Nos prometieron planes, pero nunca explicaron en qué consistían.
La falta de claridad y liderazgo ha convertido al país en un actor pasivo dentro de una negociación desigual, donde la política migratoria y de seguridad parecen definirse más en Washington que en Palacio Nacional.
El resultado: un país que actúa como el mandadero de Donald Trump, entregando capos del narco sin exigir nada a cambio. No se trata de defender criminales, sino de cuestionar por qué renunciamos a la soberanía legal.
¿Dónde quedó el debido proceso?
¿Quién decide qué capos se extraditan y bajo qué términos?
Este movimiento, lejos de limpiar la imagen del gobierno, solo refuerza su incapacidad para manejar la crisis de seguridad. Si el Estado mexicano se asume incapaz de juzgar a estos criminales, ¿qué mensaje envía sobre su control real del territorio y la ley?
Además, la opacidad en estos acuerdos genera más dudas que certezas.
¿A cambio de qué se entregan estos criminales?
¿Por qué no hay transparencia sobre los términos de cooperación con Estados Unidos? Si el gobierno busca legitimidad en la lucha contra el crimen, debería empezar por explicar a los ciudadanos qué implica realmente su política de extradiciones y qué obtiene México a cambio de estas concesiones.
