar su intención de presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2006

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Uribe obviamente fue reelegido en 2006 con un histórico 62,4% de los votos en primera vuelta, considerado por muchos un comandante de guerra en tiempos todavía difíciles para el país, pero con un horizonte claro y un futuro esperanzador del otro lado.

Gracias a la política de seguridad democrática, se adoptaron un conjunto de medidas a nivel tributario y de comercio exterior, que estimularon el crecimiento de la inversión en Colombia. Ésta representaba el 15,9% del PIB en el 2002, logrando un crecimiento de 7.5%, es decir, un 23,4% en 2007, siendo acompañado
de un crecimiento en la productividad total de los factores de 1,3%
en promedio. 

Además, la llamada Inversión Extranjera Directa (IED), alcanzó los niveles más
altos en la historia económica del país
, pues aumentó de US$ 2.134
millones (en 2002) a US$ 9.049 millones (en 2007), mientras que el spread
riesgo-país de Colombia se redujo de 883 puntos básicos y llegó
a 227 puntos, lo que demostró la confianza de los inversionistas
extranjeros en el país durante la gestión de Uribe, quienes en el pasado habían huido de Colombia por la altísima delincuencia. 

De esta forma, la economía en el período 2002-2010 registró un crecimiento promedio de 4,3%. Asimismo, la tasa promedio de crecimiento promedio entre el tercer trimestre de 2002 y el segundo trimestre de 2006 fue de 4,5%, mientras que el promedio de crecimiento registrado en el periodo 2006-2010 fue de 4,0%, incluyendo en este último los efectos de la crisis mundial del 2008, una hazaña que prácticamente ningún otro país pudo alcanzar. 

Sumado a esto, el PIB per cápita pasó de
US$ 2.247 a US$ 5.990 en 8 años, lo que representó un incremento de 13,4%
en promedio anual
. Adicionalmente, el crecimiento promedio del
PIB per cápita ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)
aumentó de US$ 5.950 a US$ 9.246.

El mayor crecimiento y la mayor confianza
no sólo aumentaron la capacidad de ingreso
y de consumo de la población, sino que
redujo las tasas de desempleo de 15,9% a
11,0% para el año 2007.

Durante el periodo 2002-2010, Colombia registró un crecimiento promedio de 4,3%

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En materia de comercio exterior, se debe resaltar el comportamiento de las
exportaciones, las cuales aumentaron de
US$ 12.384 millones a US$ 37.464 millones
,
lo que equivale a un aumento de 3 veces
el valor exportado en el año 2002.
Además,
alcanzó el más alto nivel histórico con una
cifra cercana a USD$38.5 mil millones en
el año 2008.

El crecimiento
de las exportaciones totales de Colombia
superó el obtenido por otras economías
latinoamericanas como Brasil (153,4%),
Perú (248,5%), México (42,6%) y Chile
(195,6%). Uribe demostró que incluso un país “infestado” de retórica marxista y en plena guerrilla puede aplicar el libre comercio y beneficiarse de éste.

Durante el periodo 2002-2009, los principales destinos de las ventas colombianas
fueron Estados Unidos, Venezuela y la Unión Europea (UE), dejando atrás el pasado de críticas a las potencias occidentales.

Gracias a la dinámica mostrada por las
exportaciones en este período, en la mayor
parte del período se registraron superávits
que oscilaron entre US$ 142 millones en el
año 2003 y US$ 2.055 en el año 2009. 

Uribe también concentró esfuerzos en la reducción de la pobreza. La reducción de impuestos, de regulaciones, una moderna política de precios que permitió reducir los precios de
los alimentos entre 2008 y 2009, y el
impulso de efectivos y poco burocráticos programas sociales que
buscaban la universalización del acceso a la
educación y a la salud, fueron los principales factores de esta caída de la pobreza.

En el año 2002, el 57% de los colombianos se ubicaba por debajo de la línea de pobreza, un número que se había convertido en estructural. Para 2009, Uribe había logrado bajar a un 45,5%.

Además, gracias a las reformas en materia laboral, millones de colombianos lograron acceder al Sistema de Protección Social, al tiempo que se mejoraron los niveles de empleo y ocupación y se disminuía la informalidad.  

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La Constitución colombiana solo permite 2 mandatos presidenciales, por lo que Álvaro Uribe dejaría la presidencia del país el 7 de agosto del 2010, con índices de aprobación del 80%.

Uribe, creyendo que todavía le quedaba mucho trabajo por hacer, y sin un claro sucesor a sus políticas, quiso llevar a cabo un referéndum constituyente que lo habilitará a un 3er mandato, pero la Corte Suprema bloqueó esta propuesta.

Sin la posibilidad de presentarse, y sabiendo que las instituciones que había ayudado a reconstruir eran más importantes que su figura, trabajó para que Juan Manuel Santos continuara con su legado, quien aplastó a la oposición en las elecciones de 2010. Lamentablemente, Santos se alejaría totalmente del modelo de Nación que había impulsado Uribe, y como Presidente, echaría para atrás muchas de sus medidas, se alejaría del libre comercio y pactaría con las FARC.

Ante esta situación, en 2018 Uribe volvió al escenario político, se distanció de Santos y ubicó a Iván Duque como Presidente, quien sabría ser más leal a su legado pero, como la gran mayoría de los mandatarios actuales, está atravesado por un preocupante componente ideológico progresista.

Además, en los últimos años, como Senador, Uribe fue atacado frontalmente por la mafia de la justicia, quien lo investigó por causas poco creíbles, mientras la izquierda lanzó una campaña mundial de difamación. La oposición colombiana trajo a colación una visión reformista de los años de Uribe en el poder, acusándolo erróneamente de haber empobrecido a los colombianos y de haber utilizado tácticas clandestinas para enfrentarse a las guerrillas.

Para las elecciones presidenciales del 2022, gracias a la reforma constitucional del 2015, el Presidente Iván Duque no cuenta con la posibilidad de la reelección, y sus casi 52 puntos de aprobación no podrán ser capitalizados por la derecha colombiana.

Sin un sucesor claro, muchos en el uribismo apuestan por Tomás Uribe, hijo de Álvaro, pero quien no cuenta con experiencia política alguna. Sea quien fuere el candidato de la derecha, deberá enfrentar un duro reto ante el ascenso de personajes como el comunista Gustavo Petro, uno de los líderes más visibles dentro de la izquierda colombiana.

El efecto Uribe y a quién le dará su apoyo será crucial para inclinar la balanza en las no tan lejanas elecciones en favor de la derecha.

Tomás Uribe, ¿la gran carta del uribismo para retomar el control del Gobierno sin intermediarios?

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Colombia

El comunista Gustavo Petro acuerda con el Partido Liberal y consolida una super-mayoría en el Congreso

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El Pacto Histórico no se quedará en minoría en el Congreso, y el presidente-electo ya se aseguró el apoyo de distintos partidos opositores para formar un gobierno de coalición.

De cara a la toma de posesión de este 7 de agosto, el comunista ex guerrillero Gustavo Petro ha lanzado una serie de conversaciones con la oposición en busca de gobernabilidad. Las iniciativas del nuevo mandatario necesitarán de la aprobación del Congreso, pero también, requerirán de buenas alianzas para que sean efectivas y consensuadas.

El nuevo mandatario, sostuvo conversaciones con Hernández, Uribe y el histórico “Partido Liberal”, adherente a la internacional socialista. A estos últimos, ya le fueron otorgados cargos a sus políticos de carrera, para que se sumaran a la coalición de gobierno y así obtener, no solo más bancas en las cámaras, sino funcionarios con afinidades y experiencia en la función estatal.

Las alianzas locales no terminan acá, para sorpresa de muchos, el Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U) y el histórico Partido Conservador, afirmaron que empezarán el nuevo periodo legislativo respaldando la agenda del Ejecutivo.

Para contextualizar, estos últimos partidos solían ser los grandes representantes de la derecha en Colombia. El primero, fundado por Uribe para su reelección en 2006 (que después heredaría Santos) y el segundo, el más tradicional partido de Colombia que existe desde 1849.

También contará con el apoyo de Alianza Verde, con la que ya tenía afinidades ideológicas. Incluso, uno de sus líderes, Navarro Wolff, compartió participación en la insurgencia comunista de la ex movilizada M19 con Petro. El mismo grupo de guerrilla urbana que protagonizó la toma del Palacio de Justicia en el año 1985.

En esta búsqueda del consenso, el único bando opositor que queda es el Centro Democrático de los actuales uribistas. Sin embargo, no hay que olvidar la reciente reunión entre el expresidente y el entrante, donde aparentemente se limaron asperezas, tanto para impedir que fracasen las negociaciones de la coalición con las otras fuerzas políticas, como para evitar choques que den señales que hagan reaccionar bruscamente al mercado, en vísperas de reformas impositivas.

No obstante, se especula que la oposición que pueda ejercer el Centro Democrático se vea limitada, debido al sesgo político de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) y la Comisión de la Verdad. Ambas son de integradas por neomarxistas y simpatizantes al discurso del ex guerrillero.

La preocupación es que pueden manipular la investigación de los falsos positivos que comprometen a Uribe, para disuadir los posibles obstáculos a la aprobación de los proyectos de ley. Uribe ya no es más senador por lo que no tiene fueros y Petro podría usar la libertad del histórico ex presidente como herramienta de negociación.

Como ya se mencionó, fueron asignados varios cargos a modo de dádivas. Los más importantes que le permitirán a Petro cumplir con el objetivo de confiscación impositiva y expropiaciones:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

José Antonio Ocampo (P. Liberal) es un socialdemócrata globalista con el cual se busca implementar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable) de la Agenda 2030 de la ONU acompañándolos con reformas económicas clásicas de la nueva izquierda.

Es economista de la Universidad de Columbia, fue asesor económico en Argentina en el CES (Consejo Económico y Social) y también fue Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Cecilia López Montaño (P. Liberal) se encargará de llevar adelante la reforma agraria que prometió Petro en campaña, además del aumento y la creación de impuestos a la tierra y catastros para facilitar las expropiaciones.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

María Susana Muhamad González (Partido Colombia Humana) es una militante del partido oficialista desde la alcaldía de Bogotá, donde fue mano derecha de Petro y secretaria de medio ambiente. Allí dirigió el “Plan de Cambio Climatico”, en el cumplimiento al tratado de París. 

Su inclusión asegura que en este gobierno no habrá fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales, ni glifosato para erradicar cultivos ilícitos. Es importante aclarar que numerosos gobiernos han utilizado la aspersión de este agroquímico para combatir el narcotráfico, ya que el mismo deja inutilizables los cultivos para la producción de cocaína.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre prefirió la lucha contra la producción y el tráfico de drogas enviando avionetas con glifosato a Colombia, pero ahora el gobierno de Duque encontró un obstáculo con Joe Biden, quien bajo la excusa del medioambiente ha desistido con el envío de las avionetas. Ahora, el nuevo gabinete de Petro procurará que esté quien esté en Washington, los cultivos de narcóticos estarán protegidos.

A su vez, la nueva ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible pondrá el ojo en la minería, tala y la transición energética verde, mejor conocido como pasar a ser importador de gas y petróleo venezolano.

Ministerio de Cultura

Patricia Ariza Flórez (P. Unión Patriótica – UP) tomará el control de la cultura. Su partido fue creado en los acuerdos de paz de 1985 con fuerzas guerrilleras de las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano, los cuales integran la coalición oficialista desde el inicio de la campaña.

La tarea de la ministra, será integrar la agenda LGBT y feminista en las expresiones culturales, más específicamente en los niños y en las escuelas.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Álvaro Leyva Durán (P. Conservador) acuñado como el “Canciller de La Paz”, tiene experiencia de larga data en negociaciones entre el Estado colombiano y grupos guerrilleros comunistas, desde 1980 a la actualidad. Incluso fue mediador en los acuerdos de desmovilización en 1990 con el grupo terrorista M19, el cual integró Petro.

Asimismo, participó como diputado de la asamblea constituyente de 1991, hecho que es muy atractivo para la nueva presidencia, ya que quieren implementar una nueva constitución y Durán puede ser el mejor asesor para este proceso.

Por otro lado, será el encargado de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, trabajar con verificadores de la ONU y el Grupo de Puebla.

Aduana, Comisión de la Verdad

En cuanto a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el organismo fiscal está designado Luis Carlos Reyes Hernández, un acérrimo marxista cultural que quiere nacionalizar a los niños.

En la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAEARIV) estará María Patricia Tobón Yagarí, quien también integra la Comisión de la Verdad en los acuerdos de paz y pertenece al partido indigenista MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social), que dará un marco legal a la expropiación de tierras. Este partido integra la coalición de gobierno y es firmante del Foro de San Pablo

La Unidad de Restitución de Tierras – URT-, estará al mando de Rangel Giovani Yule Zape, también del MAIS y será el brazo de las expropiaciones y usurpaciones en las zonas productivas.

Los cargos mencionados a la fecha, son los más importantes para la agenda del ex subversivo y como se puede evidenciar, la mayoría fueron cedidos a otros partidos políticos. Esto se debe a que, por una parte, se buscaron perfiles afines con experiencia dentro de la función estatal y, por otro lado, consolidar el consenso. En este sentido fue muy estratégico, ya que después de unas reñidas elecciones, consolidó mayoría en ambas cámaras.

De los 108 asientos en el Senado, el Pacto Histórico se quedó con 20, pero ahora suma los 14 del Partido Liberal, los 8 de la Alianza Verde y otros cuantos de la izquierda ex FARC e indigenistas que lo dejan con 63 bancas. La oposición, solamente englobada en el Partido Conservador, con 15, y el Partido de la U, con 10, se mostraron abiertos al diálogo.

En la Cámara de Representantes, ocurre algo parecido. De las 188 bancas, el Pacto Histórico tiene 28, pero suma a los 33 del Partido Liberal, a los 15 del Partido de la U, los 12 de la Alianza Verde, y más, que deja a Petro con 110 diputados contra 25 de los conservadores.

María Fernanda Cabal

Una de las figuras más relevantes de la política colombiana que se perfila como líder indiscutida de la oposición es la Dra. Maria Fernanda Cabal, actual senadora y la congresista más votada en la historia del país.

Cabal representa a la derecha conservadora, la cual defiende el interés nacional de Colombia, esquema antagónico a la agenda progresista e indigenista que planea implementar Petro.

Políticas que solo derivarán en pobreza, pérdida de libertades y saqueo a la propiedad privada, la misma pesadilla de la cual intentaron escapar los más de dos millones de venezolanos que emigraron al país vecino en busca de un futuro mejor, para encontrarse con la misma historia repetirse.


Por Candela Sol Silva, para La Derecha Diario.

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Colombia

El plan de Petro para expropiar tierras bajo la excusa de la “democratización de terrenos improductivos”

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El comunista Gustavo Petro, que asumirá en agosto, ya trae consigo un modelo expropiador para aplicar desde el día uno que llegue a la Casa de Nariño.

Durante su campaña presidencial, el ex guerrillero Gustavo Petro promovió diferentes consignas de izquierda, pero una de las más populares contemplaba aumentar impuestos a las 4.000 personas más ricas del país.

Sin embargo, su asesor económico, Ricardo Bonilla, no tardó después de la victoria en afirmar que el aumento contemplaría a muchisimas personas más, y en vez del tan marketinero “1% más rico del país”, se buscará efectivamente gravar un porcentaje mayor de la población.

“Estamos hablando de los 4.000 más ricos, pero porque ese fue el dato que dio la misión canadiense, que dijo que el uno por 1.000 de los que declaran renta tienen esas dificultades, pero seguramente cuando se depuren activos vamos a llegar no al uno por mil, sino del 10 por 1.000, o sea que pasaríamos a 40.000” dijo Ricardo Bonilla en entrevista con Mañanas Blu.

No obstante, el plan económico sugiere entre líneas que esta cifra es un piso, dado que pretenden implementar nuevos impuestos no solamente a la renta, sino también al patrimonio. Ya se anunció que la DIAN (sistema fiscal colombiano) hará reformas para cambiar cargas y categorías.

Hay que señalar que el impuesto al patrimonio actualmente rige a partir de fortunas valuadas por 5.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 1,11 millones de dólares); y el objetivo es bajarlo a los 1000 millones (222 mil dólares).

Es importante resaltar en este punto que los montos estipulados se calculan en moneda local y ante la galopante depreciación de la moneda, agravada por el resultado electoral, la base imponible aumentaría más de lo esperado.

Pero la situación va más allá de un avance tributario sobre la clase media, y quienes más preocupados están son los miembros del sector agroproductivo. El nuevo gobierno quiere implementar un impuestazo a extensiones de más de 1.000 hectáreas de tierra, al mismo tiempo que quiere llevar la iniciativa para gravar considerablemente lo que el estado considere como “tierras improductivas”.

En consecuencia, habrá mayores costos marginales para todos los productores, generando así aumentos en la cadena de abastecimiento de los alimentos colombianos. Sin embargo, si se ponen controles de precios, un gran porcentaje de productores eventualmente caerán en la quiebra y sus tierras serán rematadas por el estado.

El nuevo gobierno hará un catastro multipropósito, ya que Petro no esconde que quiere la “democratización” de la posesión de la tierra, para que los exguerrilleros se conviertan en capitalistas y empresarios del campo debido a que siempre los consideró como representantes de la ruralidad. Los medios locales anticipan que quienes firmaron el acuerdo de paz podrían estar dentro de la lista para recibir las tierras improductivas.

Posteriormente al catastro, no solo se fijará la metodología fiscal para la tierra, sino que se impondrá un cambio del uso de la misma, donde se buscará una conversión de ganadería por agricultura, permitiendo revertir aquello a lo que el gobierno-electo define como la inaceptable repartición del suelo colombiano.

Tal como afirmó la nueva ministra de agricultura Cecilia López: “Un millón de familias campesinas tienen menos tierra que una vaca”, queriendo aludir a una supuesta injusta posesión de la tierra y la improductividad que acompañaría.

Buena parte de las tierras dedicadas actualmente a la ganadería serán utilizadas para producción agrícola. Al que tiene una cabeza de ganado en una tierra muy fértil le caerá un impuesto muy alto. Si le dedica una parte a agricultura y otra a una ganadería productiva, eso le da una rentabilidad mucho más alta con la que puede pagar el catastro y, además, tener beneficios”, dijo.

Aunque los proyectos del gobierno entrante requerirán aprobación del Congreso, en los últimos días se vio como Petro sostuvo conversaciones con el fallido candidato presidencial Rodolfo Hernández, con el ex presidente Álvaro Uribe y repartió cargos al histórico y mal llamado “Partido Liberal”, agrupación perteneciente a la internacional-socialista. De esta forma, existen grandes probabilidades de que las iniciativas tengan éxito.

A pesar de haber acogido a más de dos millones de venezolanos (los cuales escapaban de un infierno comunista), el pueblo colombiano lamentablemente no ha comprendido las consecuencias sobre las decisiones de aquellos líderes que responden al Foro de San Pablo.

Así es como la historia vuelve a repetirse: gobiernos socialistas llegan al poder para destruir aquellos nichos que generan riqueza, expropiar tierras y crear hambre y miseria para el pueblo.

Se palpitan tiempos muy oscuros para aquellos países que han optado por elegir presidentes izquierdistas. La situación en casi toda Latino América es pesimista, por ello la reelección de Jair Bolsonaro en octubre de este año es crucial para equilibrar la balanza ideológica de la región.


Por Candela Sol Silva, para La Derecha Diario.

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Colombia

Petro inicia acercamientos oficiales con el régimen de Maduro para asumir con plenas relaciones con Venezuela

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Congresistas electos del partido del exguerrillero comunista confirman que presentarán una solicitud de reunión con el PSUV de Maduro el 20 de julio, ni bien asuman el nuevo periodo legislativo.

Los congresistas electos del Pacto Histórico, el partido del presidente-electo Gustavo Petro, están negociando una reunión con la Asamblea chavista de Venezuela apenas el nuevo hemiciclo colombiano inicie sus funciones el próximo 20 de julio. Estas negocaciones estaban siendo llevadas a cabo en secreto, pero fueron reveladas por la senadora-electa Gloria Flórez.

Los comunistas colombianos no quieren perder un solo día y su objetivo es que Petro ya asuma con relaciones reestablecidas con la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso, el 20 de julio presentarán ante la Cancillería de Petro una solicitud para el encuentro.

Esperan conversar con representantes del Parlamento venezolano en un tiempo no mayor a 15 días a partir de que Petro se instale en la Presidencia“, aseguró.

Petro mencionó en su momento que con la apertura también se iba a “restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”, en referencia a supuestos abusos del gobierno de Duque a los inmigrantes venezolanos. Es bastante lamentable esta frase, dado que nunca hizo mención alguna a los abusos de la dictadura castrochavista contra los ciudadanos venezolanos.

¿Quién es Gloria Flórez?

La senadora-electa por el Pacto Histórico fue secretaria de gobierno durante el mandato como alcalde de Gustavo Petro en Bogotá, y tiene una larga trayectoria de colaboración con el terrorismo y el comunismo en la región.

En diciembre del 2018, Colombia expulsó a su esposo, Carlos Pino, acusado de ser un agente diplomático de Maduro, representar un peligro para la seguridad nacional. El caso retumbó en el terreno diplomático y como respuesta Maduro expulsó de Caracas al cónsul Juan Carlos Villamizar.

Las actividades profesionales de Pino no eran del todo claras y no poseía acreditación como diplomático venezolano. Christian Krüger, el entonces director de Migración Colombia, explicó que la decisión se fundamentó en un informe recibido por el organismo que “trae consigo información en la que se puede constar que esta persona podía alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos”.

Pero ese no fue el único precedente del actual esposo de la senadora electa. En 1999, fue capturado en un campamento de las FARC en el departamento de Vichada. Si bien negó vínculos con la agrupación, y dijo que estaba allí supuestamente para “ver oportunidades de desarrollo turístico”, el gobierno hace más de 20 años que lo tiene en el rádar por su colaboración con el terrorismo comunista.

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