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La Corte Suprema izquierdista obligó al Senado a abrir una Comisión Parlamentaria para investigar a Bolsonaro por su gestión de la pandemia

A través de una medida cautelar, la Corte Suprema brasileña le ordenó al Senado que abra una Comisión para quitarle la gestión de los fondos al gobierno federal e investigar su uso hasta el momento.

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Por decisión del juez de la Corte Suprema Luis Roberto Barroso, se le impondrá al Senado la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Covid-19 (CPI-COVID) para investigar formalmente la actuación del gobierno federal durante la pandemia y el rol que tuvo el presidente Jair Bolsonaro.

Esta propuesta, impulsada por partidos de izquierda, había sido denegada por el Senado, donde el máximo mandatario mantiene el apoyo de una mayoría en alianza con el Centrao (un bloque de partidos políticos de centro) pero ahora deberá ser adoptada forzosamente por decisión del Poder Judicial.

Barroso concedió una medida cautelar en un recurso presentado el mes pasado por los senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) y Jorge Kajuru (Cidadania-GO) y liberó la cuestión para que se juzgue de forma colegiada inmediatamente en el pleno virtual del STF.

La Comisión comenzó a operar este martes 13, día en que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leyó oficialmente la petición de crear el comité y debió complacer el pedido judicial.

Para Pacheco, "no es el momento para un CPI porque tendrá un papel politizado que servirá de antesala para las discusiones del 2022", año en el que el país deberá ir a unas nuevas elecciones presidenciales, y agregó que cree que la izquierda pidió esta Comisión para usar de "palanqueo político" y propulsarse con largos discursos en contra de Bolsonaro.

Rodrigo Pacheco, Presidente Pro-Tempore del Senado, aliado de Bolsonaro.

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El presidente Jair Bolsonaro dijo este sábado que la CPI-COVID que se instalará en el Senado está hecha por la izquierda para "perseguir" y "derribar" a su gobierno. Criticó que la idea inicial de la Comisión sea investigar al gobierno federal y argumentó que para tal caso los alcaldes y gobernadores también deberían tener sus acciones escrutadas.

Cabe recordar que la misma Corte Suprema decidió a mediados del 2020 que el gobierno federal no tendría el poder para imponer o sacar cuarentenas y cierres de fronteras, y que este poder quedaría totalmente en manos de los gobernadores estatales.

"Este CPI está hecho por la izquierda para perseguir y obstaculizar mi gobierno. Esta izquierda que nunca hizo nada por Brasil. Conozco a algunos senadores, he hablado con algunos, la idea es investigar a todos, sin ningún problema", dijo en una de sus entrevistas populares en las puertas de la casa de gobierno.

El Presidente además agregó que la idea de la CPI no es hacer justicia: "¿Quieren hacer justicia? ¿Quién desapareció con el dinero, fui yo? Fue para preparar la red de hospitales, ¿Cuántos se prepararon? Si van a hacer una CPI, hay que investigar a todos".

Además, dio una argumentación constitucional por su rechazo a esta Comisión, y calificó todo el hecho como una "injerencia de la Suprema Corte en el Senado". Para él, el asunto debería tratarse internamente en la Legislatura.

"La ley nació para todos. Las interferencias, por desgracia, siguen existiendo, en mi gobierno mucho y ahora había una en el Senado. Esto es “interna corporis”, la Justicia no tiene que estar metiéndose en todo así", aseguró. 

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Brasil

Desastre del socialismo en Brasil: Lula destruyó las finanzas del Estado, puso al país bajo déficit y se espera una explosión de deuda

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El Gobierno brasileño abandonó rápidamente el superávit primario heredado de la gestión de Bolsonaro, y el déficit financiero ya es el más alto desde el estallido de la pandemia. Las metas fiscales trazadas por el Ministro Haddad se desdibujan cada vez más.

El socialismo brasileño promulgó una agenda fiscal extremista y completamente irresponsable, que condujo al desequilibrio de las finanzas públicas de Brasil en tiempo récord.

Solamente en los primeros 6 meses de gestión del Presidente Lula da Silva se agotó todo el superávit primario que había dejado Jair Bolsonaro. Al cabo de 15 meses, el último dato publicado por el IBGE y convalidado por el Banco Central de Brasil registró un déficit primario equivalente al 2,47% del PBI para el término de marzo de 2024. Cuando Lula asumió la presidencia, había un superávit en torno al 0,56% del producto respectivamente.

Asimismo, en conjunto con el pago de intereses de la deuda pública, el Gobierno federal de Brasil registró un déficit financiero del 7,5% del PBI en marzo, 3,2 puntos porcentuales por encima del que recibió en enero de 2023. 

La recaudación tributaria se vio favorecida por la introducción de nuevos impuestos, pero la agenda socialista desde el punto de vista de las erogaciones simplemente agotó cualquier posibilidad de saneamiento presupuestario.

El Ministro de Finanzas Fernando Haddad anunció un “bloqueo” de gastos por al menos R$ 2.900 millones de reales, entre inversión pública y gastos prescindibles en el corto plazo. Sin embargo, el déficit fiscal se encuentra en los niveles más altos desde la pandemia, el núcleo radicalizado y de extrema izquierda dentro del oficialismo avanza sobre el posicionamiento de Haddad para profundizar la agenda extremista.

Pese a que el Ministro se comprometió con el déficit primario cero para fin de año, esta meta parece completamente imposible de cumplir. El Gobierno federal incurrió en un desequilibrio de hasta R$ 114.000 millones de reales en febrero, y R$ 63.000 millones adicionales en marzo, pese al tenue superávit por R$ 22.000 millones correspondiente a enero.

El superávit primario puntual en el mes de enero se debe a un efecto propio de la estacionalidad del mes, ya que ciertos impuestos impactan de manera directa en dicho período. Pero el saldo observado en enero de 2024 fue inferior al que se registró en el mismo mes de 2023, 2022 e incluso en comparación con enero de 2021 (en plena pandemia).

La mayor parte de las consultoras privadas de Brasil sugieren que la meta fiscal de Haddad carece de fundamentos, y fundamentalmente de apoyo político interno dentro de la coalición oficialista.

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Las prioridades de Lula: Mientras la clase alta disfruta de un show gratuito de Madonna, la clase baja se inunda por falta de inversión

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Casi 60 brasileños fallecieron por las inundaciones y cientos de miles de habitantes de Porto Alegre pierden sus casas, mientras el socialismo gasta casi 12 millones de dólares para llevar a Madonna a las adineradas playas de Copacabana.

Los pudientes residentes de Copacabana saltando y celebrando el show de Madonna financiado por el Estado, y los pobres vecinos de Porto Alegre luchando por su vida para salvar sus pertenencias de la peor inundación de la historia.

Esa es la imagen que dejó este sábado el gobierno de Lula da Silva en Brasil. Toda la retórica de la lucha por cerrar la brecha entre ricos y pobres quedó sepultada debajo de la clásica hipocresía socialista.

Al menos 57 personas han muerto y otras 373 están desaparecidas a causa de las inundaciones que han azotado esta semana el estado brasileño de Rio Grande do Sul, una región donde gobierna la izquierda hace más de 40 años de manera ininterrumpida.

A pesar de las promesas, ni el Partido de los Trabajadores de Lula ni el Partido Social Demócrata del vice de Lula, Gerardo Alckmin, en sus décadas al frente del estado sureño han hecho las obras fluviales necesarias para evitar que las fuertes lluvias colapsen la infraestructura de la región.

El gobierno del izquierdista Eduardo Leite ha tenido que declarar el estado de calamidad en zonas donde hay más de 100.000 damnificados, mientras más de 10.000 han sido desplazadas y más de 4.500 se encuentran en refugios temporales, según explicó defensa civil.

"Desgraciadamente, estamos asistiendo a un desastre histórico", declaró Leite. "Las pérdidas materiales son gigantescas, pero nuestro objetivo en este momento son los rescates. Todavía hay gente esperando ayuda".

Del otro lado de la moneda, está la opulenta presentación que dio "de manera gratuita" el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien pertenece al mismo partido izquierdista que Leite, aliado de Lula en el gobierno, llevando a la artista Madonna a las playas de Copacabana.

Llevarla a Madonna para que brinde un show sin cobrar entrada costó unos US$ 3,3 millones de dólares, de los cuales 1,4 millones fueron aportados por el Banco Itaú, que se aseguró ser el espónsor del evento para promocionar sus cien años de operaciones en Brasil, mientras que los restantes 1,9 millones los desembolsó la municipalidad de Río de Janeiro.

A esto hay que sumarle el costo operativo que la ciudad despliega para medidas de seguridad y que el show se desarrolle sin contratiempos. Si bien el municipio se negó a publicar por el momento estos costos, se estima en aproximadamente US$ 10 millones de dólares.

Esto deja en evidencia la destructiva manera en la que el socialismo asigna recursos. Casi 12 millones de dólares fueron destinados en un show que duró apenas unas horas para aproximadamente un millón de cariocas, mientras que hace 40 años que no se invierte en cloacas para evitar inundaciones que afectan a decenas de millones de gaúchos.

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Masiva protesta en Brasil en contra de la censura de Lula: Bolsonaro habló ante millones y pidió un aplauso para Elon Musk

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En la protesta se vieron manifestantes vestidos de Bolsonaro, de Elon Musk y hasta del presidente argentino Javier Milei, en favor de la libertad de expresión y el fin del régimen autoritario de Lula.

El ex presidente Jair Bolsonaro convocó a millones de manifestantes en las playas de Copacabana, este domingo en Río de Janeiro, para protestar contra la persecución política del régimen de Lula da Silva y pedir por el fin de la censura en redes sociales contra la oposición.

Millones de manifestantes comenzaron a llegar poco después de las 8 de la mañana. Bolsonaro salió del hotel cercano alrededor de las 10:00 horas, se subió a uno de los camiones y pronunció un discurso que duró unos 35 minutos, con un micrófono y parlantes para que escuche toda la ciudad.

En su discurso, Bolsonaro criticó con dureza a Lula y al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por sus medidas contrarias a la libertad de expresión. El juez Moraes ha metido presos a empresarios, políticos, periodistas y activistas bolsonaristas en los últimos 2 años.

El líder de la oposición pidió una amnistía para los presos del 8 de enero, día en el cual manifestantes de derecha ingresaron al edificio del Congreso y de la Corte Suprema en protesta contra el fraude electoral impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, que preside el propio Moraes.

Como ocurrió con el Asalto al Capitolo en Estados Unidos dos años antes, no solo el puñado de violentos fue arrestado, sino que el gobierno de Lula mantiene apresados a miles de brasileros que se estaban manifestando pacíficamente y no ingresaron a los edificios públicos ese día.

En otra parte del discurso, Bolsonaro pidió un aplauso para Elon Musk, a quien apodó como una "leyenda" y aseguró que es un "hombre que quiere preservar la libertad". Tras comprar Twitter, Musk desafió a Moraes y levantó todos los bloqueos que había impuesto la Suprema Corte.

El expresidente volvió a hablar de las elecciones de 2022, que fueron robadas por el Tribunal Electoral, y recordó que hubo fraude en las urnas: "Lo que más queremos es que Brasil vuelva a la normalidad, que podamos participar en las elecciones sin sospecha alguna".

"Al fin y al cabo, el alma de la democracia son unas elecciones limpias en las que nadie puede siquiera pensar en dudar de ello", aseguró.

La protesta fue convocada por Bolsonaro en medio de un intento del juez Moraes por apresarlo al expresidente, por una presunta participación en un intento de golpe de Estado para permanecer en el poder, del cual no hay pruebas.

Sin embargo, Moraes ya apresó a varios ex ministros, a múltiples empresarios que le donaban dinero y a todos los periodistas que apoyaron su gobierno. El próximo objetivo de la dictadura, y el gran trofeo que busca Lula, es arrestarlo a Bolsonaro.

A pesar de que Bolsonaro era un simple diputado y que estaba a un año de anunciar su campaña presidencial cuando la Justicia arrestó a Lula en julio de 2017, por lo que no estuvo relacionado en lo más mínimo con su detención, el dictador de izquierda nunca le va a perdonar que puso de Ministro de Justicia a Sergio Moro, el juez que le dictó prisión efectiva.

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