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México

Gran triunfo Pro-Vida en México: la Corte Suprema rechaza despenalización del aborto

La Corte Suprema rechazó, por 4 votos contra 1, el amparo del juez Alcántara que obligaba al Estado de Veracruz a despenalizar el aborto. De esta manera, México se mantiene un país mayoritariamente pro-vida.

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Este martes los jueces de la Corte Suprema votaron en contra de una polémica ley que quería despenalizar el aborto en el Estado de Veracruz.

En Mexico, el aborto no es un tema de índole federal, y cada Estado tiene la potestad de decidir sus leyes al respecto. Como consecuencia, en todo el país solo dos distritos permiten el aborto hasta las 12 semanas, México D.F. y Oaxaca.
Veracruz llegó a esta instancia luego de que el juez Juan Luis González Alcántara, miembro de la Corte Suprema, publicara un amparo indicándole al Congreso estatal que debía inmediatamente cambiar las leyes que penalizan el aborto por ser “discriminatorias” y de fomentar la “violencia contra la mujer“.

“Se obliga al poder legislativo local a modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, ya que no superan el umbral establecido por dichos instrumentos, al ser normas discriminatorias y/o constitutivas de violencia contra la mujer que debieron haber sido reformadas sin dilación por el Estado de Veracruz”, publicó Alcántara.

De no haberse desafiado, esta decisión obligaba al órgano legislativo veracruceño a aprobar por la fuerza una ley de despenalización del aborto.
Por suerte, este atropello al proceso democrático fue apelado y llegó hasta la misma Corte Suprema, que fue rechazado por 4 votos contra 1 (el de Alcántara que votó a favor de su propio amparo) por la Primera Sala del máximo tribunal federal.

Los jueces de la Corte Suprema: Norma Lucía Piña, Ana Margarita Farjat, Jorge Mario Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz, y Juan Luis González Alcántara.

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Esta gran victoria en favor de la vida es producto de una larga campaña, movilizaciones y presiones de parte del movimiento pro-vida en México, que acudió a las calles aun en pandemia para expresar su rechazo al amparo abortista del juez Alcántara.

Bajo el hashtag #MexicoEsProvida, con las banderas celestes características del movimiento pro-vida en Latinoamérica, militantes de esta causa se acercaron a las puertas de la Corte Suprema y manifestaron su apoyo a la decisión, que casi por unanimidad rechazó una medida que además de ir en contra de los derechos del niño por nacer, tenía enormes falencias legales e inconstitucionales.

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La votación en la Suprema Corte de Justicia Nacional

A pesar de que los jueces de la SCJN están muy lejos de ser considerados conservadores o miembros del colectivo pro-vida, la votación se dio bajo el marco de una enorme crítica a la incostitucionalidad del amparo presentado, y también bajo la presión de un pueblo que ha rechazado el aborto en múltiples oportunidades, y cualquier decisión judicial estaría entrometiéndose en el proceso democrático.

La jueza Norma Lucía Piña Hernández dijo cuando votó en contra: “No existe un mandato específico de legislativo de legislar en ese sentido (…) la Corte incurriría en el llamado activismo judicial, que desbordaría mucho las facultades constitucionales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Es decir, desestimó la consideración de que la Constitución obliga a los Congresos a legislar en materia de aborto, como planteaba el amparo de Alcántara. Además, agregó que se puede alegar una inconstitucionalidad en las leyes en Veracruz, pero aclaró que ese punto no estaba argumentado en la demanda de amparo. “Voy a ir en contra del proyecto por el tratamiento que se le da y que no comparto en específico”, concluyó. 

Luego votó Ana Margarita Ríos Farjat, quien se pronunció en mismo sentido que Piña Hernández. “No existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado (…) esto es un problema de técnica jurídica para mí”, expuso entre sus motivos.

Por su parte, el juez José María Pardo Rebolledo apuntó directamente contra el juez Alcántara, argumentando que el amparo promovido en Veracruz era “improcedente“. Cuando votó, aclaró que su voto negativo no pretende marcar ninguna postura sobre el tema del aborto, si no que fue puramente motivado por la cuestión legal.

El juez Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uno de los progresistas más radicales de la Corte, que incluso ha defendido “mirar con una perspectiva de género” las causas judiciales, también votó en contra, aclarando que la Justicia no debe ser la que legisla en un país democrático.

Por último, en soledad, Juan Luis González Alcántara votó a favor y se mostró durante toda la sesión virtual muy molesto. “Respetuosamente no comparto la determinación de que el asunto no sea procedente (…) estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres”, argumentó. Y finalizó dejando entrever su fuerte ideología de izquierda: la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria a la protección que corresponde a todas las mujeres”.

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México

México en caída libre: Mientras AMLO intenta perpetuarse en el poder, el ingreso por habitante se desploma

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El índice de actividad económica no crece desde 2018 y está lejos de recuperarse del shock por la pandemia. El Banco Central recortó las perspectivas de crecimiento para los próximos dos años. 

La evolución de la economía mexicana demuestra un comportamiento anémico desde hace cinco años, y la totalidad del sexenio del presidente López Obrador podría culminar con la tasa de crecimiento per cápita más baja de los últimos 100 años, mientras el mandatario socialista lanza una reforma electoral para perpetuarse en el poder.

El Banco Central de México confirmó que el índice de actividad económica mensual (el IGAE) creció un 0,35% en diciembre de 2022, después de haber disminuido un 0,41% en el mes precedente. La economía no logra recuperarse del impacto producido por la pandemia, y aún arrastra una caída del 0,2% con respecto al nivel que tenía en enero de 2020.

Asimismo, el IGAE creció solamente un 0,48% en lo que va de la presidencia de López Obrador, una cifra irrisoria y anémica en comparación al crecimiento del 13,55% observado en el mismo período de tiempo pero durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Se perdió completamente la tendencia de crecimiento de largo plazo, a pesar de los fuertes estímulos fiscales desplegados entre 2020 y 2021 por el Gobierno socialista.

Probablemente el dato más preocupante para la trayectoria de la economía mexicana sea la dimensión del ingreso real por habitante. El índice IGAE ajustado por población acumuló una fuerte caída del 3% entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, un indicador que denota un deterioro generalizado en la calidad de vida de los mexicanos desde la llegada de la izquierda al poder.

Se observó una caída del 2,51% en la renta per cápita en comparación con el último mes antes de la pandemia, y México se convierte en uno de los pocos países que aún no logran recuperarse del impacto luego de 3 años. De hecho, el ingreso real por habitante es el más bajo observado desde octubre de 2014 según la serie del IGAE ajustada poblacionalmente.

Las reformas estatistas y dirigistas de López Obrador consumieron el crecimiento potencial, desalentaron la entrada de capitales para la inversión en el país, y descapitalizaron sectores estratégicos para la economía como la energía. La más reciente apuesta del oficialismo fue la estatización de la explotación de litio en todo el país, avanzando cada vez más hacia la socialización. 

Evolución del índice de actividad económica mensual efectivo y ajustado por población desde 2014.

Los pésimos resultados cosechados hasta ahora llevaron al Banco Central de México a recortar las estimaciones de crecimiento para los próximos dos años. Su más reciente diagnóstico sugiere que la actividad crecerá un 1,6% en 2023 (con un máximo del 2,4% y un mínimo del 0,8%), y para el año 2024 la variación aumentaría ligeramente al 1,8% en un escenario relativamente optimista. 

Las anteriores estimaciones de crecimiento estimaban un aumento del 1,8% para 2023 y un 2,1% para 2024 respectivamente. La mejoría para 2024 no se debe a factores estructurales internos, sino simplemente a una mejora del intercambio comercial por la esperada reactivación de la economía estadounidense en ese año.

“En congruencia con la reactivación esperada de la economía estadounidense hacia 2024, se espera una gradual mejoría en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana en dicho año”, señala el informe del Banco Central de México. 

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Economía

Los horrores del Socialismo: López Obrador decretó la estatización de todo el litio en México

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El Estado concentrará el monopolio de la exploración y explotación del mineral, anulando completamente el apetito inversor en el sector. La inversión real del país perdió el 20% de su potencial desde que el socialismo llegó al poder. 

El presidente socialista de México, Andrés López Obrador, decretó oficialmente la estatización de todas las explotaciones de litio en el país, el pasado 18 de febrero. El Congreso ratificó la decisión del Presidente, y se complementa con la reforma ya aprobada en abril del año pasado que declaraba al litio como “propiedad de la Nación”.

A partir de las nuevas normativas, ninguna empresa privada ni extranjera ni nacional podrá explorar y explotar litio, esta potestad queda a limitada al celoso monopolio del Estado mexicano, de la empresa estatal Litiomx.

Esta medida es un paso más en la socialización de la economía, y su consecuente descapitalización, lo cual los socialistas mexicanos tienen como un objetivo.

Gracias a esta medida, fueron anuladas todas las inversiones que estaban previstas por la empresa británica Bacanora Lithum, que recibió una concesión durante el gobierno de Peña Nieto para el desarrollo de las exportaciones de litio. Se trata de un mineral estratégico para el desarrollo de celulares y baterías de automóviles eléctricos, y esta medida sin lugar a duda llevará a una suba del precio.

El Estado mexicano pondrá en marcha el denominado “Plan Sonora”, un proyecto que pretende iniciar la explotación del mineral sobre los mayores yacimientos dentro del país. Las empresas privadas podrán participar en el uso y la transformación del litio, pero no así en su extracción y explotación.

La estatización del litio supone la segunda gran expropiación llevada a cabo por López Obrador. El primer avance importante en este sentido se produjo con la reforma energética de 2021, que centralizó todos los proyectos de energía bajo la supervisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Si bien el Gobierno anterior del PRI aprobó una reforma constitucional que abrió el mercado energético a la inversión privada nacional y extranjera, la contrarreforma de 2021 exige que todas las inversiones deberán celebrar contratos en asociación con la CFE y la petrolera estatal PEMEX.

También se decretó el fin de las Zonas Económicas Especiales (análogas a las zonas francas en Argentina), diseñadas para atraer grandes flujos de inversión en áreas con dificultades socioeconómicamente y con más necesidad de desarrollo. La decisión supuso el fin de una inversión potencial por 42.287 millones de dólares y la creación de 367.000 puestos de trabajo formales.

El resultado de las medidas fue demoledor para la inversión privada y el crecimiento. El gasto en inversión dejó de ser el motor del crecimiento de la demanda interna de México, y perdió el 19,8% de su valor potencial desde el año 2019.

La tendencia de crecimiento del país fue completamente abandonada. En lo que va de la administración socialista, el ingreso real por habitante solamente creció un 0,68% en 5 años. El sexenio de López Obrador acabará, casi con certeza, ostentando la menor tasa de crecimiento per cápita de los últimos 100 años.

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Economía

Las reformas socialistas de AMLO en México provocaron una severa crisis recesiva en la economía

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El Gobierno socialista profundizó el intervencionismo estatal en la economía y generalizó las distorsiones. México abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo, y aún no logra recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. 

El Banco Central de México informó que la actividad económica sufrió una nueva caída del 0,45% en noviembre del año pasado, y de esta manera se profundiza el escenario de estancamiento que se observa el país desde mediados de 2018.

La economía mexicana se perfila como una de las contadas excepciones en el mundo que aún no logra recuperarse del shock provocado por la pandemia en 2020, la actividad acumula una caída del 0,68% entre enero de 2020 y noviembre del año pasado, y un ligero repunte del 0,7% si se compara contra febrero de 2020.

En lo que va de la administración del presidente Andrés López Obrador la actividad económica solamente creció un magro 0,68% en 5 años, una situación de evidente estancamiento. Con esta tendencia tan negativa, se estima que el sexenio de López Obrador tendrá el menor crecimiento per cápita de los últimos 100 años.

Quiebre estructural en la tendencia de crecimiento de largo plazo en la economía mexicana.

México perdió su tendencia de crecimiento de largo plazo. Se estima una brecha superior al 11% entre el crecimiento efectivamente observado y el que habría ocurrido de continuar con la tendencia de la década anterior. El diferencial es aún mayor en el nivel de la inversión privada, un 19,8% hasta el tercer trimestre del año pasado.

El PBI ajustado por habitante acumuló una caída del 3,2% desde la llegada del socialismo al poder, en un claro contraste en comparación con el crecimiento sostenido de las dos administraciones precedentes. 

La tasa de inflación permanece en niveles elevados en comparación al promedio de los últimos 15 años, y escaló al 7,82% interanual al término de diciembre del año pasado. La economía de México sufre un escenario de estanflación, mientras que la tasa de política monetaria aumentó al 10,5% anual a partir de diciembre de 2022.

La política económica de López Obrador

El estancamiento responde a las políticas económicas poco convencionales llevadas a cabo por el Gobierno socialista, todas ellas apuntando contra la oferta agregada y su potencial para el crecimiento de largo plazo.

La reforma energética del socialismo centralizó todos los proyectos de energía bajo la supervisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Establece que todas las inversiones privadas en el país deben celebrar contratos en asociación con la CFE y la petrolera estatal PEMEX.

Asimismo, a partir de 2018 el Congreso mexicano aprobó una reforma laboral que endureció las regulaciones para la subcontratación y tercerización de tareas, incrementando dramáticamente el costo laboral para el empleo. Más tarde, el Presidente Obrador decretó una nueva reforma con vigencia a partir de este año, que amplió los plazos mínimos para vacaciones pagas y sin criterios de productividad

El Gobierno también dispuso la cancelación de todas las Zonas Económicas Especiales (análogas a las zonas francas en Argentina), diseñadas para atraer grandes flujos de inversión en áreas con dificultades o socioeconómicamente menos desarrolladas. La decisión supuso el fin de una inversión potencial por 42.287 millones de dólares y la creación de 367.000 puestos de trabajo formales

Se impulsó la renovación de las autoridades del Banco Central, y una frontal negativa para reformar el sistema previsional o cuanto menos ajustar la edad mínima jubilatoria (actualmente fijada en los 65 años). Estas decisiones limitaron la credibilidad de la política monetaria, y provocaron pesimismo en la sostenibilidad de las finanzas públicas para los próximos años.

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